VENEZOLANOS EN
ESPAÑA
Cuando
la guerra civil en España, Venezuela fue el refugio de millares de ciudadanos
de ese país. También, durante la dictadura de Francisco Franco, y a la muerte
de éste, restablecido el reino a la cabeza de Juan Carlos I, pupilo del mismo,
prestó su ayuda para la democratización española.
Y
correspondió al presidente Carlos Andrés Pérez llevar a Madrid al jefe del
Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, quien durante varios
período estuvo al frente del gobierno ibero.
En
el aeropuerto de Barajas, de la capital española, le diría entonces al rey: “Su
Majestad, aquí le traigo un regalo”. Se trataba de Felipe González, quien aguardaba
en el avión presidencial, luego de un largo exilio.
Hecha
esta necesaria observación, tenemos razones para afirmar que los beneficios que
han recibido los venezolanos refugiados en ese país tras huir de su patria como
consecuencia de la barbarie del socialismo del siglo XXI no son gratuitos sino
por gratitud.
El
15 de julio de 2019 TalCual reseñó
que el gobierno otorgó permiso de residencia “por razones humanitarias” a 7.623 ciudadanos de nuestro país, en consonancia con la Ley de
Asilo y Refugio para los migrantes venezolanos a los que se
les denegase la protección internacional desde 2014.
Según
el Ministerio del Interior de España, en 2018 un total de 20.015 ciudadanos
venezolanos pidieron protección internacional en ese país, encabezando el
ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo, y desde
el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, la cifra se redujo a 19.729, la
nacionalidad mayoritaria en busca de asilo.
Por
otro lado, el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, la secretaria de Estado
de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, defendió la necesidad de abordar
una reforma integral del sistema de acogida a solicitantes de protección
internacional en España que permita proteger a quienes tienen derecho a la
protección internacional.
-Las
personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, -aseveró- no son usuarias ni beneficiarias de protección
internacional. Entre todos debemos de darles salida y soluciones, pero la
solución no es solicitar asilo, porque lo que hacen, además, es colapsar un
sistema que está diseñado para quienes verdaderamente tienen ese derecho.
(La referida funcionaria
ignora que la diáspora venezolana es resultante del empobrecimiento masivo de
la población por parte del socialismo del siglo XXI y la política represiva,
como cuestión de Estado, que ese criminal sistema ha desatado contra quienes lo
adversan por considerarlos no adversario sino enemigos externos y, como tales, el llamado Ministerio Judicial (jueces,
fiscalía, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia) los juzga)
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