CPI negó solicitud de réplica al Estado para responder a víctimas de violaciones a DDHH
La CPI negó al Estado venezolano el derecho a réplica a las más de 8 mil 900 víctimas de violaciones de DDHH con tres argumentos: No son precisos, no es el momento de declarar y solo podrán actuar cuando la Sala de Cuestiones Preliminares I
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) negó este lunes 8 de mayo a la administración de Nicolás Maduro la solicitud de derecho a réplica que quería hacer a las más de 8.900 víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
En la decisión de la CPI, se niega la solicitud debido a que considera que no hay precisión en los argumentos del Estado venezolano, ya que, solo basa su requerimiento en que los testimonios de las supuestas víctimas pudieron no ser llevados a instancias dentro del país y por eso buscaba dar respuesta.
«Esta presentación es, en sí misma, insuficientemente precisa para permitir que la constituyen una ‘respuesta’ en el sentido de la regla 24(2) del Reglamento. Por lo tanto, Sala para determinar la titularidad de la concesión de la autorización para replicar. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está destinado al tipo de presentaciones exhaustivas», dice el texto.
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De igual forma, destaca que la solicitud de las autoridades venezolanas, en este nivel de la investigación en el caso Venezuela I no procede porque no han sido admitidas aún las opiniones y testimonios de las personas. Por ello, «la Sala no considera necesario para recibir presentaciones adicionales de Venezuela, o cualquier otro participante en este procedimiento».
La ONG Provea resalta además que la actuación del Estado venezolano está sujeta a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI lo considere.
A finales de abril, la administración de Nicolás Maduro solicitó a esa instancia, encargada de llevar el caso Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad, que se les permitiera responder al informe sobre las opiniones de 8.900 víctimas que solicitan la reanudación y ampliación de la investigación.
En una carta del pasado 25 de abril, firmada por el canciller Yván Gil, el gobierno venezolano sostiene que esta autorización para responder se justifica debido a que el informe presentado por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) «plantea nuevos problemas» que no estaban previstas antes de conocer dicho escrito.
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