LA DGCIM ES UN CUERPO
DEL HORROR
Añadió
que en ese organismo represivo,
integrado además por grupos civiles y por cubanos, oficiales cubanos,
"torturan a oficiales, a compañeros, a sus propios compañeros de armas, no
importa el grado, porque hay coroneles, hay generales, hay comandantes, los
mejores de su promoción", sentenció la activista.
Allí,
aseguró, se cometen las peores
torturas, “las más sangrientas, las más
crueles y además además sádicas, porque en casi todas
las denuncia documentadas en los últimos 18 meses existe la violencia
sexual".
-La tortura en Venezuela –explicó-
tiene nombre y apellido, porque no hay en el alto mando civil ni en el alto
mando militar ninguno que desconozca que esto está sucediendo en Venezuela.
Tal despacho, fue publicado en diferentes medios, entre ellos, La Verdad, de Maracaibo, Estado Zulia.
El día 24 del mismo mes y año la
periodista Luisa Quintero, de TalCual,
abundó sobre el tema y reveló que la
DGCIM se consolidad como nuevo centro de torturas en el país. Igualmente señaló
que en menos de un año fallecieron tres personas en la misma por causas
vinculadas a violaciones reiteradas de derechos humanos.
Seguidamente refirió:
-La Dirección de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) nació luego de una violación a derechos humanos. La noche del
27 de noviembre de 2005, seis jóvenes fueron atacados por funcionarios de la
Dirección de Inteligencia Militar (DIM) tras la muerte de uno de sus
funcionarios en el sector Kennedy, una barriada al oeste de Caracas.
El
ataque de funcionarios de la DIM y otros cuerpos de seguridad, que quiso
presentarse como un enfrentamiento con bandas armadas, dejó a tres jóvenes asesinados
y el resto heridos de bala.
Tras
descubrirse la actuación de más de 27 funcionarios en estos hechos, el entonces
presidente Hugo Chávez decidió la intervención de este organismo, que está
adscrito al Ministerio de Defensa y que pasó a ser conocido como la
Dgcim.
Desde
entonces, la Dgcim se mantuvo en las sombras y con denuncias aisladas sobre
violaciones a la integridad personal o presuntas torturas y tratos crueles,
inhumanos o degradantes, de los cuales se desconoce si fueron procesados por las
autoridades judiciales.
Luego
apuntó:
-Según
datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o
militares permanecen detenidos dentro de la sede de Boleíta, el cuartel
principal de la Dgcim en el país. Los familiares de gran parte de estos presos,
casi todos por motivos políticos, han denunciado ser víctimas de torturas y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para
recluir a una persona en Boleíta parece que debe cumplir con cierto perfil: De
ser militares, deben haber sido acusados de traición a la patria, rebelión o
delitos contra el decoro militar, los principales tipos penales que ha imputado
Fiscalía Militar a los más de 20 efectivos, la mayoría altos rangos, de los
distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional que permanecen en esas
instalaciones.
En
el caso de los civiles, las imputaciones que realiza el Ministerio Público son
más amplias. Por ejemplo, en Boleíta permanecen recluidos varios
exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, acusados de corrupción, o
señalados de cometer “instigación pública” como fue el caso de la clarinetista Karen Palacios.
A
continuación advirtió:
-Mantener
detenidos a presos políticos no es la misión de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar. Según su página web, que no muestra mayor información sobre sus operaciones, la
misión de la Dgcim es la de “ejecutar operaciones de contrainteligencia que
impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia
enemigas”.
Además,
se incluye entre sus funciones el “contribuir con la investigación penal en el
ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y
la seguridad” de la Fuerza Armada Nacional, todo ello mediante “el
mantenimiento de apresto operacional, fortalecimiento de la disciplina,
seguridad de la información y el correcto uso de los procedimientos militares”.
Distintas
organizaciones no gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han denunciado una escalada en la
violación de los DDHH en Venezuela a partir de 2014, cuando se realizaron una
serie de protestas, bajo un movimiento denominado “La salida”, que buscaba la
renuncia de Nicolás Maduro al poder.
Después precisó:
-Fue a partir de 2017 cuando la
Dgcim empezó a tomar “relevancia” en las denuncias sobre violaciones a la
integridad personal, cuando concentró el 17,4% de los casos, según datos del
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea). Ese año
tan solo fue superada por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía
Nacional Bolivariana (FAES-PNB) y la Guardia Nacional.
Provea igualmente registró que desde 2017 se han incrementado las
denuncias por presuntas
torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos en
este cuerpo de seguridad militar.
