Espacio Público registró 51 violaciones a la libertad de expresión en mayo de 2023
La mayoría de los victimarios fueron instituciones del Estado lo que, a juicio de Espacio Público, pone de manifiesto «la política continuada e impune de irrespeto al derecho de la población a expresarse e informarse libremente»
La organización Espacio Público contabilizó 51 violaciones a la libertad de expresión durante mayo de 2023, reunidos en 27 casos, principalmente debido a actos de censura, intimidación y hostigamiento verbal contra periodistas e integrantes de la sociedad civil.
En su reporte, publicado este martes 6 de junio, la ONG destacó que mayo es el mes donde se han registrado la mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año. Los 27 casos documentados – que representan 30% más que en abril– reúnen a 32 víctimas.
Los principales afectados fueron periodistas (11), medios de comunicación (6) y organizaciones no gubernamentales o sus integrantes (4).
Otros 15 casos están relacionados con restricciones en internet (bloqueos, ataques a portales o fallas del servicio). El pasado 8 de mayo, el Observatorio Venezolano de Finanzas informó a través de su cuenta en Twitter que su página web fue bloqueada en todo el país por las empresas proveedoras del servicio de internet, acción que «busca restringir el acceso a la información y viola la libertad de prensa y expresión de la ciudadanía».
El portal sufrió un bloqueo de tipo DNS, según reportó el observatorio de internet VE sin Filtro. La restricción fue aplicada por la empresa estatal Cantv, así como por Movistar, Inter, NetUno, Digitel y Supercable.
14 de los 33 victimarios fueron instituciones del Estado (42% del total), junto con siete cuerpos de seguridad y cinco funcionarios, «lo que pone de manifiesto la política continuada e impune de irrespeto al derecho de la población a expresarse e informarse libremente», señaló Espacio Público.
La ONG puso el ejemplo de la periodista Luz Dary Depablos, quien fue intimidada por funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía del estado Táchira luego de que terminara de grabar una entrevista cerca de una sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
También está el caso de la ciudadana Yrasema Malavé, quien fue detenida en Valencia (estado Carabobo) el pasado 10 de mayo por funcionarios del Cicpc mientras daba una entrevista sobre el caso de su hija desaparecida.
Según reportes de prensa, Malavé ha denunciado a funcionarios públicos presuntamente relacionados y retuitea casos similares de irregularidades que ocurren en el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes «y la actuación de los fiscales» alrededor de esos casos.
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