Activistas denuncian en la Cedaw casos de femicidios, abuso sexual, trata de personsa y violencia obstétrica

Defensoras de los derechos de la mujer instaron al Estado venezolano a producir y publicar datos desagregados sobre los tipos de violencia basada en género.

Por Mabel Sarmiento – IPYS,  03/06/2023

Durante la sesión 85 del Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), activistas y defensoras de los derechos humanos destacaron que en Venezuela ocurre una acción femicida cada 24 horas, y que en el contexto del arco minero se han desencadenado explotación laboral, sexual, prostitución forzada, tráfico y trata de mujeres y niñas y adolescentes.

Previamente, compartimos cómo las organizaciones se pronunciaron sobre otras formas de violencia y violación de los derechos de las mujeres por parte del Estado venezolano. 

Los datos expuestos por las ONG 100% Estrógeno, Acceso a la Justicia, Cepaz, Cofavic, el Monitor ODH-ULA, la Asociación Cauce y defensoras como Linda Loaiza, difieren del reporte presentado por la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, quien encabezó la delegación del Estado venezolano durante la revisión del noveno Informe.

Una acción femicida cada 24 horas

Cristina Ciordia, coordinadora de Incidencia de la ONG Cepaz denunció que en los primeros 7 días del mes de mayo se registraron cinco casos de femicidios en Venezuela y cuatro intentos de femicidio. Las declaraciones las dio el 18 de mayo, en plena sesión.

“Es decir, una acción femicida cada 24 horas. Esto no lo sabemos por el Estado sino por el trabajo de las ONG”, dijo.

“Entre la fecha de las últimas cifras provistas por la Fiscalía en el año 2016, hasta el 2022, los femicidios se han multiplicado. La violencia cobró la vida de 282 venezolanas el año pasado. El observatorio digital de femicidios busca llenar un grave vacío que deja el Estado. La opacidad del Gobierno hace imposible implementar políticas públicas que atiendan las necesidades de una emergencia humanitaria compleja”.

Señaló que este Comité instó al Estado venezolano a producir y publicar datos desagregados sobre los tipos de violencia contra la mujer. “Esta recomendación, deliberadamente, se ha incumplido”.

Dijo que las cifras presentadas por el Estado en su informe, nunca han sido de acceso público, no son verificables y dan cuenta de una tendencia que no se corresponde con lo registrado por las organizaciones independientes.

Los datos presentados por el Estado venezolano sobre situación de trata de mujeres y niñas, provienen de diferentes e inconsistentes órganos que no cumplen con las recomendaciones sobre registro desagregado, destacó.

“El Fiscal General habla de 696 víctimas de trata entre 2017 y 2021. En el mismo período, la organización Mulier Venezuela documentó más de 1.800 casos, solo de mujeres y niñas. El Estado calla, pero los defensores de derechos humanos sí recogemos estas historias; las de las víctimas desatendidas y revictimizadas por un sistema en el que no confían. Nosotros sí recogemos esas historias, de las mujeres migrantes y refugiadas que son parte de la segunda crisis de movilidad más numerosa del mundo y que el Gobierno dice que no existe”.

Violencia sexual y obstétrica

Mientras que Karla Subero, de la ONG Cofavic destacó que la crisis de derechos humanos venezolana y sus consecuencias en lo humanitario y la migración, tienen un impacto diferenciado en mujeres y niñas.

Cofavic documentó que en el desarrollo de mecanismos de seguridad ciudadana las mujeres y niñas son obligadas a presenciar actos violentos, reciben amenazas de violencia sexual, insultos misógenos, golpes y son detenidas arbitrariamente.

“En un estudio con mujeres indígenas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, el 97 % de las entrevistadas indicó haber sido víctima de hechos de violencia de distintos tipos. El 38 % de las migrantes indígenas son mujeres. El contexto del arco minero ha desencadenado otras formas de violencia contra las mujeres venezolanas como explotación laboral, sexual, prostitución forzada, tráfico y trata de mujeres y niñas y adolescentes”.

Mencionó que, de acuerdo al Informe VIH en Venezuela, 57 embarazadas con VIH fueron obligadas a tener un parto natural sin aplicar cesárea, lo que contradice recomendaciones internacionales; que en los últimos 10 años, en nuevos casos de VIH hay un aumento en mujeres: de 21.9 % en 2011 a 25.8 % en 2020. Las mujeres más afectadas son las trabajadoras sexuales y las mujeres Trans.

A su juicio, las dificultades económicas son la principal causa que impide a las mujeres con discapacidad en Venezuela, acceder a servicios de salud, ginecológicos y a la realización de estudios. También denunció que hay limitaciones determinantes en el acceso a métodos anticonceptivos y a control prenatal.

