Criminalidad desbordada acelera pasos para frenar entrada de migrantes a Chile
La bancada de diputados de la Macrozona Norte elevó la solicitud al gobierno del presidente de la nación, Gabriel Boric, ante la criminalidad en Chile que aumenta, junto a la sospecha del arribo a Chile de los líderes de las Maras Salvatruchas, conocidas por ser pandillas salvadoreñas de alta peligrosidad, sumado a la confirmación de la instalación del Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, El Clan del Golfo y la banda venezolana “Tren de Aragua” en la Región Metropolitana.
Gabriela Moreno PANAM POST 
Al inicio de esta semana, un comisario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) con más de una década en funciones recibió tres disparos, uno en la cabeza y los demás en rostro y tórax. cuando llegaba a su casa. Las autoridades indagan y aunque no hay una hipótesis definida, su homicidio motivó al Congreso a exigir “discusión inmediata” del proyecto de ley sobre Control Preventivo de Migraciones. El objetivo con esta medida es frenar los ingresos irregulares de extranjeros y controlar quienes tienen ya situación de regularidad en el país.
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La bancada de diputados de la Macrozona Norte elevó la solicitud al gobierno del presidente de la nación, Gabriel Boric, ante la criminalidad en Chile que aumenta, junto a la sospecha del arribo a Chile de los líderes de las Maras Salvatruchas, conocidas por ser pandillas salvadoreñas de alta peligrosidad, sumado a la confirmación de la instalación del Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, El Clan del Golfo y la banda venezolana “Tren de Aragua” en la Región Metropolitana.
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El debate de la normativa provocaría una modernización de la ley de Inteligencia que data de 2004, así como también otorgaría a Carabineros y la PDI nuevos protocolos para la identificación de migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos. Tales medidas facilitarían el cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley 21.325, de Migraciones y Extranjería.
La decisión de avanzar sobre este asunto, según un reporte de ExAnte, depende de la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lya Uriarte. Si firma la normativa, el Congreso tendrá seis días para despacharlo.
Sin tiempo ni condiciones
Uriarte tiene poco tiempo para pensar si aprueba o no la celeridad del proyecto que neutralizaría la criminalidad en Chile derivada de las migraciones. Las condiciones en contra presionan. Los balances sobre la inseguridad en Chile en el transcurso de la gestión de Boric arrojan números rojos con el aumento de 50 % de los secuestros, al pasar de 26 casos en 2021 a 46 en 2022.
La data del incremento del delito forma parte del último informe de gestión operativa de la PDI, donde además creció el número de detenidos por esta causa de 22 a 75 en el mismo periodo. Incluso, los homicidios también van en ascenso. Las muertes violentas se incrementaron de 726 a 960 representando un alza de 32 %. Según la PDI, el uso de armas de fuego prevaleció en 45,97 % de los casos.
«No estábamos preparados debidamente para que se llegaran a instalar organizaciones criminales acá», reconoce el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, tras cuestionar en una entrevista con Cooperativa la falta de dotación. “Es la más mermada de todo el país”.
Un balance catastrófico
En su balance sobre la situación de criminalidad, el fiscal Arancibia precisa que los extranjeros representan casi la mitad de la población carcelaria de Tarapacá con 1147 detenidos que equivalen a 45% del total de reos en la zona.
Es una crisis a escala nacional considerando que hay 5093 extranjeros privados de libertad en la nación. De ellos, el 64,1% está imputado y el 35,9% condenado.
Las cifras son explosivas si se considera que en enero 2019 existían 3.379 extranjeros detenidos, en enero de 2022 el número llegó a 3.941 y hasta octubre subió a 5.093 detonando un aumento de 30% solo en diez meses.
En términos de nacionalidad, los extranjeros con más presencia en las cárceles chilenas son los colombianos con 1.459 que representan al 29% del total de extranjeros en recintos penitenciarios. En segundo lugar, están los bolivianos con 1.386 (27%), seguidos de los venezolanos con 1.141 (22%).
El fiscal lo atribuye a que “en el movimiento migratorio a través de Latinoamérica, hay mucha delincuencia extranjera y organizaciones que han ido viendo también las facilidades que presenta la zona norte para ingresar a un país que les interesa, donde han visto nichos de negocios importantes como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y un sinnúmero de otros ilícitos”.
Reprocha la dependencia institucional para generar acciones. “No podemos seguir dependiendo de Santiago. Hay que descentralizar muchas instituciones. Aquí es donde debe estar la inteligencia, el análisis, toda la parte fuerte tecnológica para analizar la evidencia digital y, por supuesto, tener más gente».
Ya Boric no sorprende con sus traslados en bicicleta desde la Moneda hacia el barrio Yungay donde reside. Un gesto que habla más que mil palabras sobre el alza de la criminalidad en Chile.
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