Lula veta privatización de diez estatales impulsada por Bolsonaro
El impacto en la economía de Brasil por el freno al plan de privatización de las empresas estatales será inevitable, considerando que cuando Lula anunció el freno a las privatizaciones el 3 de enero, día de la ceremonia de posesión, los mercados reaccionaron negativamente ante la rapidez de los decretos y el malogro al proceso reformista de Bolsonaro.
Es oficial. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió una edición extraordinaria del Diário Nacional da União (DOU) para vetar la privatización de diez empresas estatales que impulsó el exjefe de Estado, Jair Bolsonaro. Al referendel Partido de los Trabajadores (PT) le tomó solo tres meses implementar esta medida, luego de haberlo anunciado en su toma de posesión.
Siete compañías fueron excluidas del Programa Nacional de Privatización (PND). Entre las afectadas estuvieron: Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT); Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC); Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (Dataprev); Nuclebrás Equipamentos Pesados SA (Nuclep); Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro); Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Aval SA (ABGF) y el Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada SA (Ceitec).
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A la lista se sumaron otras tres empresas del Programa de Sociedades de Inversión (PPI). De acuerdo con la Revista Forum, estas fueron: Bodegas y propiedades propiedad de la Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab); Compañía Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural SA, así como también Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) y Telecomunicações Brasileiras SA (Telebras).
Un revés económico
Esta deacisión implicaba “reforzar el papel de estas empresas en la oferta de ciudadanía y ampliar aún más las inversiones”, según lo que planteaba Lula desde su primer día en el poder. Sin embargo, representa la cancelación de las iniciativas parlamentarias del expresidente Bolsonaro, quien desde 2021 había presentado al Congreso Nacional un modelo de privatización que preveía la venta del 100 % de las empresas estatales.
El impacto en la economía será inevitable, considerando que cuando anunció el freno a las privatizaciones el 3 de enero, día de la ceremonia de posesión, los mercados reaccionaron negativamente ante la rapidez de los decretos y el malogro al proceso reformista de Bolsonaro.
Para entonces, la bolsa de valores de São Paulo se derrumbó un 3,22 % en la primera sesión del 2023, y retrocedió hasta los 106.202,63 puntos como consecuencia de la eliminación de la imagen de “moderación y centrismo” que mostró en la campaña para la segunda vuelta electoral.
La firma Petrobras fue una de las más afectadas por el revés bursátil tras sus títulos contraerse hasta un 6% y cotizar en torno a los 23 reales. En su caso, la anulación de la privatización significa un severo golpe al potencial inversor del sector privado en la empresa, así como el proceso de recapitalización debido al “rol conductor” del Estado en la economía que promueve Lula.
Fuera de la agenda parlamentaria
Además de Lula cancelar el proceso de privatización de las diez empresas impulsado por Bolsonaro también solicitó al Congreso Nacional excluir de la agenda parlamentaria cuatro proyectos de ley enviados por el exmandatario, entre ellos, la propuesta que exime de sanción al personal militar en las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) -una figura que los presidentes pueden activar en situaciones de gravedad-, la iniciativa que limita la eliminación de contenidos de internet al impide que las empresas que controlan las redes sociales eliminen perfiles o saquen contenidos del aire sin “justa causa”.
Los otros dos textos vetados por Lula en el hemiciclo para impedir su tramitación derogan el carácter obligatorio del envío de recursos obtenidos por el Estado en la explotación de petróleo para el Fondo Social y permiten al Gobierno central fijar una determinada política nacional de largo plazo.
Es una seguidilla de cancelaciones donde se suma el pedido al legislativo que dejar a un lado el proyecto de Bolsonaro, que autorizaba la minería en tierras indígenas.
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