Denuncian crisis en Poder Judicial Tachirense: Conflictos jurisdiccionales en Tribunales Civiles y Penales
Solicitarán a la brevedad inmediata una inspección y vigilancia inmediata a la Inspectoría General de Tribunales, Dra. Gladys Requena.
Se trata del desacato a un juez civil por parte de una juez penal, quien ordena la restitución de un inmueble con pleno conocimiento de que existe un interdicto de amparo a favor de la querellante, constituyendo un delito enjuiciable de oficio por parte del Fiscal Superior Dr. Alejandro Celis Rojas contra la Juez que desconoce el mandato de un tribunal civil vigente.
(Reporte especial de Robert Alvarado. Táchira 24/10/23)
Quien así nos lo mencionó fue la ciudadana Isoleth Andrade de Gorrín, en compañía de su abogado defensa técnica Abg. Nery de Pazzy Sánchez, luego de un acto de imputación fiscal en sede jurisdiccional que se celebró en el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en el cual se imputó el delito de invasión, a sabiendas que es una poseedora pacífica de un inmueble, amparada por un decreto o interdicto de amparo por perturbación a su favor.
Calificó como un conflicto jurisdiccional entre el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil a cargo del Abg. José Agustín Pérez Villamizar, quien decretó a favor de la ciudadana Isoleth Andrade de Gorrin, interdicto provisional de amparo por perturbación a la posesión, el cual se mantiene vigente con todos los efectos jurídicos y la decisión o acto interlocutorio ejecutado arbitrariamente por la Juez Quinta en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Abg. Neyda Angélica Tubiñez Contreras, quien en el mismo inmueble y por ser un hecho notorio, público y comunicacional que el juez civil competente por la materia, había decretado la protección cautelar constitucional, fue desconocido mediante un acto arbitrario de abuso de poder a solicitud de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Táchira, en una audiencia de imputación fiscal en sede jurisdiccional celebrada en el Palacio de Justicia en el día de hoy, donde se imputa inexplicablemente por el delito de Invasión a una justiciable que tiene a su favor un decreto cautelar de protección con un interdicto en la jurisdicción ordinaria, atentando esta decisión contra los principios de seguridad jurídica, expectativa plausible y confianza legítima en las instituciones.
De igual forma, nos comentó en un tono airado, molesto, desesperado y sorpresivo con la decisión tomada en la Audiencia de Imputación, la ciudadana Isoleth Andrade de Gorrin, que constaba en el expediente penal N° SP01-P-2023-011900, que se había consignado el decreto a su favor de interdicto de amparo vigente hasta la fecha, en un acto arbitrario constitutivo de error inexcusable de derecho por parte de la juzgadora Abg. Neyda Angélica Tubiñez Contreras, quien a solicitud de la Fiscal Séptimo del Ministerio Público del Estado Táchira Abg. Idania Arenas González, decretó para generar un conflicto dentro del inmueble, una restitución de la posesión en un inmueble a una ciudadana que no lo habita desde hace más de 20 años.
Esta situación debe y va a ser denunciada ante la Inspectoría General de Tribunales para que ordene de inmediato una inspección y vigilancia en el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, expediente SP21-P-2023-011900, donde con la decisión que en el día de hoy se asumió en este Tribunal, la cual va a ser apelada de inmediato ante la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, porque la misma por ser arbitraria en abuso de poder de la Juez, que desconoció la sentencia civil, no puede ser acatada por ningún órgano de investigación penal y policiales del Estado Táchira, ya que estamos ante un mandamiento de ejecución inconstitucional por abuso de poder, y quien lo ejecute a sabiendas de que el mismo viola la Constitución, se hace responsable civil, penal y administrativamente por los actos.
Para concluir, nos dice la querellante en la jurisdicción civil, que tiene a su favor y está protegida por un interdicto, que esta decisión en la Audiencia de Imputación por parte de la Juez Abg. Neyda Angélica Tubiñez Contreras, desconoce no solo la decisión judicial del interdicto en sede civil, sino que insta al Fiscal Superior del Estado Táchira, Dr. Alejandro Celis Rojas, así como al Fiscal General de la República Dr. Tarek Williams Saab, así como a la Presidente de la Comisión Judicial del TSJ, Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, para que tenga pleno conocimiento de la situación de conflicto entre Tribunales civiles y penales que impera en el estado Táchira, que con la acta de audiencia que suscribió la Fiscal Séptima del Ministerio Público Abg. Idania Arenas González, de esta Circunscripción Judicial, se proceda a iniciar una imputación por desacato judicial ante la Fiscalía Superior contra la Juez Abg. Neyda Angélica Tubiñez Contreras, por haber desacatado el mandato judicial del Juez Civil de fecha 31 de Julio de 2023, expediente 23.446-2023, donde se decretó a favor de mi persona un interdicto hasta que exista sentencia definitivamente firme.
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