LAS CASAS CLANDESTINAS
DEL HORROR
El 11 de diciembre de
2022 el portal La Patilla, con
información de Armando Info, reportó:
-Un patrón suele repetirse en una
serie de detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro, de disidentes
militares y de sus familiares: un período inicial de desaparición forzada que
podía durar día o semanas, durante el cual los aprehendidos eran conducidos a
sitios clandestinos ubicados en distintos lugares de Caracas, donde fueron
sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Y
agregó:
-
El organismo al que se responsabiliza en particular de
incurrir en esta práctica es la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim), aunque también se ha señalado de operar estos sitios de tortura al
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la
Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrita a la Policía Nacional
Bolivariana).
Este equipo de investigación
documentó 14 testimonios de víctimas y familiares de víctimas de detenciones
irregulares practicadas por organismos de seguridad del Estado venezolano, a
quienes desaparecieron por unos días para recluirlos en casas clandestinas de
tortura en cuatro zonas de Caracas. Un abogado penalista que ha defendido
varios de estos casos, y que pidió la reserva de su nombre por motivos de
seguridad, asegura que ha recolectado información sobre más de una decena de
otros casos. “No me atrevo a dar un número, pero sí puedo decir con responsabilidad
que ha sido una conducta repetida”.
La
existencia de estos centros clandestinos de detención figura en los informes
elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos
sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas, así como en otras investigaciones presentadas
por otros organismos internacionales y por organizaciones no gubernamentales.
Meses antes, concretamente el 20 de
septiembre, la periodista Florantonia Singer, del español diario El País, había revelado que el tercer
informe de la Misión de la ONU en Venezuela mencionó la comisión de crímenes de
lesa humanidad contra los prisioneros del régimen por directrices de Nicolás
Maduro.
Luego precisó:
-A un lugar conocido
como “el cerro”, a 30 minutos en carro de la sede de la Dirección de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, se llevaba a los detenidos,
todos con capucha, se les daba una pala y se les
obligaba a cavar lo que serían sus tumbas. Luego los funcionarios
simulaban dispararles echando unos tiros al aire. Este lugar y otros 16
galpones, quintas, terrenos o sedes de ministerios han sido usados como centros
clandestinos de tortura por los organismos de inteligencia en Venezuela, tanto
civiles como militares, según revela el tercer informe de la Misión
Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas,
presentado este martes.
Una
víctima contó a la misión que en otra de estas casas ubicada en zona de La
Mariposa, un suburbio de Caracas, estaba sentado junto a otra persona detenida
que suplicaba repetidamente por su vida. Al cabo de un rato, el testigo, que
estaba encapuchado y no podía ver, oyó un disparo y el sonido de un cuerpo que
caía al suelo. “Los agentes de la Dgcim que lo llevaron allí empezaron a reírse
y a utilizar insultos homofóbicos contra él antes de llevarlo de vuelta a
Boleíta”, dice el informe.
Más
adelante apuntó:
-El nuevo informe
describe patrones y modos de actuación de un sistema de
persecución de disidentes del Gobierno de Nicolás
Maduro con base en 122 casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019 –los años de más
detenciones– para los que hablaron con víctimas, testigos y exfuncionarios de
los organismos de inteligencia.
Luego,
Marta Valiñas, presidente de la Misión de investigación de la ONU, destacó:
-Nuestras
investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los
servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país.
Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos
humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben
cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de
acuerdo con la ley…Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los
organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles
más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad.
A
lo anterior, Francisco Cox, miembro de la misión, agregó:
-La
comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los
derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación.
