CIDH insta al gobierno de Maduro a liberar presos políticos e investigar torturas
TCDLa CIDH también solicitó al Estado venezolano que garantice la participación política sin discriminación. Esto relacionado a las medidas de inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República a varios opositores, entre ellos María Corina Machado, la vencedora de las primarias opositoras del domingo 22 de octubre
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este lunes 23 a la administración de Nicolás Maduro que libere a todos los presos políticos en el país y además investigue «con debida diligencia» las torturas y malos tratos denunciados.
En un tuit, la CIDH reconoció la excarcelación de cinco presos políticos el pasado 18 de octubre, producto de una negociación entre la administración Maduro y un sector de la oposición, además de una serie de licencias otorgadas por Estados Unidos para permitir operaciones venezolanas relacionadas al gas, petróleo y minería.
El organismo regional señaló que, en primer lugar, estas detenciones se registraron «en un contexto de cierre del espacio cívico, restricciones a la participación política y ausencia de Estado de derecho».
Los liberados fueron Roland Carreño, Juan Requesens, Marco Garcés Carapaica, Mariana Barreto y Eurinel Rincón. El Foro Penal Venezolano señaló que en el país hay 270 presos políticos, de los cuales al menos 50 tiene graves padecimientos de salud como Emirlendris Benítez, Guillermo Zárraga, Javier Tarazona o Igbert Marín Chaparro.
La CIDH también solicitó al Estado venezolano que garantice la participación política sin discriminación. Esto relacionado a las medidas de inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República a varios opositores, entre ellos María Corina Machado, la vencedora de las primarias opositoras del domingo 22 de octubre.
La Comisión ha insistido en que estas medidas administrativas contra candidatos opositores y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, sino que «resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país. La Comisión Interamericana recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos»
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