Castillo se aferra a maniobra del habeas corpus mientras Boluarte sigue sin consolidar su gabinete
El director general del Centro de Estudios de Derecho Penal de Perú, Carlos Caro, dijo a PanAm Post que Castillo apela a la victimización
La crisis política en Perú está lejos de arrojar indicios de estabilidad, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por intentar romper el orden constitucional del país con un golpe de Estado. Las marchas a favor y en contra de la destitución persisten mientras en el Congreso no hay consenso para juramentar al gabinete de la sucesión y el exmandatario agota los recursos judiciales para salir de pri esosión.
La fotografía de la nación inca sigue caótica después de la salida de Castillo, quien además enfrenta el fracaso de los nueve abogados que han asumido su defensa porque “no tiene una estrategia procesal y no entiende ni siquiera la gravedad de la situación en la que se encuentra” asegura el director general del Centro de Estudios de Derecho Penal, Económico y de la Empresa (Cedpe) y presidente de la Asociación Peruana de Responsabilidad del Cumplimiento, Carlos Caro.
En una entrevista con PanAm Post, el abogado experto en criminalidad organizada explicó que “la estrategia procesal de Castillo antes del golpe de Estado se basó en la dilación de procesos a través de nulidades, apelaciones e impugnaciones porque la intención era concluir su gobierno sin enfrentar a la justicia, pero ahora no tiene una estrategia procesal sino política para victimizarse ante la comunidad internacional. Hasta ha tenido una defensa de oficio”.
Una gestión sin éxito
Revela que el exmandatario gestiona la declaración fundada -aprobación- de un habeas corpus para dejar la cárcel de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima antes de los 18 meses dictados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por el delito de rebelión y conspiración.
Sin embargo, Caro destaca que “de los más de 10 recursos de habeas corpus presentados en distintas ciudades con la finalidad de que algún juez le de la razón y sea liberado con una sentencia en primera instancia dado que los habeas corpus son de ejecución inmediata ninguno ha tenido éxito”.
De acuerdo con el artículo 200 de la Constitución peruana, el habeas corpus es una garantía “que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. Sin embargo, los alegatos de Castillo no logran demostrarlo.
Presión en el Congreso
Desde el Congreso, Perú Libre, partido que alentó la candidatura de Castillo, presiona la escena convulsa de la política anunciando que negará el voto de confianza al gabinete de la presidente Dina Boluarte que lidera Alberto Otárola.
El secretario general de la tolda, Vladimir Cerrón, anunció en Twitter que la bancada negará el apoyo al nuevo tren que el próximo 10 de enero solicitará ante el Pleno su aprobación porque representan “golpe de Estado Parlamentario-Militar y Alberto Otárola en su condición de extitular de Defensa, es uno de los responsables de la matanza de los 28 compatriotas en las protestas”.
Desde sus redes sociales, la organización también se emitió un comunicado donde califican al gobierno de Dina Boluarte como uno “de facto”, que instaló “una política represiva sin precedentes” acentuando que Perú está en crisis.
La meta de la organización es la “lucha por una asamblea constituyente que redacte, tras el consenso social, una nueva Constitución hija de una auténtica democracia, por lo que participará en las marchas convocadas por el pueblo a partir del 4 de enero en todas las regiones”. ¿La tranquilidad? Se pierde de vista.
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