(Se puede afirmar que la narcodictadura no se dio por aludida respecto a
la terrible realidad en materia de violación de derechos humanos expuesta en
ese informe. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, se limitó a
descalificar el documento acusatorio y los organismos de exterminio allí
identificados continuaron con su criminal faena de torturar a los presos
políticos y de hostigamiento de los familiares de estos, de no acatar las
boletas de excarcelación emitidas a favor de los privados injustamente de
libertad y de someter a desaparición forzosa a los nuevos prisioneros. También
continuaron violando los derechos del debido proceso, alimentación, atención
médica y visitas, que cuando se materializan hay presencia de esbirros que
imposibilitan la privacía de éstas) Marta Valiñas, presidenta de
lMisión de investigación de la ONU.n losistu
Posteriormente
la periodista puntualizó:
-Los
investigadores presentan por primera vez detalles sobre la cadena de mando para
cometer las torturas, también sobre un sistema de incentivos económicos por el
número de detenciones logradas y reclutamiento de los torturadores dentro de
las filas de los organismos de seguridad y también desde el brazo de los
llamados colectivos, los grupos de choque armados afines al chavismo.
Entre
los responsables señalados por las personas entrevistadas por la Misión figuran
Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, el diputado y vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, todos
del círculo más estrecho del Gobierno, mencionados porque ordenaron la
detención de personas.
Los
funcionarios con más menciones en el informe, sin embargo, son Iván Hernández
Dala, director de la DGCIM y jefe de la casa militar que custodia a Maduro y,
Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia,
respectivamente, que han resistido por años la rotación en los altos cargos
militares y las denuncias ya conocidas de violaciones a los derechos humanos
sin ser removidos de sus cargos.
Seguidamente especificó:
-Hernández
Dala llegó a inteligencia militar en 2014, designado por Maduro en sustitución
de Hugo Carvajal, hoy disidente del chavismo y detenido en España en espera de
extradición a Estados Unidos. Los investigadores refieren el testimonio de un
alto cargo del organismo para señalar que entre Hernández Dala y Maduro había
intercambio de información recurrente y que tuvo acceso a recursos para
modernizar el aparato de inteligencia con armas y sistemas de vigilancia como
las cabinas telefónicas que instalaron en la sede para que los abogados
hablaran con los detenidos y pudieran ser monitoreados clandestinamente.
Y
a continuación refirió:
-Sobre
la cadena de mando, el informe precisa: “Un exoficial de la FANB le refirió a
la Misión que las órdenes relativas a objetivos no políticos siguen la cadena
de mando regular dentro de la Dgcim. Sin embargo, según varias fuentes, en el
caso de objetivos políticos, Maduro aprueba y a
veces también ordena la detención de opositoras y opositores reales y
percibidos del Gobierno.
Un
exempleado de la Dgcim le expresó a la Misión que Hernández Dala le llevaba a…
Maduro informes de investigación para su aprobación. De acuerdo a las
investigaciones, en 2013 se comenzó a investigar a todos los oficiales que
viajaban al extranjero a países considerados hostiles como Estados Unidos.
El
informe ahonda en detalles sobre el sistema que soporta esta red de persecución
y torturas.
Un
exdetenido le refirió a la Misión que hay cinco brigadas encargadas de realizar
detenciones arbitrarias y de llevar a cabo actos de tortura contra los
detenidos dentro del Helicoide. Sin embargo, según las fuentes consultadas, los
jefes de los organismos emplean un sistema de reclutamiento de potenciales
perpetradores al identificar a los que disfrutan viendo actos de tortura. La
Misión recibió información de que quienes participaban en actos de tortura
‘quedarían bien ante los de arriba’. En consecuencia, si llevaban a cabo lo
encomendado, se les recompensa. Se les concedían ascensos, eran elegidos para
cursos y se ganaban el respeto en la institución. Actuaban con la convicción de
que los más leales serían protegidos y recompensados, ‘esta era la cultura del
sistema.
Posteriormente
la periodista indicó:
Los
investigadores no han podido venir al país a hacer las pesquisas en el terreno,
porque el Gobierno no autoriza su presencia. Más de 200 entrevistas sustentan
la investigación para este informe y otro que detalla las violaciones de
derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, que podría ser los últimos si
no se logra la renovación por dos años más del mandato de la misión ordenada
por la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet.
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