Pedro Castillo lideró presunta organización corrupta, ratificó Fiscalía
La fiscal agregó que esto fue "agravado por su condición de líder" y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.
EFE PANAM POST 
Lima, 7 mar (EFE).- La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).
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La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.
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Castillo ya cumple 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.
Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.
La fiscal agregó que esto fue «agravado por su condición de líder» y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.
En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego «vendrían a conformar el gabinete en la sombra».
Meza dijo que la presunta organización tenía una «estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar» y que esta posición «era presuntamente asumida por Pedro Castillo».
El «propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones», dijo.
A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta «antes de que asuma la Presidencia» y la organización «buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública».
Los detalles del caso
El juez Checkley retomó la vista del pedido fiscal tras haberla suspendido el pasado viernes tras recibir la solicitud de las defensas de contar con mayor tiempo para estudiar el expediente que, según indicó el magistrado, comprende 6.000 folios en 13 tomos.
En ese momento, el abogado de Castillo también pidió que la audiencia «sea en forma presencial» para que el exgobernante acuda al tribunal, aunque Checkley decidió «continuar con las audiencias virtuales, con la idea de también facilitar el trabajo de la defensa».
El Ministerio Público solicitó los 36 meses de prisión preventiva contra Castillo, así como contra los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
La investigación fiscal se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario para retirarle la inmunidad que tenía.
Al presentar el pedido, el fiscal supremo Helder Terán consideró que Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel, al sumarse 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias y 6 años y 4 meses por colusión.
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