Funcionarios policiales mataron en Puente Hierro a taxista que estudiaba para ser piloto
El joven Nicolás Fermín estaba haciendo una carrera cuando fue abordado por funcionarios policiales en el sector Puente Hierro. Uno de ellos le disparó en la cabeza tras haberle dado la voz de alto
En horas de la mañana del jueves 11 de mayo, funcionarios policiales —presuntamente de la Policía Nacional Bolivariana— asesinaron en el sector Las Flores de Puente Hierro, en Caracas, a un hombre identificado como Nicolás Fermín, de 23 años de edad, quien estaba trabajando como taxista con la cuenda Ridery de un amigo.
Fermín estaba costeando sus horas de vuelo para convertirse en piloto comercial.
Según el periodista Román Camacho, por el incidente resultaron detenidos dos agentes del cuerpo de seguridad que responden a los nombres de Freides Camacho y Damian Ortiz, quienes van a ser presentados en tribunales. Aún queda un tercer funcionario por identificar.
La joven víctima, al parecer, había ya cargado a dos médicos como pasajeros en una carrera en su vehículo Aveo color negro cuando en el referido sector fue interceptado por un vehículo particular de donde se bajaron tres funcionarios sin identificación, pero con chalecos antibalas y armas en mano.
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Camacho, quien relata en sus redes sociales la versión que maneja el Cicpc, indica que uno de ellos le da la voz de alto a Fermín y este pensó que eran delincuentes; baja la mano a la palanca de cambios y cruza el volante para quitarse el cinturón. Allí, es cuando recibe un disparo en la cabeza por uno de ellos.
De acuerdo a los testigos, los efectivos se preguntaron qué habían hecho y se retiraron rápidamente del lugar. Cuando llegó el Cicpc, los galenos que estaban de pasajeros y fueron testigos del hecho, fueron llevados a la comisaría a tomarles las declaraciones.
El padre de la víctima, quien vive en Estados Unidos, le había recomendado a su hijo que no trabajara como taxista.
El monitoreo Lupa por la Vida, elaborado por el Centro Gumilla y la ONG Provea, destacó a finales de marzo en su informe anual que durante 2022 se registraron 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad civiles y militares en el país.
A pesar de la disminución de ejecuciones (58,2%) respecto a 2021, Lupa por la Vida señaló que «no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar». A juicio de ambas ONG, estas privaciones arbitrarias de la vida «pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».
De las 824 personas ejecutadas por fuerzas de seguridad, apenas 61% (501 personas) pudieron ser identificadas por Lupa por la Vida, mientras que 39% (323) no fue posible identificar.
Con información adicional de Unión Radio
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