sábado, 24 de junio de 2023

La devastación minera está acabando con el sustento de las comunidades indígenas en el Amazonas venezolano

 

La devastación minera está acabando con el sustento de las comunidades indígenas en el Amazonas venezolano

 

Las comunidades indígenas denuncian que la creciente minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana contamina el río Orinoco con mercurio, acabando con la vida de los peces y envenenando el agua que consumen.

Las comunidades indígenas ubicadas en las inmediaciones del Parque Nacional Yapacana aseguran que la creciente actividad minera en la zona ha acabado con los peces del río debido a los efectos de la contaminación con mercurio que dejan quienes ejercen la minería ilegal en el sector. “Ya el río Orinoco está contaminado, donde comemos pescado”, fueron las palabras de Sando Gonzales, coordinador sectorial indígena de Griam en una conversación Ismael Pérez, chamán del pueblo indígena Huottöja quien también comentó que la zona antes estaba cubierta por una densa vegetación y que ahora solo queda tierra y ni siquiera hay animales cerca.

El parque Yapacana está ubicado al suroeste, en el estado Amazonas, cuyos límites son marcados al sur y al oeste por el río Orinoco y posee una superficie de 320 mil hectáreas. El Yapacana fue declarado parque nacional por el expresidente Carlos Andrés Pérez el 12 de diciembre de 1978 por lo que al considerarse una zona protegida, la minería ilegal se supone una falta grave para quienes la ejercen en el lugar.

La actividad minera de la zona se inició alrededor de 1980, según los informes publicados por García (1987) y Romero (2004) e Inparques también reportó que para 1988 ya existían 9 minas instauradas en el parque que bordeaban el cerro Yapacana. Pero la actividad minera creció notoriamente a partir de 2004 y obtuvo un rotundo impulso entre 2010 y 2012.

Hasta la fecha se han reportado entre 15 y 20 mil personas que de manera directa o indirecta influyen o participan en el desarrollo de la minería ilegal, sin embargo, estos números “son difíciles de determinar”, indicó Simeón Rojas. Kapé Kapé en su portal web asegura que el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, recientemente informó que en el Yapacana hay 33 mil sujetos ejerciendo la minería ilegal o actividades conexas.

Por otra parte, imágenes satelitales mostraron maquinarias de extracción en diversas zonas del parque. Las gráficas analizadas por el proyecto MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project de la ONG Amazon Conservation) revelaron que existen 3.800 piezas de maquinaria en el parque y muestran que sobre el tepuy, que también está siendo arrasado por la actividad minera, hay 86 piezas.

Simeón Rojas, periodista perteneciente a la ONG Kapé Kapé, comentó que han sido detenidas varios sujetos, entre ellas colombianos, brasileños; sin embargo, asegura que de parte de Venezuela no hay ninguna información oficial de que se haya efectuado alguna deportación.

El Gobierno venezolano ha instado a que todas las personas que hoy viven en la zona deben abandonarla lo más pronto posible y la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana ha iniciado un operativo conocido como Operación Autana 2023 que tiene como objetivo erradicar la actividad minera ilegal, recuperar los territorios afectados y expulsar a los grupos armados.

FANB avanza con operativo Autana

En la página oficial de la FANB, aseguran que “han sido erradicadas 28 estructuras de minería legal en la que fueron incautados 25 motores con sus accesorios, 14 plantas eléctricas, 13 bombas con sus accesorios, cables, mangueras, tuberías de PVC, moledoras de piedras, sierras eléctricas y otros artefactos”. Esta operación dio inicio el 15 de diciembre de 2022 y fue señalada como “tardía” por Simeón Rojas, aunque necesaria para la recuperación del parque.

Toda la información referente a la operación se da a conocer gracias a los reportes publicados por el general en jefe Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB-Ceofanb. Por otra parte, Kapé Kapé ha publicado que de momento se han presentado situación de resistencia por parte de los indígenas, pero que sin embargo no se han efectuado denuncias formales por parte de los grupos étnicos.

Simón Arreaza – Correo del Caroní

 

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