Sin mediciones no habrá protección financiera de la salud, por Marino J. González R.
Twitter: @marinojgonzalez
En 2030, de acuerdo con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no debe existir en ningún país un hogar en situación de gasto catastrófico en salud. Esto significa que en ningún hogar se debe pagar, con cargo a los ingresos mensuales de sus miembros, más del 10% en gastos de salud. En otras palabras, el gasto de bolsillo de los hogares no puede sobrepasar cada mes el 10% de los ingresos. Entonces, el gasto catastrófico en 2030 debería ser 0% en todos los países (ningún hogar gastaría más de 10% en salud de su bolsillo).
Este objetivo (conocido también como 3.8 de los ODS) tiene una importancia fundamental. Si no se garantiza que cada hogar esté protegido financieramente, obviamente no se puede esperar que las personas de ese hogar reciban la cantidad y calidad de los servicios de salud requeridos. Tan sencillo como eso. De manera que la protección financiera, es decir, que no exista gasto catastrófico en los niveles señalados, se convierte en un objetivo de políticas de salud de la mayor envergadura.
De no cumplirse, no hay forma de que los ciudadanos obtengan las prestaciones de salud para tener una vida sana y productiva. La experiencia comparada señala que sólo fortaleciendo las fuentes públicas de financiamiento es posible alcanzar la mayor protección financiera y el mayor acceso a los servicios de salud.
Uno supone que un objetivo de tal importancia debería ser monitoreado periódicamente. Esto es, que las sociedades de cada país tuvieran acceso regular a la información necesaria para saber si se acercan al 0% de gasto catastrófico. La realidad, sin embargo, demuestra que no es tan fácil. La última información disponible para comparaciones internacionales del gasto catastrófico se encuentra en un informe conjunto de la OMS y el Banco Mundial publicado el 12 de diciembre de 2021. Este informe se publica cada dos años.
Es decir, el próximo informe se publicará a finales del año en curso. No resulta muy compatible con la importancia de esta medición, que solo se pueda conocer cada dos años. Es demasiado tiempo para saber si las políticas de protección financiera en salud tienen impacto. Y, por supuesto, tomará más tiempo para implementar los correctivos. Mientras eso pasa, millones de personas pueden estar afectadas seriamente en el acceso a la protección financiera y a los servicios de salud.
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Más impactante resulta cuando se revisan las cifras disponibles en el último informe señalado. En América Latina los países con mediciones más «recientes» de gasto catastrófico son Bolivia y Perú. Esas mediciones son del año 2019 (es decir, son mediciones prepandémicas), son casi obsoletas desde la perspectiva de diseño de políticas de salud. En Bolivia, de acuerdo con esa medición de 2019, el porcentaje de gasto catastrófico es 4,6; mientras que en Perú es 8,4 (ambas cifras muy superiores al 0% requerido, y sin contar los efectos de la pandemia).
El extremo de la región es Honduras con la última medición reportada en 2004 (hace casi 20 años). Países como Paraguay, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, no tienen mediciones desde hace 10 años. Cuba y Venezuela ni siquiera tienen una medición en ese informe. Es muy directo suponer que, con mediciones tan desactualizadas, la calidad de las políticas de salud debe ser también muy limitada.
Uno también imagina que, en contextos de mayor institucionalidad para las políticas públicas, por ejemplo, en la Unión Europea, las mediciones de un indicador de esta relevancia deberían ser más regulares. Lamentablemente, no es así. El país de la Unión Europea con la medición más «reciente» de gasto catastrófico, en el informe señalado, es España en 2019 (correspondiente a 7,9% de la población). Hay países como Austria y Suecia que tienen más de 20 años sin mediciones de gasto catastrófico (reportada en el informe citado). Sólo cuatro países de la Unión Europea (España, Eslovenia, Bulgaria, y Chipre) tienen mediciones de gasto catastrófico en salud en los últimos cinco años. En los casos de Bulgaria y Chipre más del 20% de la población estaba en situación de gasto catastrófico para el momento de la medición.
Tomando en cuenta los efectos de la pandemia es bastante evidente que la única forma de saber la magnitud de la población que está fuera de la protección financiera en los países de la Unión Europea es realizando mediciones. Si se han realizado estas mediciones y no están disponibles para comparaciones internacional es una cosa, más serio es que no se hayan realizado. Lamentablemente sólo lo sabremos a finales de este año cuando se publique el nuevo reporte de OMS y el Banco Mundial.
Ante esta ausencia notable de mediciones, una gran pregunta es si efectivamente es un objetivo asumido por los gobiernos que los países alcancen el nivel de 0% de gasto catastrófico requerido para 2030. No pareciera muy claro. Y esta situación abarca a áreas tan diferentes institucionalmente como América Latina y la Unión Europea. Se impone entonces una profunda reflexión sobre estas perspectivas, por una parte, y por la otra, la generación de mediciones regulares de gasto catastrófico.
Solo con mediciones mensuales, obtenidas a través de sistemas de «tracking» basados en encuestas de hogares por muestreo, pueden los gobiernos conocer las variaciones en la población afectada por el gasto catastrófico, y diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para lograr la meta de 0% en 2030.
De lo contrario, las magnitudes de la desprotección financiera serán desconocidas, con terribles consecuencias para los cientos de millones de hogares en la región. La cooperación de gobiernos, sectores privados, organismos de cooperación internacional, puede ser de extraordinaria significación en esta tarea. Se requiere medir, actuar, volver a medir, volver a actuar. Sin cesar.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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