Desaparición del bote «Jhonaily José» lleva cuatro años sin una investigación seria
TCDEntre abril, mayo y junio de 2019 desaparecieron tres embarcaciones en altamar. Dos zarparon desde Güiria rumbo a Trinidad y Tobago: los botes «Jhonaily José» (23 de abril) y el «Ana María» (16 de mayo); un tercer peñero partió desde las costas del estado Falcón (7 de junio). Por estos hechos más de 90 personas siguen desaparecidas. Hasta ahora las autoridades han hecho caso omiso a las exigencias de los familiares de esos pasajeros para hacer una investigación seria. Aseguran que están involucradas mafias dedicadas a la trata de personas
Este 23 de abril se cumplen cuatro años de la desaparición de 28 personas a bordo del bote Jhonaily José entre las aguas de Venezuela y Trinidad y Tobago. Lo que para los migrantes venezolanos que abordaron la embarcación sería una huida rápida de la crisis que azota a Venezuela, se convirtió en un viaje que nunca tuvo punto de llegada.
La embarcación levó anclas el 23 de abril de 2019, alrededor de las 11:00 pm desde el muelle La Salina, conocido como La Playita, en Güiria, estado Sucre, uno de los últimos poblados costeros al oriente de Venezuela. Fueron 38 las personas que abordaron esa noche el bote, pero solo nueve fueron rescatadas del naufragio, en el cual murió una adolescente de 16 años.
Tres de los rescatados son hombres y permanecen detenidos en Sucre tras ser imputados por los delitos de trata de personas y de asociación para delinquir, pero sus audiencias han sido diferidas una y otra vez. Otra persona, una menor de edad, falleció días después del rescate. El resto que logró regresar al país guarda silencio sobre lo que ocurrió con el bote y los demás tripulantes.
La investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, desarrollada por el equipo de TalCual durante el año 2020, revela que el Ministerio Público tenía indicios de las redes de trata de personas que operan en la zona, debido a procedimientos anteriores que vinculaban a un grupo de hombres que trasladaba adolescentes sin documentación hacia la población de Güiria, y aún así estas personas fueron liberadas y siguieron zarpando en botes que salían desde un puerto controlado por un puesto de la Guardia Nacional.
El capitán de la embarcación, Héctor Torres, está prófugo. A pesar de los sucesos con el Jhonaily José, no fue procesado judicialmente por las autoridades venezolanas. A su nombre estaba registrado un número de teléfono desde el cual una de las adolescentes llamó a su madre para pedirle que pagara un rescate de 200 dólares. Fue el mismo Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro que le dio la información a la madre de la adolescente de 15 años, quien recibió llamadas cinco días antes de que el bote zarpara, naufragara y el grupo de 28 personas desapareciera.
Las denuncias de familiares de que los desaparecidos fueron víctimas de redes dedicadas a la trata de personas tienen casi el mismo tiempo engavetadas en el Ministerio Público (MP): 36 meses, es decir, 144 semanas o 1.460 días.
La actuación del organismo en el caso ha sido casi inapreciable, de acuerdo con el relato de los familiares. En los últimos cuatro años, el Ministerio Público ha cambiado al fiscal que lleva el caso al menos dos veces, por lo que los parientes de las personas desaparecidas han tenido que repetir todo el procedimiento de denuncia como si fuese la primera vez.
«Dejamos como memorial en la fosa común de los náufragos de Güiria esta cruz signo del sufrimiento de los inocentes redimidos en la Pascua de Jesucristo», escribió en diciembre en Twitter el sacerdote Jesús Villarroel, como recuerdo de los migrantes que murieron en el mar sin llegar a su destino
Los tripulantes del Jhonaily José
De los 38 pasajeros que abordaron la embarcación Jhonaily José, 29 eran mujeres, parte de un perfil que caracteriza estos casos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, siete de cada 10 víctimas de trata son niñas y mujeres.
«Ya el 23 de abril son cuatro años de impunidad. No hemos tenido ningún tipo de avance en las investigaciones sobre el caso y mucho menos en cuanto a los detenidos algún tipo de juicio. Audiencias postergadas miles y miles de veces», relata a TalCual Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, desaparecida en la embarcación.
Luisannys Betancourt tenía 15 años de edad cuando salió de su casa el 15 de abril con dos amigas que la fueron a buscar. Una estudiaba con ella (Unyerlin Vásquez) y la otra era prima de su compañera (Omarlys Velásquez).
Su familia desconocía sus planes. Días después de desaparecer la joven llamó a su madre, Ana Arias, llorando y diciéndole que deseaba regresar a casa pero no la dejaban. Le estaban cobrando 200 dólares para devolverla. Sin embargo, todo quedó en palabras. Cuando Arias acudió a los organismos de seguridad, los funcionarios hicieron caso omiso a sus denuncias.
La denuncia que presentó Arias directamente ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) fue ignorada, a pesar de que los funcionarios pudieron rastrear el teléfono desde el cual la joven llamó a su madre para que la fuera a buscar. La respuesta que recibió fue que esperara a que su hija de 15 años apareciera porque «seguro se fue de rumba».
Al momento de su desaparición, Unyerlin Vásquez tenía 16 años de edad y cursaba estudios en bachillerato. Como sucedió en otros casos, su familia no sabía de sus planes de irse a Trinidad.
