Juan Antonio Gómez (pseudónimo),
taxista.
-El 14 de enero de 2018,
más de 30 agentes encapuchados de la DGCIM irrumpieron en su casa, según contó
en una carta que entregó a sus abogados y a la cual tuvo acceso Human Rights
Watch. Dijo que amenazaron con matar a familiares que estaban presentes,
incluida una niña de 7 años.
Se le acusó de ayudar al
inspector Oscar Pérez, quien arrojó
desde un helicóptero una supuesta granada sonora al Tribunal Supremo de
Justicia en Caracas luego de instar al pueblo venezolano a rebelarse contra el
gobierno. Fue asesinado el 15 de enero de ese año después de que miembros de
las fuerzas de seguridad, dirigidas por el actual ministro del Interior,
Justicia y Paz, Remigio Ceballos y de un grupo armado partidario del gobierno
rodearon una vivienda en la cual se ocultaban en la localidad de El Junquito,
cerca de Caracas. Existen evidencias contundentes que sugieren que Pérez habría
sido ejecutado extrajudicialmente, como videos en los cuales él afirma que se
entregaría y una copia de su certificado de defunción, que indica que la causa
de su muerte fue un sólo disparo en la cabeza que le fracturó el cráneo.
Gómez afirmó que los agentes
le apuntaron con un arma al pecho y le comunicaron que estaba siendo detenido y
cuando preguntó si contaban con una orden judicial, le dijeron que se callara.
Lo golpearon en el estómago, le colocaron esposas y robaron teléfonos
celulares, dinero en efectivo, una computadora portátil y pasaportes que había
en la casa.
Manifestó igualmente en
la referida nota que los agentes lo subieron a un vehículo no oficial, donde lo
golpearon y amenazaron con matarlo.
Agregó que las golpizas habrían continuado en la sede de
la DGCIM, donde los agentes le vendaron los ojos, lo golpearon y le dieron
puntapiés en las costillas y en la espalda, y lo obligaron a acostarse en el
suelo. Luego, le hicieron cortes en las plantas de los pies con hojillas. Más
tarde, mientras un agente lo golpeaba, otro le colocó una bolsa sobre el rostro
e intentó asfixiarlo. Esta forma de tortura fue repetida por sus verdugos al
menos ocho veces. También le introdujeron un trapo en la boca y le aplicaron
descargas eléctricas.
A continuación, un
agente dijo: “¡Allí tenemos a la perra de tu mujer!”. Gómez indicó que trajeron
a su esposa a la sala, la obligaron a acostarse a su lado, la golpearon y le
aplicaron “las mismas torturas”, salvo los cortes en los pies.
Fue torturado durante
dos días.
“Llegó un momento donde
ya no sentía nada”, escribió.
El 19 de enero, Gómez
fue llevado ante un juez militar y acusado de traición a la patria, rebelión
militar y robo de armas de las Fuerzas Armadas, sin embargo, los abogados del
Foro Penal que lo defendieron afirmaron que los fiscales no explicaron cuáles
eran las acciones constitutivas de tales delitos.
Después de la
audiencia, los agentes de la DGCIM lo volvieron a llevar a su sede, a pesar de
que un juez había ordenado que quedara detenido en otra prisión. afirmó en su
nota. Los funcionarios le dijeron que su esposa continuaba detenida y estaba
siendo torturada.
En otra parte de la
nota reveló que una noche lo sacaron en un vehículo que dio vueltas por la
ciudad, con el rostro cubierto.
-De repente, -afirmó- el
automóvil se detuvo y le ordenaron que se bajara. Gómez se negó y dijo que
debían matarlo en el interior del vehículo. Entonces le pusieron un arma en el
pecho y amenazaron con matarlo. No lo hicieron y lo llevaron nuevamente a la
sede central de la DGCIM, donde agentes lo golpearon y le exigieron que les
diera su contraseña bancaria.
El 24 de enero lo
trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde, donde pasó 10 días sin ver a sus
abogados y 25 días sin contacto con su familia, indicó Gómez en su carta.
Fue excarcelado el 19
de diciembre de 2018, pero su caso sigue en trámite.
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