Tortura
de acusados de conspiración y familiares
El 9 de enero de 2019 Human Right
Watch y la ONG Foro Penal denunciaron que los servicios de
inteligencia y las fuerzas de seguridad en Venezuela han detenido y torturado a
militares acusados de conspirar contra el gobierno, así como a familiares. para
averiguar dónde se encontraban.
Según
la denuncia, fechada en Washington, Algunos detenidos sufrieron abusos
aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre
supuestas conspiraciones. En la mayoría de los casos, las detenciones las
realizaron miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
-El gobierno venezolano
- dijo José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch ha arremetido brutalmente contra militares
acusados de conspiración… Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo
y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus
familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos
responsables a quienes buscan.
El informe añadió:
-En algunos casos, familiares,
incluyendo el hijo, la madre, el padre, o la pareja de presuntos implicados
fueron detenidos extorsivamente para dar con el paradero de los supuestos
conspiradores. En ciertos casos, sufrieron graves abusos.
Los agentes de
inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y
psicológicos. Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de
asfixia con bolsas de plástico, cortaduras
con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de
comida y acceso al baño, y amenazas de muerte. Varios detenidos no tuvieron
acceso a sus familiares o abogados de confianza por días. Durante su detención,
que tuvo lugar en prisiones o en sedes de la DGCIM, los detenidos no han tenido
acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud.
Posteriormente
destacaron:
-Los delitos por los
que se los acusa incluyen “traición” e “instigación a la rebelión”. Varios
abogados que representan a los acusados y que tuvieron acceso a expedientes
judiciales y estuvieron presentes en audiencias en estos casos, incluidos
procesos contra civiles en tribunales militares, indicaron que las acusaciones eran
fabricadas y que no había pruebas concretas contra los acusados.
Debido a la dificultad
para acceder a expedientes judiciales en estos casos, y a que algunos
documentos judiciales no pueden ser consultados por personas que no son parte
en los procesos, no es posible comentar sobre las pruebas presentadas por los
fiscales en cada caso. Human Rights Watch solicitó información al gobierno
venezolano sobre cuáles eran las supuestas acciones en las cuales se basaban
los cargos y qué pruebas tenía contra los presuntos implicados en estos casos,
pero no recibió respuesta.
El trabajo de Human
Rights Watch y del Foro Penal muestra que los casos analizados aquí siguen el
mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por policías
venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional
Bolivariana que las organizaciones han documentado desde 2014.
El documento precisó además que no se trata de casos aislados, porque en
informes publicados en 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó abusos
generalizados por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.
-En cada informe
–señaló HRW- concluimos que esta evidencia permitía concluir que los abusos
fueron parte de una práctica sistemática. En el período entre las represiones
de 2014 y 2017,..documentó otros casos de procesos penales por motivos
políticos en los cuales los detenidos también sufrieron abusos durante la
detención, incluidas torturas.
HRW apuntó asimismo,
que desde 2014, ha documentado más de 380 casos de trato cruel, inhumano o
degradante contra opositores del gobierno o personas que las autoridades
perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura en Venezuela. Por su parte, Foro Penal indicó que
al menos el 15 % de los detenidos por motivos políticos les informaron que
habían sufrido torturas o maltratos y aseveró que estos casos no reflejan la
verdadera magnitud del problema, debido a que muchas veces las víctimas no
denuncian los abusos por temor a sufrir represalias.
-Más de 12.800 personas
–adicionó- han sido detenidas desde 2014
en el marco de las manifestaciones contra el gobierno. Esto incluye a
manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la
correspondiente orden judicial. Más de 7.500 han sido excarcelados bajo medidas
de libertad restringida y todavía enfrentan causas penales. Y desde 2017, la
justicia militar ha procesado a más de 800
civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.
Por otro lado, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) informó en junio de 2018 que la impunidad por violaciones de derechos
humanos en Venezuela era generalizada.
De igual modo el
referido documento recordó que Desde que la Asamblea Nacional Constituyente oficialista
destituyó a la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz en agosto de 2017, no
se ha difundido información oficial sobre procesos contra funcionarios
implicados en violaciones de derechos humanos.”.
Informó también que en
febrero, la entonces fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen
preliminar para analizar si se han producido delitos que la CPI tiene
competencia para investigar, y si hay motivos que justifiquen una investigación
exhaustiva de este tribunal.
-En su informe anual
sobre exámenes preliminares, publicado en diciembre,-indicaron las dos
instituciones citadas- la fiscalía indicó que, aunque el examen se centra en
los presuntos abusos cometidos desde 2017, también podría incluir en el examen
preliminar presuntos delitos relacionados ocurridos desde febrero de 2014.
En septiembre, en una
decisión sin precedentes, seis países de América —todos miembros de la CPI—
pidieron que la corte investigara presuntos delitos cometidos en Venezuela
desde febrero de 2014. Otros gobiernos de la región y de Europa han apoyado
esta remisión. La fiscal de la CPI deberá determinar si se cumplen los
requisitos para que avance una investigación exhaustiva.
Al respecto Gonzalo
Himiob Santomé, director del Foro Penal, aseguró que “En Venezuela, la
impunidad de los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es
deliberada” y afirmó que “En un contexto donde los responsables de violaciones
de derechos humanos tienen más probabilidades de ser premiados que llevados
ante la justicia, es crucial considerar seriamente las vías disponibles para
que rindan cuentas en el extranjero”.
(Verdad de la que no queda
ninguna duda, pues el jefe del operativo criminal que cobró la vida del
inspector Oscar Pérez y otros compañeros de lucha contra la narcodictadura en
la llamada Masacre de El Junquito, era en octubre de 2022 ministro del
Interior, Justicia y Paz. Se trata del genocida Remigio Ceballos, sobre quien
pesa sanciones de diversos gobiernos por corrupción y delitos de lesa
humanidad. La siniestra FAES, también bajo su comando, un informe de la
entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le recomendó al
narcodictador Nicolás Maduro que la disolviera, de lo cual hizo caso omiso y la
encomió en un acto público y la multiplicó ubicando sus letales efectivos en
otros órgano de opresión del régimen)
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