La última vez que su madre la vio fue el 14 de abril junto a Betancourt. Unyerlin no llegó a dormir a su casa ese día. Aunque acostumbraba a informar a sus familiares sobre el lugar en el que se encontraba, esta vez no fue así.
Aparte de algunas prendas de vestir, solo se llevó el carnet de la patria. Días después de su desaparición, Vásquez envió mensajes a su mamá diciéndole que todo estaba bien y que regresaba en unos meses.
Omarlys Velásquez tenía 16 años al momento de su desaparición. Vivía en la casa de una tía. Nunca manifestó a sus familiares intenciones de irse a Trinidad y Tobago. Los planes eran terminar el liceo y luego la ayudarían a irse a Ecuador, donde están radicados otros parientes. Salió de su casa sin pasaporte, solo con la cédula de identidad.
Otras de las desaparecidas es Yeukarys Sifontes, quien tenía 18 años al momento en que abordó el bote. Trabajaba en el mercado de Güiria vendiendo condimentos para sostener a su hijo. El martes 23 de abril esperó que su madre, Eukaris Sifontes, saliera de la casa para poder ir al puerto a embarcar el Jhonaily José.
Sus parientes no sabían dónde estaba, se enteraron a dónde había ido un día después de que a la embarcación se le perdiera el rastro, por medio de una carta que dejó en la que pedía perdón por dejar a su hijo y aseguraba que su partida tenía como único fin «buscar un futuro mejor».
Anabelle Aguilera tenía 23 años al momento de su desaparición. Su familia sabía que se iba del país, el viaje lo preparaba con antelación y en coordinación con una hermana que ya estaba radicada en Trinidad.
En marzo y parte de abril estuvo en Caracas de visita en la casa de su mamá, pero sus amigas la llamaron para finiquitar detalles de su partida. El viaje de Anabelle Aguilera lo iba a pagar su hermana, apenas ella pisara Trinidad y Tobago, eran 300 dólares.
Antes del 23 de abril, Anabelle estuvo entre ir y venir, pues no se concretaba el viaje, todos los días se suspendía. El enlace para zarpar por medio de estos botes junto a sus amigas lo hizo con «Noelito» y Julio Carillo (esta persona se cambió el nombre tres veces).
Yenniamis Medina tenía 36 años de edad. Tiene cuatro hijos. No todos sus familiares sabían que se iría a Trinidad y Tobago. Su esposo no estaba de acuerdo con su partida. Sin embargo, eso no la detuvo.
Planificaba el viaje con Anabelle Aguilera, Angélica Mata, a quién rescataron en Isla de Patos; Zulmaris Patínez y Ruth Patínez. Para poder embarcar vendió un BluRay, esto para dar una primera parte de los 300 dólares que le estaban cobrando. Según sus familiares iría a trabajar, pero nunca detalló en qué. Se cree que Angélica, su sobrina, tiene información sobre qué sucedió con el bote.
No embarcó en el puerto de Güiria sino frente a Guacharaco, en la entrada de uno de los hoteles donde estaban encerradas otras tripulantes.
Yocselys Rojas, de 20 años, vivía con su madre Milexis Rojas en Güiria. Su familia desconocía sus planes de partir a Trinidad y Tobago. La última vez que su mamá la vio fue el 22 de abril a las 7:00 am.
Embarcó junto a una adolescente y Estefani Flores, esto previamente coordinado con Yuleibi Lezama, quien cobraba 200 dólares para devolverla.
Familiares sin respuestas
Además del bote Jhonaily José zarparon el Ana María (16 de mayo) y un peñero en las costas del estado Falcón (7 de junio). Por estos hechos más de 90 personas desaparecieron.
Al cierre de 2019, el comité de familiares de los desaparecidos protestó ante el Ministerio Público para exigir al Estado acciones para esclarecer el caso. La respuesta que recibieron por parte del organismo fue que la investigación «avanzaba», pero no dieron mayores detalles a los parientes.
El día de la protesta, los familiares se dirigieron a la sede de Interpol, en Caracas. En el ente se enteraron que la Fiscalía no había compartido la información de la desaparición de la embarcación y que por esta razón, aún no se había activado la alerta amarilla para los desaparecidos, y la alerta roja para los presuntos responsables de la desaparición del bote.
El 20 de febrero de 2020, los parientes volvieron a protestar para exigir respuestas a las autoridades. En ese momento funcionarios del Ministerio Público prometieron que serían designados nuevos fiscales para investigar los casos, por lo que tendrían que volver a proporcionar datos, los mismos que habían repetido una y otra vez.
En diciembre de 2020, el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al tráfico personas desde Güiria, estado Sucre, tras un naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 30 personas.
Al cierre de 2021 la manifestación se repitió. Incluso, en enero de 2022 el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela (Mayday Confavidt) informó que familiares de migrantes desaparecidos en altamar retomaron la protesta pacífica en las calles para exigir al Ministerio Público que retome la búsqueda de estas personas y tomen cartas en el asunto.
Los familiares se dieron cita en las sedes del Ministerio Público en los estados Falcón y Sucre para exigir a las autoridades respuestas sobre los casos, pues las promesas del MP nunca se cumplieron y el caso ha quedado en una lista de nombres y una espera que se hace eterna por parte de las madres, padres y los hermanos que esperan la llegada de su familiar.
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