-A
esto –indicó la periodista- se suman las denuncias de desapariciones forzadas,
que también constituyen violaciones a los derechos humanos, cometidas por todo
el estamento de la Dgcim. Un abogado comentó a TalCual, bajo reserva de su nombre, que
se puede afirmar la existencia de un patrón en los cuerpos de seguridad y cómo
proceden ante los presos políticos.
El
jurista explicó además que en muchos casos son detenidos de forma arbitraria,
sin orden judicial o aparece días después de que se practicó la detención,
luego son llevados a los centros de reclusión y no se sabe más de ellos hasta
días o semanas después, generalmente entre 7 y 10 después, cuando son llevados
directamente a tribunales para la audiencia de presentación.
Igualmente
detalló que luego pasan por periodos de aislamiento, que puede superar el mes.
-No
son vistos –reveló- por sus familiares ni sus abogados, se desconoce su estado
de salud. Muchas veces este tiempo lo utilizan como “castigo” y para que las
marcas dejadas por las golpizas no sean tan visibles.
La
periodista señaló luego que la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh,
en un informe sobre Venezuela
publicado en junio de 2018, documentó una serie de denuncias donde estuvo
involucrada la Dgcim.
-Esta
instancia de Naciones Unidas –destacó- registró más de 90 casos de tortura
cometidos en 2017 y afirmó que los agentes de seguridad de este organismo
recurrieron de forma notable a estos métodos para obtener una confesión,
información e intimidar y castigar a los detenidos.
Entre
las torturas o tratos crueles aplicados estarían las golpizas, aislamiento
forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos
períodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes
excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas
de pies, ahogamientos simulados, la llamada “tortura blanca”, colgamientos,
asfixia parcial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, etc.
Para
2018, la visibilidad de la Dgcim como organismo donde se practican torturas
superó definitivamente a otros cuerpos como el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional, la GN, FAES e incluso el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y criminalísticas (Cicpc).
Según
datos de Provea, la Dgcim encabezó en 2018 las denuncias por presuntas torturas
en todo el país. De 100 casos registrados, 75 personas señalaron directamente a
este cuerpo de seguridad de ser responsable de esta violación a los DDHH.
Además,
Provea también identificó que este cuerpo de seguridad estuvo involucrado en
431 casos de violaciones a la integridad personal, lo que incluye
desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, así como negación a la alimentación y otros
derechos.
Después
destacó:
-En
diciembre de 2018, el expresidente de Pdvsa y exministro de
Petróleo, Nelson Martínez, falleció en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo
por una sepsis generalizada, fallas hepáticas, renales y coronarias
relacionadas a un antiguo problema de salud. Martínez estaba recluido en
Boleíta desde diciembre de 2017 y sus familiares denunciaron que la negación de atención y
tratamiento médico fueron las verdaderas causas de su deceso.
En
2019 también se registró la muerte del sargento primero Luis Armando
Monsalve Estaba, quien se habría suicidado en mayo tras ser víctima torturas por sus
compañeros, según informaciones que recibió la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). El funcionario de la Guardia Nacional estaba destacado
dentro de la sede de la Dgcim en Boleíta, y habría sido apresado tras revelar
planes de traslado de algunos detenidos.
El
28 de junio de este año se conoció la muerte del capitán de corbeta
retirado Rafael Acosta Arévalo, antes de ser presentando en tribunales por presuntas
torturas. El militar de la Armada estuvo desaparecido forzosamente durante una
semana, a pesar de que las leyes venezolanas establecen que un detenido debe
ser presentado en las 48 horas siguientes en un tribunal.
-Sobre
el caso de Acosta Arévalo –apuntó- se pronunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, quien lamentó que dentro de las
imputaciones que se hicieron a dos funcionarios de la Dgcim no se haya incluido
el delito de tortura.
Por
su parte, la CIDH ha dictado siete medidas
cautelares particulares a favor de presos, todos ellos militares, en la
Dgcim, así como una medida cautelar general que beneficia a todos los detenidos
en ese centro, pero han sido incumplidas de forma reiterada por el Estado
venezolano.
También
la Asamblea Nacional exigió en marzo de 2019 la destitución inmediata de nueve funcionarios de altos mandos
dentro de la Dgcim por ser permisivos o responsables con las torturas que se practican en ese centro
de detención.
Se
debe recordar que Hugo Carvajal, diputado del parlamento venezolano y
exdirector de la Dgcim, dijo en marzo pasado que fue Nicolás Maduro quien
ordenó la instalación de un sistema de torturas dentro de ese organismo, y que
afecta a todos los detenidos.
Sin
embargo, todos estos llamados y exhortos no parecen hacer mella en los
funcionarios.
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