Indultos de Boric a presos del estallido detonan crisis política
Los indultos que ha otorgado el presidente de Chile generan rechazo, cuestionamientos y división entre las fuerzas políticas por favorecer a quienes fomentaron el caos que costó 250 millones de dólares al país
Gabriela Moreno PANAM POST
Los indultos decretados por el presidente de Chile, Gabriel Boric, a favor de 12 presos del estallido social de 2019 y de un miembro de Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) remece a su gobierno que acumula 62 % de desaprobación, según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP).
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El rechazo, los cuestionamientos y la división entre las fuerzas políticas aumentan desde distintos sectores por haber dejado Boric en libertad a quienes fomentaron el caos que costó 250 millones de dólares al país para rescatar las estaciones del metro de Santiago que fueron atacadas y los espacios públicos vandalizados.
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Las conversaciones encabezadas por la ministra de Interior, Carolina Tohá, para pactar un “acuerdo de seguridad pública transversal” se fracturaron por los indultos de Boric. La coalición opositora de Chile Vamos -integrada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Democrática (Evópoli) y Renovación Nacional (RN)- se retiró de la mesa de diálogo y no hay indicios de un cambio de opinión a corto plazo.
De hecho, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostiene que “sin señales claras de compromiso con el orden público o la seguridad es imposible participar de un espacio de conversación», alegando que «nadie entiende que el presidente de la República, que comanda la mesa, da señales tan erráticas de indultar delincuentes».
Sin tregua
¿Qué pasará con este acuerdo? La oposición levantará una agenda propia para proponer «políticas en materia de migración y seguridad«. Ya la UDI presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar la facultad que tienen los jefes de Estados de indultar a condenados a penas de cárcel.
Los amplios prontuarios de los beneficiados por Boric impulsan esta gestión que entrará en debate en la Cámara. Era de esperarse, considerando que entre quienes volvieron a las calles destaca Luis Castillo, que estaba en prisión por el incendio del Registro Civil en Copiapó pero tiene un expediente con cinco condenas por hurto, robo con violencia, robo con sorpresa, lesiones y 26 causas judiciales en su contra.
Durante su última estancia en prisión, Gendarmería lo sancionó sin régimen de visitas por tener armas blancas y estoques en su celda. Con un perfil similar al de Castillo figuran los demás indultados, uno de ellos es Felipe Santana, de 22 años, que tenía presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, en 2019.
También está el caso de Alejandro Samuel Carvajal, de 22 años, sentenciado a cinco años y un día de cárcel por el incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en 2019, mientras que Claudio Romero, de 21 años, enfrentó los delitos de porte y lanzamiento de bombas incendiarias y asociación ilícita ese mismo año.
Una defensa injustificable
«Son jóvenes que no son delincuentes», recalca Boric en su discurso para defender su decisión que forma parte de su promesa de campaña. Incluso, apela a que es una práctica de sus antecesores, recordando que el expresidente Patricio Aylwin otorgó 928 indultos particulares; Eduardo Frei Ruiz-Tagle 343; Ricardo Lagos alrededor de 240; Michelle Bachelet unos 77 entre sus dos mandatos y Sebastián Piñera 38 en sus dos administraciones.
Es un giro drástico en su posición después de declarar el año pasado que «no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado”.
Si bien la cifra de los indultos de Boric es baja, sus argumentos lo complican por indicar que en el caso del juicio al exfrentista Jorge Mateluna hubo irregularidades.
La Corte Suprema por primera vez en dos décadas emitió un comunicado para recordar que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
La advertencia del máximo tribunal es clara cuando Rojas, de 48 años, estaba condenado a 16 años de cárcel por ser uno de los autores del asalto a un banco en 2013 después de haber sido indultado en 2004, por el expresidente Ricardo Lagos cuando enfrentaba una condena perpetua a mediados de los 90 por formación y pertenencia a grupos armados de combate. Boric intenta calmar la crisis. Vocifera que entiende «plenamente el recordatorio”, pero sin retractarse.
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