LA GUERRA DEL NARCODICTADOR
CONTRA
LOS RETORNADOS
-El pasado junio —después de haber lanzado insultos en cadena de radio y
televisión, y de haber hablado de “antipatriotismo” en más de una oportunidad,
y de haber hecho uso de expresiones como “lava-pocetas” en contra de los
venezolanos que habían huido del país—, Nicolás Maduro dijo que los retornados
serían recibidos “con amor” y que podían volver a su país cuando quisieran.
Apenas
un mes después, el ministro Reverol —uno de los hombres que detenta más poder
real, con potestad para decidir quién vive y quién muere en Venezuela—, acabó
con la farsa amorosa y anunció una “guerra” contra los retornados, a los que
acusó de prácticas de terrorismo y delincuencia organizada. Los amenazó con
encarcelarlos por ser posibles portadores del covid-19. Aunque se refería
específicamente a los que regresaban por las trochas, sus palabras
estigmatizantes han determinado las políticas de abierta hostilidad que el
régimen ha puesto en marcha en contra de los retornados.
En un artículo que publiqué en mayo de
2020, “Huida
y regreso al infierno”, me detuve en el
doble sufrimiento que ha sido para cientos de miles de familias venezolanas,
especialmente las más pobres, haber salido del país en las más precarias condiciones
que sea posible imaginar —la mayoría sin dinero y con no más que una botella de
agua y un pedazo de pan en la mochila, cargando con sus bebés en los brazos, en
caminatas que se prolongaban por días, en las cuales, a menudo, muchos cayeron
extenuados para morir sin auxilio en cualquier paraje montañoso, en Colombia,
Ecuador o Perú—, para regresar otra vez a Venezuela, huyendo otra vez del
hambre y la imposibilidad de conseguir empleo, y afrontar, sin recurso alguno
para defenderse, a la desproporcionada agresividad con que son recibidos por
funcionarios militares y policiales en todos los puntos de la frontera. No
olvidemos esto: esos funcionarios son los mismos que escucharon los improperios
de Maduro, y también a Reverol declarar la guerra a los retornados. Y son, esto
es lo fundamental, los que reciben sus órdenes.
Luego apuntó:
-Leo en el informe divulgado a comienzos
de la semana por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de la
Universidad Johns Hopkins que alrededor de 130.000 personas han regresado al
país, a causa de la crisis económica que ha desatado el covid-19 en el planeta
y de forma particularmente intensa en América Latina. Existen otras
estimaciones que hablan de entre 146.000 y 149.000 retornados.
Lo
que evidencian las denuncias que han venido acumulándose por parte de
familiares de retornados, los testimonios que han recogido reporteros que han
logrado colarse en los falsamente llamados Puntos de Atención Integral —PASI—,
y lo que se desprende del documento mencionado es que, en realidad, funcionan
como centros de detención. Esto es literal: los PASI operan como si las
personas y las familias estuviesen detenidas por el delito de haber regresado a
su país.
Y
a continuación denunció:
-Están
militarizados, es decir, sometidos a la arbitrariedad y el abuso, a disciplinas
ajenas a las necesidades de personas en situación de riesgo. No reciben
asistencia social, sino órdenes y gritos. El trato del que son objeto es, en la
mayoría de los casos, unilateral y abusivo.
Más riesgoso y grave es que están
hacinados. Los espacios que han dispuesto no permiten guardar el
distanciamiento social. Tampoco disponen de mascarillas, jabones y geles. En
algunos no hay agua y el estado de los baños es simplemente infernal, plagados
de insectos y alimañas. Mantener la privacidad es prácticamente imposible. Los
alimentos que les proveen son de la peor calidad, en cantidades exiguas y de
entregas irregulares. He leído y escuchado testimonios de personas que han
pasado más de 60 horas sin probar un bocado.
Después detalló:
-Estas personas o grupos familiares están,
en lo esencial, indefensos. Sometidas al antojo de los uniformados. Los centros
o los hoteles en los que los han amontonado no cuentan con la infraestructura o
las condiciones para proveer ningún tipo de asistencia social. Por supuesto: no
hay médicos, ni profesionales paramédicos, ni se hacen chequeos, ni pruebas
para detectar la posible presencia del covid-19. Así las cosas, cada centro es
real o potencialmente un foco de contagio, en el que podrían estar conviviendo
personas sanas con personas enfermas. Además, lo insólito, violando todos los
parámetros y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los
gremios médicos y de los más destacados expertos sanitaristas, los períodos de
cuarentena no se limitan a los 14 días establecidos, con lo cual el riesgo de
contagio se incrementa de forma significativa.
Los retornados que ahora están bajo
control militar, en cierto modo, recuerdan a los presos políticos: contra ellos
se utilizan también formas de violencia, se les trata con desprecio, se toman
decisiones que no consideran sus realidades, no se les escucha, no se les
provee de ningún servicio, mientras pasan los días en un encierro que no
merecen y que se prolonga absurdamente.
(No me cansaré de repetir
que la narcodictadura se cree la Patria y, por lo tanto, cualquier acción que
se realice para huir de ella y buscar calidad de vida en otro país la conceptúa
de traición. ¿Quiénes son los traidores? ¿Ellos, los que se dicen patriotas, o
quienes la adversan o huyen para protegerse de la barbarie del socialismo del
siglo XXI?
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