Amnistía Internacional denuncia que Chile no ofrece protección a migrantes venezolanos
Se estima que 500 personas fueron expulsadas en el año 2021 de Chile sin que se examinara el riesgo que correrían de llevarse a cabo su expulsión. Amnistía Internacional considera esencial que este país «provea alternativas para que los venezolanos en necesidad de protección internacional puedan acceder de manera pronta a un procedimiento de protección internacional justo y efectivo»
Amnistía Internacional denunció este martes 7 de marzo en su más reciente informe que «el Estado chileno no ha cumplido con su obligación de proteger a quienes han huido de Venezuela para resguardar sus vidas»; por el contrario, esta organización ha identificado una serie de medidas, adoptadas por las autoridades de este país, que impiden que las personas con necesidad de protección, como las venezolanas, puedan acceder a un estatus migratorio regular en Chile; lo que los deja en «situación absoluta de desprotección».
Entre las medidas que Amnistía Internacional identificó como obstáculos para que los migrantes venezolanos puedan regularizarse se incluyen la imposición de visados de entrada con requisitos difíciles de conseguir, normas que facilitan las reconducciones y expulsiones inmediatas en vulneración del debido proceso, rechazos en frontera y omisiones en la entrega de información sobre la condición de los refugiados; además del requisito ilegal de autodenuncia, entre otras arbitrariedades.
«Amnistía Internacional considera que exigir a las personas que deseen solicitar asilo, entre ellas las personas venezolanas, que realicen previamente una autodenuncia por entrada irregular, las discrimina y las penaliza», resalta el informe.
De la misma manera, la organización expone con preocupación que «negarles la posibilidad de acceder al procedimiento para ser reconocidas como refugiadas, las pone en grave riesgo de devolución a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro»; por lo que Amnistía Internacional recuerda que estas prácticas constituyen faltas a las obligaciones internacionales contraídas por Chile en materia de derechos humanos.
Se estima que 500 personas fueron expulsadas en el año 2021 sin que se examinara el riesgo que correrían de llevarse a cabo su expulsión. Amnistía Internacional considera esencial que Chile «provea alternativas para que los venezolanos en necesidad de protección internacional puedan acceder de manera pronta a un procedimiento de protección internacional justo y efectivo».
En 2021, el Servicio Nacional de Migraciones registró 3867 solicitudes de asilo formalizadas. 79% de estas solicitudes correspondía a personas venezolanas. Ese año, del total de solicitudes recibidas, solamente 19 fueron aceptadas, mientras que 3082 fueron rechazadas.
Chile es el cuarto país de acogida de personas venezolanas en América Latina y el Caribe, después de Colombia, Perú y Ecuador, con un estimado de 444.400 personas venezolanas en su territorio, cifra que data de diciembre de 2021.
Hasta febrero de este año, 7.177.885 personas habían huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las masivas violaciones de derechos humanos que ocurren en el país. De ellas, 6.033.396 personas se encuentran refugiadas en América Latina y el Caribe.
Ante la situación expuesta, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades chilenas:
- Aplicar la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984 y reconocer a los venezolanos que buscan protección internacional en su país.
- Garantizar el acceso efectivo y sin discriminación de todas las personas con necesidad de protección al procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada.
- Velar por el pleno respeto del principio de no devolución.
- Eliminar el requisito de autodenuncia, con el fin de adecuar la legislación chilena y las actuaciones de las autoridades del país a los estándares internacionales vigente.
- Implementar capacitaciones sobre los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes a todas las personas funcionarias de entidades que atienden a personas refugiadas y migrantes.
- Abstenerse de adoptar medidas o usar lenguaje que estigmatice, violente, desacredite o discrimine a las personas migrantes y refugiadas, en particular las personas venezolanas.
- Asegurar que el Servicio Nacional de Migraciones cuente con suficientes recursos de personal y financieros, incluyendo en zonas fronterizas, para garantizar la continuidad de la atención a personas refugiadas y migrantes.
- Asegurar que las personas venezolanas tengan acceso a todos los servicios básicos sin discriminación, independientemente de su situación migratoria o nacionalidad.
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