El “terrorismo político” eleva el costo de dos duras derrotas para el gobierno de Boric
Ataque armado contra consejero constitucional republicano, Héctor Urban, presiona al Gobierno chileno por acciones de seguridad en La Araucanía
Gabriela Moreno PANAM POST 
Un balazo traspasó la ventana de la casa del consejero republicano Héctor Urban, a sólo hora de haber ganado las elecciones de la constituyente. La satisfacción del triunfo del domingo 7 de mayo se empañó el martes cuando además del ataque a su residencia en la región de La Araucanía, su padre, René Urban, sorteó diez tiros contra la camioneta que conducía. Querían y quieren asesinarlos. ¿Es terrorismo político? Sí.
“Es un terrorismo político. Así lo veo, dado que él (Héctor Urban) hoy día es una autoridad elegida democráticamente con la más alta mayoría en la Región de La Araucanía. Entonces, el gobierno tiene que evaluar qué va a hacer con esta situación”, señala la senadora republicana Carmen Aravena en declaraciones a El Líbero, tras subrayar que la zona del sur del país enfrenta una escalada de violencia, que comenzó con el secuestro de tres gendarmes al interior del módulo de comuneros mapuches en la Cárcel de Angol, quienes a través de la Comunidad Autónoma de Temucuicui “llamaron a todas las comunidades en resistencia a movilizarse”, argumentado que la jornada comicial constituía un hito “donde la élite política inicia una guerra sucia en contra del pueblo mapuche”.
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La incitación detonó el ataque a los Urban con proyectiles brenneke –dispositivos usados para la caza mayor– y otros nueve atentados en la zona, entre ellos, disparos con perdigones a dos carabineros en Ercilla, que quedaron con lesiones.
Costo para el gobierno
La arremetida en La Araucanía contra el dirigente republicano, considerada como terrorismo político, eleva la tensión en el Gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien además de enfrentar dos reveses electorales –el rechazo a la primera constituyente en septiembre y la derrota de sus candidatos a consejeros en la elección del nuevo órgano constituyente– ahora suma la violencia contra sus adversarios cuando es el encargado de garantizar la paz.
El hecho acentúa la presión sobre su Administración, ya que “el atentado pudo terminar en la muerte de una autoridad electa. Si ya el atentado de por sí es grave, de haber ocurrido una desgracia sería una situación que sólo tendría comparación con el asesinato del senador Jaime Guzmán y, además desencadenaría una crisis política para el Gobierno”, indica el medio chileno El Líbero.
Sin acciones concretas
Urban espera que la tragedia no se repita. “Nos terminaríamos de derrumbar como país”, dice. Sin embargo, la promesa de conformar una Comisión por la Paz y el entendimiento en La Araucanía hecha por Boric en noviembre del año pasado sigue sin concretarse.
La instancia sería –según palabras del mandatario– una comisión con una agenda abierta, donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche.
Se suponía que debía instalarse en marzo, pero hasta la fecha no hay señales de quiénes la integran o dónde funcionará. ExAnte revela que el único comisionado presidencial designado, el psicólogo de Convergencia Social Víctor Ramos, admite los retrasos por “un par de semanas“.
Primero alegó la crisis de los incendios forestales a principios de 2023 y luego la campaña para las elecciones de consejeros constitucionales. “La comisión sigue sin ser anunciada y Víctor Ramos —quien está en La Araucanía—, no contestó a los llamados ni mensajes enviados por este medio”.
Gobierno bajo presión
La Moneda está en jaque. Se nota en el anuncio del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien declaró “alerta roja”, así como también informó sobre el envío de dos helicópteros de refuerzo y el traslado del general de brigada Rafael Cabrera Osorio, actual director de mando y control del Ejército como nuevo jefe de la defensa en la región.
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