La Cidh rechazó la investigación de la Fiscalía sobre la primaria
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) rechazaron este viernes la investigación penal emprendida por la Fiscalía del gobierno de Nicolás Maduro. Contra la primaria de la oposición. Y pidieron al Gobierno nacional que “no criminalice las iniciativas de participación ciudadana”.
“Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana”, detalló el ente internacional en un comunicado de prensa.
Destacó “la importancia” de los acuerdos alcanzados la semana pasada en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en Barbados. Advirtiendo que para que “los diálogos contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024”.
La Cidh y la Rele dijeron estar al tanto de la investigación penal emprendida por la Fiscalía, que citó para el lunes a la directiva de la Comisión Nacional de Primaria (CNP). Para que declaren en calidad de “investigados”, y rechazó esta acción “no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política”.
Además, señalaron que en Venezuela “persisten” las “restricciones arbitrarias” a la participación política de opositores, la “persecución” por motivos políticos y las “iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil”.
La comisión y su relatoría subrayaron la relación entre los derechos políticos y la libertad de expresión y destacaron que, en el país, en lo que va de 2023. Al menos nueve radios cesaron sus transmisiones “por órdenes administrativas” y, además, se han “censurado” temas, programas y entrevistados.
“El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, insistió.
Con información de EFE
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