Alí Daniels: “La aprobación de este proyecto de ley pone en peligro la vida de los venezolanos”

“No es lo mismo que una persona denuncie una violación aisladamente a que lo haga en asociación con otro, porque así la violación trasciende”; palabras del abogado y director de la ONG “Acceso a la Justicia”, Alí Daniels en conversación con La Gran Aldea sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines.

KAORU YONEKURA        LA GRAN ALDEA| 07 FEBRERO 2023

El 24 de enero de este año, dos días antes de la visita de Volker Türk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines. Un proyecto de ley que, como advierte la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: “forma parte de una política sistemática de Estado dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG, de las personas defensoras de derechos humanos y de actores humanitarios” y así, constituye otra violación al ordenamiento jurídico constitucional e internacional.

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, conversa con La Gran Aldea y ofrece ejemplos de cómo es que este proyecto también afectaría la lucha gremial de las últimas semanas, a los beneficiarios de las ONG y a cualquiera que viva en Venezuela, pues como dice desde el inicio: “hasta en el ejercicio de la vida ciudadana, la que ocurre todos los días, la amenaza al derecho social de las ONG y afines nos afecta a todos, porque si los vecinos organizados de una comunidad están limpiando un parque, de ahora en adelante lo harían cuando y como les diga el Gobierno”.

-¿Y ahora qué le molesta al gobierno de las ONG?

-Que somos una opinión independiente, incluso en ámbitos que parecieran no políticos o no vinculados a la actividad de disidencia como las organizaciones sanitarias. Por ejemplo, Susana Raffalli tiene programas de lucha contra la desnutrición en las zonas populares del país y, a partir de esa información, saca datos sobre la desnutrición de niños menores de tres años y habla de desnutrición aguda en ese estrato. Esa información que el Gobierno no da y que Susana publica es una de las razones por las cuales se nos quiere callar, porque revelamos la gravedad de la situación que hay en el país.

“Este proyecto de ley estatiza las organizaciones: les impone actividades, incluir nuevos objetivos y entromete al Estado al punto de que obligaría a que las organizaciones acepten como miembros a funcionarios del Estado”

Alí Daniels, abogado y director de la ONG “Acceso a la Justicia”

-Además de las atribuciones que el proyecto de ley le confiere al Ejecutivo, ¿qué es lo que más preocupa?

-La ley, por diseño, está hecha para que se incumpla, es decir, es tal el número de requisitos que es de imposible cumplimiento. Por ejemplo, se habla de que hay que establecer un registro de las organizaciones. Bueno, los registros existen, pero la ley obliga a que se inscriban en cuatro registros que funcionan como el resto de la administración pública en este país. Es imposible tener todos esos requisitos al día y será esa falta la que justificará una ilegalización de las organizaciones. Para que se vea un ejemplo más grosero: el proyecto de ley dice que las ONG que no estén inscritas en el nuevo registro se declararán inexistentes y luego se habla de las sanciones que se impondrán, o sea, de las multas, ¿pero cómo puedes multar a algo que tú mismo dices que no existe? También quisiera explicar cómo este proyecto de ley estatiza las organizaciones: les impone actividades, incluir nuevos objetivos y entromete al Estado al punto de que obligaría a que las organizaciones acepten como miembros a funcionarios del Estado. Imagínense ustedes, por ejemplo, qué puede significar que a Provea se le obligara a aceptar como miembro a un funcionario de la DGCIM. Esto es algo que es perfectamente posible dentro del ámbito de la ley.

-El proyecto de ley no es solo para las ONG, también es para organizaciones “afines”, ¿quiénes entran en esta definición?

-En ninguna parte del proyecto se dice en qué consisten estas organizaciones ni se regulan. Una vez más, se trata de dar zonas grises para que la discrecionalidad que, en Venezuela, es equivalente a arbitrariedad de los funcionarios, permita que asociaciones que, en principio, no deberían estar reguladas por la ley, puedan estarlo y se pueda ampliar el control e intervención del Estado.

-¿En qué se diferencia este proyecto de esta ley al Proyecto Ley de Cooperación Internacional?

-Se hizo público que la Comisión de Política Exterior, dirigida por el diputado Timoteo Zambrano, va a seguir discutiendo la Ley de Cooperación Internacional. Ambos proyectos tienen elementos de persecución. Ambos instrumentos son represivos, aunque, obviamente, el que propone el diputado Diosdado Cabello es muchísimo más. Ambos proyectos son expresiones muy peligrosas en manos de un gobierno con tantas actitudes totalitarias. Ninguno de los dos proyectos es salvable ni porque se cambien dos o tres artículos. Quizá la diferencia es cuál se aprueba primero.