“Las ONG feministas también están afectada por la reducción del espacio cívico democrático en Venezuela con la aprobación en primera discusión la #LeyAntisociedad. El informe que emita Cedaw y sus recomendaciones constituyen una esperanza y una luz para la vida de millones de mujeres y niñas venezolanas”.

Acceso a la justicia

En la sesión Linda Loaiza, abogada y defensora destacó que cuatro familias que agrupan 83 víctimas y sobrevivientes de violencia de género buscan justicia desde 1996 por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, esclavitud sexual y violencia de género.

“Cuatro familias que agrupan 83 víctimas y sobrevivientes de violencia de género lograron una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado venezolano y éste ha sido indiferente en el cumplimiento de esta sentencia”.

El caso de Linda Loaiza es la primera sentencia de la CorteIDH que condenó al Estado venezolano por violencia de género. Desde 2018 no se ha realizado ninguna acción para cumplir las medidas de reparación ordenadas.

Expedientes como éste tienen más de 27 años esperando justicia. “Hemos tenido graves consecuencias para las mujeres, abuelas, hijas, hermanas, tías y primas que seguimos padeciendo por la impunidad y la revictimización”.

Solicitó al Comité su incidencia para que el Estado venezolano garantice la obligación de llevar a cabo el cumplimiento de todas las sentencias emanadas de la CorteIDH.

Violencia de género

Holaya Peña, investigadora del Monitor ODH-ULA denunció el caso de Naibelys Noel como uno de los tantos en los que una mujer en Venezuela, víctima de violencia de género, es revictimizada por los órganos policiales y judiciales del Estado.

Naibelys Noel fue acusada injustamente de la comisión por omisión del infanticidio de su hijo de 19 meses. El Estado la detuvo arbitrariamente y la acusó de ser cómplice de su expareja, quien admitió haber matado al niño.

“Aunque su agresor admitió haber asesinado al niño, Naibelys Noel tuvo que esperar casi 3 años de su detención para que se iniciara su juicio, el cual ya había sido objeto de 19 diferimientos por causas atribuibles a jueces y fiscales”.

Explicó que en enero de 2023, el funcionario que privó a Naibelys Noel de su libertad, indicó en la audiencia de juicio que su detención fue “por ser la progenitora del niño”. “El psiquiatra forense declaró en el juicio de Naibelys Noel que le diagnosticó sentimientos de minusvalía, humillación, indignación y hostilidad contenida por la violencia sufrida”.

Acotó que el Estado venezolano reconoce las formas interrelacionadas de discriminación específicas contra las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, sin embargo, casos como el de Naibelys Noel siguen sin justicia.

Participación política

Por su parte, la Asociación Cauce hizo mención a que las sanciones no son la única ni la más importante causa del problema estructural que afecta el país y tampoco impiden al gobierno cumplir con sus funciones de protección y resguardo de los derechos de las mujeres.

Natalia Brandler, presidenta, dijo que el Estado venezolano sí tiene los recursos para atender la emergencia humanitaria, pero ésta no se encuentra entre sus prioridades.

Recomendó a la Cedaw que solicite al Estado venezolano destinar recursos para atender las necesidades que afectan la diversidad de mujeres incluyendo mujeres indígenas y que presente datos oficiales accesibles y confiables.

Observó que Venezuela no ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones de la Cedaw 2014, aun antes de las sanciones, y continúa restringiendo las libertades de las organizaciones de la sociedad civil.

“En Venezuela no se cumple con el principio de igualdad establecido en el artículo 21 de la Constitución. No se acuerdan normas de paridad que garanticen la participación política igualitaria. Ni en la Ley orgánica de Procesos Electorales ni en la de Partidos Políticos existen normas de paridad ni un sistema de cuotas que garanticen la participación política igualitaria de las mujeres venezolanas”.

Destacó que la falta de normativas de igualdad en los partidos políticos, deja las decisiones sobre las postulaciones de mujeres en manos de élites mayormente masculinas.

Sugirió  al Comité que pida al Estado venezolano incorporar a las leyes el principio de paridad y alternabilidad con sanciones por su incumplimiento; que solicite al Estado venezolano garantizar un entorno propicio para la participación de las mujeres en la vida política, incluyendo las defensoras de derechos humanos de las mujeres y pedir garantías al derecho de las mujeres a participar en manifestaciones, expresar su opinión y protección efectiva de la detención arbitraria y acoso hacia aquellas que disienten del Gobierno.