Gobierno de Boric fraccionó pagos millonarios a fundaciones para evadir a la Contraloría
La estrategia para hacer pagos a fundaciones se basó en transferencias por debajo de 394.000 dólares, considerando que la Contraloría inspecciona montos superiores, es decir, el equivalente a más de 5000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). "Existían funcionarios de estas fundaciones en las mismas reparticiones que le asignaban recursos públicos de manera discrecional", dijo a PanAm Post el director de Chile Mejor, Felipe Caro
La millonaria entrega de fondos públicos a fundaciones aliadas del Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, cuyo monto supera los 470 millones de dólares, pasó inadvertida para la Contraloría General porque el Ejecutivo fraccionó los pagos para evitar notificar al ente fiscalizador.
Fuentes de la institución revelaron a El Mercurio que el Gobierno esquivó la revisión previa de los convenios con las fundaciones que debe ejecutar la Contraloría, al haber transferido montos por debajo de 5000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que equivalen a 316 millones de pesos (394.000 dólares), cantidad que obliga a inspeccionar los movimientos financieros de las instituciones del Estado.
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La estrategia se constata en el caso que detonó el escándalo que implicó el desembolso de 426 millones de pesos chilenos hecho por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta (al norte del país) a la fundación Democracia Viva, dirigida por el partido oficialista Revolución Democrática.
Documentos recabados por la Contraloría evidencian que la suma salió en tres pagos (el primero fue de 200 millones de pesos, el segundo de 170 millones y el último de 56 millones de pesos), alegando que servirían para cubrir el levantamiento diagnóstico territorial de los asentamientos irregulares.
Un problema peor
“Esta estrategia tenía la finalidad de evitar al ente contralor para facilitar la entrega de dineros a fundaciones afines a ese partido, manejadas en su mayoría por asesores de diferentes ministerios, los que a su vez prestaban servicios a estas fundaciones”, afirma Felipe Caro, director de Chile Mejor en conversación con PanAm Post, tras destacar que “existían funcionarios de estas fundaciones en las mismas reparticiones que le asignaban recursos públicos de manera discrecional”.
Su pronóstico apunta a que “es una problemática que se puede acrecentar, pues las fundaciones son aliados estratégicos del Estado en la implementación de políticas públicas en general, dentro de un modelo de alianza público-privada. Con estos casos se cuestiona el rol de estas organizaciones y la transparencia en su rol de ejecutor de recursos públicos”.
Para el senador socialista, Fidel Espinoza, la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, “protegió a sus amigos” de partido, al postergar investigaciones sobre el pago a las fundaciones, pese a las advertencias hechas por trabajadores de su cartera en Antofagasta en mayo.
Sostiene que “hay un delito de base que es conflicto de intereses, claramente, y de ahí van a encontrarse muchas cosas más”.
El partido intenta sacudirse el impacto del escándalo de pagos a fundaciones pro Boric, anunciando una querella en contra de Democracia Viva. El senador de RD, Juan Ignacio Latorre, vocifera que “cualquier delito cometido por algún militante de RD vinculado a esta fundación Democracia Viva, no van a tener cabida en nuestro partido”.
Caso complicado
Desde el Palacio de La Moneda ya hablan de “replantear” su “modelo de relación y de trabajo con fundaciones”. Para ello, convocaron a una reunión con 23 organizaciones este miércoles en el Ministerio de Vivienda.
No tienen otro camino ni opción cuando testimonios de las comunidades a las que supuestamente debían beneficiar las fundaciones arrojan dudas sobre la ejecución de sus convenios.
Un reportaje de Tele 13 divulga que en el sector Alto Irarrázaval, de Antofagasta, debían invertirse 170 millones de pesos para la instalación de luminaria solares, soluciones para enfrentar, controlar o mitigar la amenaza de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras de espacios comunitarios, entre otras, pero a un año de recibir los fondos, solo se aprecia una red húmeda y una estación de emergencia precaria.
Quien está en el centro de los cuestionamientos es el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, uno de los grande aliados de Gabriel Boric y fundador de Revolución Democrática (RD). Sobre el caso alcanza a decir que “es súper doloroso”, sin aclarar si sabía lo que hacían sus compañeros de partido. Su nombre estará sobre la mesa, considerando que Jackson también protagoniza una averiguación por presunta corrupción vinculada a su entorno: el JacksonGate, tras haber sido señalado por la excandidata a la gobernación de la Región Metropolitana de Santiago, Karina Oliva, –en investigación por fraude– como gestor de financiamiento irregular para las primarias del mandatario.
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