-¿Qué viene ahora?

-Aunque no nos han convocado a ninguna reunión con ninguna de las dos comisiones de estos proyectos de leyes, hemos hecho públicas nuestras observaciones y denuncias jurídicas. Esperemos que el Gobierno entienda que lo que está haciendo anula el derecho de asociación, que es tan universal, y que no tenemos ninguna agenda partidista ni de toma del poder.

-Marta Valiñas, presidente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, expresó que la ley “puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático”; ofrezca ejemplos de qué perdería la gente en Venezuela con el cierre de las ONG y afines.

-Veamos un efecto práctico y directo de la aplicación de la ley: de acuerdo con esta, una ONG solamente puede actuar en el estado donde ha sido constituida, eso quiere decir que si una organización con sede en Guárico que da medicamentos y asistencia médica en ese estado; al estado Anzoátegui, que le queda al lado, ya no podrá hacerlo sin pedir un permiso al Estado, lo cual podría comprometer el derecho a la vida de quienes necesitan esa ayuda o acciones urgentes, que no son pocas en este país. Los que necesitan atención médica tendrán que esperar por el permiso de un burócrata.

“Somos una opinión independiente, incluso en ámbitos que parecieran no políticos o no vinculados a la actividad de disidencia como las organizaciones sanitarias”

Alí Daniels, abogado y director de la ONG “Acceso a la Justicia”

-Pero no todas las ONG que operan en Venezuela son transparentes en sus gestiones. Se sabe de las que reciben dinero de la ayuda humanitaria y los beneficiarios no perciben esa ayuda, ¿con cuál instrumento vigente podrían ser sancionadas entonces?

-Ese es el gran tema que está detrás: porque haya delincuentes no quiere decir que todos lo sean. Efectivamente, hay organizaciones que toman acciones contrarias a los fines de la mayoría de nosotras, no sé cómo, porque en este país hay un control muy, muy, muy estricto en el sistema bancario nacional. Los bancos no se mueven sin que la Sudeban sepa hasta el banco de afuera que manda el dinero y toda la información necesaria sobre los fondos que recibe una organización; y mientras más grande es el proyecto, más grande es la alarma que se prende en el sistema bancario nacional. Entonces, si hay organizaciones que utilizan la ayuda humanitaria para limpiar capitales o fines ajenos a los Derechos Humanos, para eso está la Sudeban y las organizaciones del Gobierno vinculadas: para hacer las averiguaciones correspondientes y tomar las medidas con la normativa vigente. Esto lo pueden hacer hoy mismo sin que exista una nueva ley. Te pongo un ejemplo para que lo veas mejor: en el caso de Naciones Unidas, la ayuda humanitaria se hace en el marco de la OCHA, que es la oficina que coordina los asuntos humanitarios en el país. Todo el dinero que se maneja ahí es declarado, el Gobierno sabe dónde está, cómo se ejecutan los programas y quiénes son los donantes de cada uno de los programas. Todo se hace con banca pública nacional no con cuentas en el exterior ni cuentas personales y esto genera declaración de IVA, pago de trabajadores. Al menos mensualmente estamos rindiendo cuentas de lo que se está ejecutando y cómo se está gastando. Entonces, no puede decirse que se está actuando a escondidas y menos si el proyecto es grande, porque mientras más grande, más difícil sería encubrir el movimiento financiero. Rendimos cuentas de cada centavo, pero el Gobierno tiene cinco años que no.

-¿Y cómo sancionar la desviación de fondos?

-Allí fallan los mecanismos de control de los donantes. Entendemos que esto ha ocurrido y es porque el donante está involucrado en su propio robo, es decir, que hay una complicidad de quien manda el dinero junto con el que lo maneja, que es el caso del gobierno interino. Estas apropiaciones indebidas las pueden denunciar las víctimas y se pueden investigar y sancionar, sin necesidad de nueva ley.

-Como todo lo que ocurre en el país, esto es un problema de todos y no solo de las ONG, pero no se ve o no interesa, ¿cómo lograr que se entienda como tal cosa?

-Entendiendo que una de las tantas cosas que se persigue con este proyecto de ley es el derecho de asociación, porque es un derecho que sirve de apoyo a otros derechos. No es lo mismo que una persona denuncie una violación aisladamente a que lo haga en asociación con otro, porque así la violación trasciende. La aprobación de este proyecto de ley pone en peligro la vida de los venezolanos que dependen de la ayuda humanitaria.

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*La fotografía es cortesía de la ONG “Acceso a la Justicia”, y fue dada por Kaoru Yonekura al editor de La Gran Aldea.