#OPINION La crisis eléctrica y el Colegio de Abogados Por Robert Alvarado
“Gracias a la crisis eléctrica, los venezolanos disfrutan de un juego constante de encender y apagar, que aunque no es divertido, al menos es gratuito”. Anónimo
¡Apaga y vámonos! Expresión de uso común aplicable a situaciones críticas sin solución aparente, tales como la crisis eléctrica en nuestro país, causa de un sinfín de sinsabores, por no decir, calamidades, a lo largo y ancho de Venezuela.
La problemática en torno al fluido eléctrico es de una gravedad tal, que admitiría decir a los cuatro vientos, ¡apaga y vámonos! El deterioro indetenible del sistema eléctrico nacional, así lo sugiere.
Ahora bien, la postura antes esbozada, aunque justificable de cara a la agudización de la problemática en cuestión, implicaría rendirse, algo que no se debe hacer, por más apagones y bajones que ocurran a diario. Hoy, cuando escribo estas líneas, se celebra el Día del Abogado, junto a las felicitaciones y parabienes, circulan anhelos de justicia, de reivindicación gremial ante la sociedad venezolana.
Siendo que el sistema eléctrico nacional, específicamente la distribución y/o suministro de energía eléctrica está regulado por un marco legal, incluso de rango constitucional, el gremio de los profesionales del derecho, en particular el Colegio de Abogados, estaría en capacidad de incidir positivamente en el abordaje de esta problemática desde la sociedad civil.
Las deficiencias de la luz eléctrica, dicho así, coloquialmente, nos atañen y perjudican a todos. Queda claro que esas deficiencias, llámelas usted corte, apagón, bajón o fluctuación, acarrean daños, cada día mayores e incalculables. Como se trata de la prestación de un servicio, resulta obvio que existen responsables de esos daños. En este punto no sirve decir, el Estado Venezolano es el responsable. Insisto, dicho así, no sirve.
Lo correcto sería decir, el Estado Venezolano, en la persona de fulanito o “sutanito”, es responsable. Con una clara identificación de los responsables, sería posible ejercer acciones judiciales contra ellos. La activación del Colegio de Abogados, con base a este propósito, con determinación y entereza, contribuiría a sincerar la crisis eléctrica del país en orden a la búsqueda de soluciones efectivas, no paliativos.
Aunque suene ingenua esta propuesta, más ingenuo sería creer que el régimen hace esfuerzos para poner a tono el sistema eléctrico nacional.
El Colegio de Abogados, junto a numerosas víctimas, entre las cuales se contarían muchos de sus miembros, estaría en capacidad de aportar elementos de convicción para la determinación de responsabilidades en un universo de funcionarios públicos, cuya sola conducta encuadraría en diversos tipos penales, en función de las causas de las fallas eléctricas, las fallas mismas y los daños ocasionados por estas.
Sencillo, tratándose de la prestación de un servicio, quienes tienen la responsabilidad de prestar dicho servicio, deben responder por los daños ocasionados por la pésima prestación del mismo.
Elemental, la prestación de cualquier servicio, implica responsabilidades con los usuarios, con mayor razón si es un servicio público, como el servicio eléctrico nacional.
Esa es una máxima que parecieran desconocer en CORPOELEC, donde en lugar de asumir responsabilidades, las eluden olímpicamente, generando zozobra y desaliento en la sociedad.
En Barinas, donde la regla es que no haya luz eléctrica, y la excepción, contar con energía eléctrica, alguna responsabilidad ha de tener en esa notoria anomalía quienes detentan la dirección o gerencia de CORPOELEC a nivel estatal, de hecho la tienen, al igual que todos sus subordinados.
Luego, no sería aventurado interponer acciones legales contra ellos a nivel regional, independientemente de que se pudiesen iniciar acciones similares contra autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
En cada estado del país, con apoyo del Colegio de Abogados de cada entidad regional, se podría hacer lo mismo, a fin de que se determinen, por ejemplo, las responsabilidades penales, civiles y administrativas derivadas de la pésima prestación de un servicio que, según la constitución y la leyes, debe ser no sólo eficiente sino también satisfactorio para todos los usuarios, entiéndase, para todos los venezolanos.
El Colegio de Abogados de cada estado de esta tierra de gracia está en capacidad de impulsar este tipo de acciones, con las cuales se alcanzarían dos objetivos iniciales de gran valía:
1°) elevar el tono de las reclamaciones a causa de las deficiencias del sistema eléctrico nacional, insertándolas en el campo judicial, que de agotarse la vía nacional, pudiese llegar a instancias internacionales que igualmente comprometen la responsabilidad tanto del Estado como de los funcionarios a su servicio; y 2°) generar una dinámica social proactiva que incida en la búsqueda de solución a otras problemáticas sociales.
La propuesta que hago a la sociedad en general y al Colegio de Abogados en particular, encuentra su justificación en un hecho: Venezuela ha estado experimentando una crisis eléctrica durante varios años, lo que ha llevado a apagones frecuentes y prolongados en todo el país.
La crisis se debe a una combinación de factores, incluyendo la falta de inversión en infraestructura, el deterioro de la red eléctrica, la corrupción y la mala administración. Esta crisis ha afectado gravemente a la economía del país, impidiendo su recuperación y llevando a la pérdida de empleos y la disminución del poder adquisitivo de la población.
Además, la crisis también ha tenido un impacto negativo en la calidad de vida de los venezolanos, quienes se ven obligados a enfrentar las consecuencias de la falta de electricidad, como la falta de agua, la interrupción de los servicios de salud y la falta de acceso a la tecnología.
La crisis eléctrica en Venezuela se puede comparar con un cuerpo humano enfermo y debilitado por una enfermedad crónica. Al igual que una enfermedad crónica, la crisis eléctrica ha estado presente durante años, y su impacto se ha extendido gradualmente a diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos venezolanos, debilitando poco a poco la sociedad en su conjunto. Además, al igual que una enfermedad crónica, la crisis eléctrica requiere medidas a largo plazo para resolverla, ya que no se puede esperar que una solución rápida y temporal sea suficiente. Sin embargo, si se aborda adecuadamente y se toman las medidas necesarias, se puede lograr la recuperación y el fortalecimiento, tanto para el individuo como para la sociedad.
Colegas abogados, sociedad en general, víctimas todos de los apagones y bajones de electricidad, dejo abierto el debate en torno a esta iniciativa con sobrados fundamentos de hecho y derecho, especialmente los relativos al impacto de los daños ocasionados a la sociedad venezolana.
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