Fiscalía acelera investigación por financiación ilegal de la campaña de Petro
La Fiscalía colombiana remitió este martes a la Corte Suprema de Justicia la indagación por cuatro casos abiertos contra el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, y acto seguido expidió órdenes de policía judicial al CNE en las que pide el traslado de toda la información relacionada con las cuentas de la campaña de Petro
Al perder el fuero diplomático tras dejar el cargo de embajador en Venezuela, Armando Benedetti queda bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por cuatro casos, entre los que destaca el relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro que lo llevó a la Presidencia.
La Fiscalía General de la Nación informó este martes en una nota de prensa que remitió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cuatro procesos distintos por los que está siendo investigado Benedetti. Adicionalmente, la Fiscalía expidió órdenes de policía judicial al Consejo Nacional Electoral (CNE) en las que solicita que se traslade al órgano acusador toda la información relacionada con las cuentas de la campaña de Petro, según informó RCN.
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El caso que tiene que ver con la “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas” es el más reciente de los cuatro remitidos por la Fiscalía a la Corte Suprema. Este se abrió tras divulgar la revista Semana unos audios de WhatsApp en los que el exdiplomático mencionó a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, haber conseguido 15.000 millones de pesos (3,4 millones de dólares) para la campaña presidencial de Petro del año pasado.
Se mantiene firme citación a Benedetti para declarar
A pesar de que la Fiscalía remitió la indagación de los cuatro casos a la Corte Suprema, mantiene firme la citación para que el exembajador rinda declaración el próximo jueves 3 de agosto sobre el presunto aporte de 15.000 millones de pesos a la campaña de Petro que no fueron reportados.
El segundo caso (primero en aparecer en la nota de prensa de la Fiscalía) es por “enriquecimiento ilícito de servidor público”. El tercero es por “delitos contra mecanismos de participación democrática”, relacionado con la “presunta financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares”. Y el cuarto por “interés indebido en la celebración de contratos”, caso que está asociado con la presunta “desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)”.
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