Militares de la «operación Armagedón»: Cinco años presos, sin sentencia y torturados
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia recordó que los militares implicados en la «operación Armagedón» fueron víctimas de desaparición forzada, detención arbitraria y además han sido sometidos a torturas y tratos crueles recurrentes. La ONG también alertó que la situación de los presos políticos civiles y militares «cada vez es más delicada»
El próximo 17 de mayo, los militares presuntamente implicados en la llamada «operación Armagedón» cumplirán cinco años privados de libertad, sin sentencia y sin que las autoridades hayan investigado o sancionado las torturas a las que fueron sometidos, afirmó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La «operación Armagedón», denominada así por las autoridades gubernamentales, tenía como supuesto objetivo la desestabilización de los poderes públicos, a través del sabotaje de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.
Las detenciones de los nueve militares presuntamente implicados se hicieron tras la filtración de un documento el que obtuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y fue usado durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Militar 1° de Control, a cargo de la jueza Claudia Pérez de Mogollón, para mantenerlos detenidos. El 11 de agosto de 2021, se ordenó el pase a juicio, que no ha culminado.
La Coalición, que representa al capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo y los tenientes Antonio Escola Lugo y Gustavo Carrero Angarita, señaló en una nota de prensa que todo el grupo fue objeto de desaparición forzada, momento en el que sufrieron torturas por parte de los efectivos de la Dgcim a cargo de su arresto.
Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición, recordó que, tanto el Grupo de Trabajo de la ONU y como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señalaron que en este caso se configuraron detenciones arbitrarias en varios grados.
«Estas personas ya tienen cinco años sin debido proceso ni acceso a la justicia, además se ha demostrado que no hay elementos para enjuiciarlos, que se les violan sus derechos humanos y la posibilidad de un juicio justo e imparcial», aseveró.
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Acosta también señaló que este grupo de militares tiene secuelas de las torturas y necesitan atención médica y oportuna, que los tribunales han negado. Alertó que la situación de los presos militares civiles y militares «cada vez es más delicada», debido a una salud está en franco deterioro, «son torturados y el Estado hace caso omiso a las opiniones de los órganos internacionales y principios internacionales sobre los derechos humanos».
Respecto a la situación del caso del capitán Carlos Macsotay, la abogada informó que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia negó una solicitud de amparo interpuesta por sus abogados.
El amparo fue presentado en marzo del año pasado a favor de Macsotay y de los tenientes Antonio Escola y Gustavo Carrero, pero hasta el momento solo se han pronunciado sobre el caso del Capitán de Corbeta. «No hay un fiscal que actúe de forma independiente, no hay un tribunal que haga su trabajo y hemos llegado a solicitar este amparo sobre la libertad y la seguridad personal del Capitán de Corbeta sin que haya justicia», recalcó.
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