miércoles, 22 de marzo de 2023

Misión de Determinación: represión en Venezuela se enfoca en la sociedad civil

Misión de Determinación: represión en Venezuela se enfoca en la sociedad civil

Venezuela y su barranco legal informe misión de determinación

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe, en el que acusó a la administración de Nicolás Maduro del mayor cierre de emisoras de radio en dos décadas. También denunciaron la situación de amenazas constantes a presos políticos y sus familiares, así como violación al debido proceso, negación de alimentos y atención médica adecuada. Se destacaron las detenciones de los periodistas Roland Carreño, Jesús Medina, sindicalistas de empresas básicas de Guayana y activistas vinculados al partido Bandera Roja


La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este miércoles 22 de marzo un nuevo informe oral sobre la situación del país, en el que se destacó que la «represión se enfoca principalmente en actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno».

La actualización, durante el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estuvo a cargo de la presidenta de la Misión, la abogada Martha Valiñas.

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*Lea también: Cofavic reporta 708 agresiones a defensores de DDHH entre enero 2022 y 2023

Además de la persistencia de la persecución, han documentado «el aumento de la persecución contra organizaciones y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros personajes de la sociedad civil organizada, así como líderes políticos».

La Misión de Determinación señaló que las graves violaciones a los derechos humanos ya documentadas (torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y hostigamientos), además de la falta de investigación y sanción de estos delitos «parecen haber producido un efecto inhibidor de la protesta que ya conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar a la disidencia política».

Bajo este panorama, comentó Valiñas, «la persecución de líderes sindicales se ha intensificado», y destacó la detención de nueve líderes sindicales de empresas básicas de Guayana, al igual que los activistas vinculados al partido Bandera Roja (Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alcides Bracho), acusados por supuestos delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

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Según informaciones obtenidas por la Misión de ONG en el terreno, en Venezuela existen 282 presos políticos, entre civiles y militares. Además, alertó sobre nuevas detenciones de carácter selectivo y amenazas contra los detenidos por razones políticas y sus familiares, con constantes violaciones al debido proceso, y negación constante en algunos casos de alimentos y atención médica adecuada.

Recordó que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, permanece detenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que se les permita visitarlo y comprobar su estado de salud, deteriorado en poco más de un año encarcelado.

La presidenta de la Misión también denunció que “han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación”. Sólo en septiembre de 2022 cerraron 19 emisoras de radio en el estado Táchira y 31 en Zulia.

Valiñas alertó que durante 2022 la administración de Nicolás Maduro cerró el mayor número de emisoras de radio en dos décadas.

Además, resaltó la situación del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, de quien dijo enfrenta un juicio con «múltiples irregularidades». También mencionó al periodista Jesús Medina Ezaine, quien continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de instigación al odio y agavillamiento.

Otra cuestión contenida dentro del informe oral es la preocupación de la Misión por las leyes y procedimientos administrativos que «entorpecen el funcionamiento de la sociedad civil». En particular, los dos proyectos de ley que avanzan en la Asamblea Nacional 2020 para regular a las ONG y restringir el financiamiento internacional.

«La nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo sobre la existencia y las actividades de las ONG», sentenció la Misión de Determinación.

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