Paralizan contratos estatales con fundaciones pro Boric por presunto fraude
La Contraloría, dirigida por Jorge Bermúdez, emitió la orden de congelar los convenios a todas las divisiones regionales con el respaldo del jefe de la Dirección Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, ante la sospecha de delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias entre la fundación Democracia Viva y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda (Seremi) de Antofagasta
El gobierno del presidente, Gabriel Boric, no puede entregar un dólar más, a partir de hoy, a fundaciones de forma directa ni bajo ningún otro mecanismo. La Contraloría general ordenó congelar todos los convenios y contratos que implican traspaso de fondos públicos, tras el escándalo por las millonarias sumas desembolsilladas por el Ejecutivo a organizaciones aliadas.
El ente fiscalizador, dirigido por Jorge Bermúdez, emitió la orden a todas las divisiones regionales con el respaldo del jefe de la Dirección Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, ante la sospecha de delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias entre la fundación Democracia Viva y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda (Seremi) de Antofagasta, luego de la entrega de 426 millones de pesos, que es un equivalente a 530.000 dólares, sin el aval de la institución.
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El organismo persecutor también sumó a sus pesquisas, las transferencias hacia la fundación Urbanismo Social, otra organización que habría recibido 577 millones de pesos, es decir, 720.000 dólares, desde la llegada de Boric al poder.
Un conflicto sin presentes
La decisión de la Contraloría congelar los contratos estales con fundaciones es un zarpazo inédito contra la Moneda, considerando que ningún antecesor de Boric enfrentó una situación similar.
El mandatario izquierdista paga las consecuencias de haberse convertido en el jefe de Estado con mayores aportes otorgados a organizaciones, al acumular 479 millones de dólares en transferencias en sólo 15 meses de gobierno.
El ministerio de Vivienda (MINVU) es la cartera sobre la que se posan todos los radares, por el explosivo uso de la modalidad del “trato directo” que relegó a la “licitación privada”, la “compra ágil”, el “convenio marco” y la “licitación pública”.
Un reporte de ExAnte revela que apelando a ese mecanismo, el ministerio de Vivienda ejecutó el 46,6 % de sus operaciones financieras desde marzo del año pasado cuando Boric asumió la presidencia. La proporción representa 8490 millones de pesos del total de 18203 millones de pesos que se gastaron en 2022.
Bajo ese sistema de “trato directo”, el despacho del ministro Carlos Montes aprobó 481 órdenes de compra, mientras que las licitaciones públicas llegaron a un 43,1%, totalizando 356 órdenes de compra.
La tendencia sorprende a las autoridades, al compararla con la de otros mandatarios. En el caso del expresidente Sebastián Piñera, durante su segunda administración de destacan las cifras más bajas de “trato directo” en el MINVU, ya que para 2019 llegó a concentrar el 5 % de los montos otorgados, mientras que en el 2018 alcanzó el 8,7 %.
La forma no varió en sus últimos tres años de gobierno, donde predominó el método de licitación pública, con el cual transó el 65 % de los recursos en 2021.
Una mirada más atrás, al gobierno de Michelle Bachelet, también arroja que el “trato directo” en 2016 sólo se utilizó en el 12 % de las operaciones, mientras que en 2017 se llegó al 8,4%.
Una evidencia de peso
Con la Policía de Investigaciones ejecutando allanamientos a las sedes de las fundaciones en busca de evidencia y la Contraloría con sus radares encima, el excoordinador de la campaña del ‘Apruebo’ constitucional, Felipe Heusser, remitió una carta al Consejo para la Transparencia, donde admite que Democracia Viva percibió en recursos el contexto de la campaña para el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre.
En el documento reconoce que “había que encontrar otra organización social adscrita a la campaña Aprueba x Chile que pudiese ser receptora de las donaciones online con el fin de poder realizar gasto electoral y posteriormente rendirlo a Servicio Electoral”, debido a que la cuenta de la entidad principal había recibido ya el monto máximo permitido según la reglamentación del Servicio Electoral que asciende a 140 millones de pesos.
Heusser es un aludido en medio de las pesquisas, considerando que milita en el partido Revolución Democrática, tolda a cargo de la fundación Democracia Viva. Sin embargo, su carta, en lugar de aclarar, complica los vínculos.
Si bien en la misiva mencionó que la fundación había recibido 51 millones de pesos en donaciones online, e informado gastos electorales mediante, facturas, el balance consignado por Democracia Viva ante el Servicio Electoral sólo declaró 31,5 millones de pesos, 20 millones menos que lo señalado en la carta. ¿Qué pasó? No lo sabe. Deja la responsabilidad de aclarar a la fundación de sus compañeros de partido.
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