El incierto futuro para un Perú en paro, por Mariana Álvarez Orellana
Luego de la tregua por Navidad y Año Nuevo, las protestas populares para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para el 2023 y una nueva Constitución se reiniciaron en todo Perú, esta vez sin las trágicas consecuencias de diciembre pasado.
Miles de peruanos y peruanas, de sur a norte y de este a oeste comenzaron el miércoles el paro por tiempo indefinido a fin de exigir que se vayan todos, comenzando por la actual mandataria Dina Boluarte y el Congreso “corrupto y golpista”, así como la convocatoria a Asamblea Constituyente y la libertad del depuesto presidente Pedro Castillo.
La policía, junto con el ejército, mantuvieron el control de la infraestructura clave para evitar actos violentos, aunque se registraron múltiples enfrentamientos.En el centro de Lima, la Policía Nacional de Perú (PNP) lanzó bombas lacrimógenas a manifestantes que intentaban llegar al Congreso tras realizar una movilización de la Plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima.
En Perú se iniciaron el pasado 7 de diciembre una ola de protestas luego de la destitución y arresto del ex presidente Castillo, que dejaron 28 muertos en choques entre manifestantes y el ejército y otros seis fallecidos en accidentes vinculados a los bloqueos.
Los analistas apuntan a la figura del presidente del Congreso, José Williams Zapata, general en retiro y dirigente de un partido de extrema derecha, uno de los principales instigadores para la destitución de Petro Castillo, pareciera beneficiarse del paro para suceder a Dina Boluarte en la presidencia de Perú. Zapara es acusado de violación a los Derechos Humanos, enriquecimiento ilícito, y vínculos con el narcotráfico según la misma DEA de EEUU.
El 2021 fue acusado de encubrimiento en la masacre de Accomarca, ocurrida en 1985, donde fueron asesinados de 69 campesinos y según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú, en 2006 Williams fue acusado por enriquecimiento ilícito, cuando presidia en Comando Conjunto del Ejército. Según inormacions de medios mexicano, se involucró asimismo con el narcotraficante cartel de Tijuana
La Defensoría del Pueblo reportó que 30 provincias a nivel nacional con acciones colectivas de protestas, entre movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías. Las protestas agudizaron la incertidumbre: incierto es la desmilitarización nacional cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son uno de los soportes del gobierno de Dina Boluarte.
Indicó que no le corresponde al ejército ni a la policía resolver este conflicto. “Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida de amplio consenso que le devuelva la tranquilidad y paz al país”, indicó en su comunicado.
“Incierto es incluso que las elecciones sean el 2024, si las protestas arrecian quizás se adelanten al 2023 y si el gobierno se empodera quiera quedarse hasta el 2026; muy incierto y desalentador es el surgimiento de ideas y sangre nueva en un país aplastado por la vieja clase política que ha taponeado toda propuesta de recambio. Predecible nuestra desgracia nacional, incierto nuestro porvenir, señala Rudecindo Vega Carreazo.
Las protestas antigubernamentales se iniciaron en forma pacífica y en un clima de tensión, con algunos bloqueos de carreteras. Como estaba previsto, la jornada tuvo a la región surandina de Puno como principal protagonista. Desde el amanecer fue bloqueada la vía que comunica a ese territorio con Bolivia, incluyendo la carretera Interoceánica, que enlaza el sur de la costa peruana con Brasil.
Hubo paralizaciones parciales de actividades y marchas en las sureñas regiones de Puno, Cusco y Arequipa, según reportes de esos lugares, así como en las provincias de Andahuaylas y Abancay, de la región surandina de Apurímac.
En un intento de desviar la atención de la conmoción interna, Boluarte “lamentó” las supuestas continuas injerencias del expresidente de Bolivia Evo Morales en asuntos internos del país y afirmó que evaluará junto con Migraciones sobre su ingreso al territorio peruano, debido a que tendría la intención de impulsar un separatismo en el sur peruano.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que denunció que personas ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal están detrás de las protestas en el sur del país y dijo que las manifestaciones no han tenido la intensidad de las protestas de diciembre de 2022, aunque tuvieron “mayor incidencia” en Cusco y Puno. El general José Williams, titular del Congreso, invocó este miércoles a “deponer cualquier medida de violencia” en las protestas
Boluarte insistió en no habrá impunidad por las muertes en las protestas de diciembre, desatadas tras la destitución parlamentaria, el 7 de diciembre, del hasta entonces presidente Pedro Castillo, a quien reemplazó la mandataria desde su posición de vicepresidenta.
La presidenta pidió una investigación rápida de las muertes y que se individualicen las responsabilidades, lo que dejó en manos del sistema de justicia y de una indagación a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se molestó cuando un periodista le mencionó la responsabilidad del Estado en el saldo luctuoso y le preguntó si garantizaba que no habrá más pérdida de vidas.
Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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