¿Cuál fue la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2023?
- Detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales siguen siendo problemas persistentes en el país que alarman al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro también mantiene sistemáticamente restricciones a la libertad de expresión, la disidencia política y el acceso de servicios públicos
19 · 12 · 2023
Alo largo del año 2023, diversas organizaciones nacionales e internacionales se han dedicado a registrar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha firmado varios acuerdos y compromisos, además de enfrentar una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), todavía se evidencian en el país diferentes tipos de atropellos y acciones que no parecen dar señales de una mejoría.
Por violación de los derechos humanos se considera cualquier medida, acción u omisión que cometa un Estado y que atente contra los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pacto, suscrito en 1948, forma la piedra angular de las garantías básicas que un ser humano puede tener, y que son promovidas y evaluadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de múltiples mecanismos.
En los últimos años, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado considerablemente, sobre todo bajo el régimen de Maduro. Esto ha llevado a que, desde 2019, el país esté bajo la lupa de diferentes organismos dependientes de la ONU como el Alto Comisionado para los DD HH, el Comité de Derechos Humanos. Incluso se creó una Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela para hacer seguimiento de la violación sistemática de garantías que comete el Estado venezolano.
A continuación, El Diario presenta algunas de las violaciones de derechos humanos significativas documentadas por organizaciones y activistas durante el año 2023.
Presos políticos
De acuerdo con la organización Foro Penal, hasta el 11 de diciembre se registraron 276 presos políticos en Venezuela. Del total, 128 son civiles y 147 militares. Igualmente, 139 están en prisión sin poseer una condena, además de otras 9.000 personas que, pese a ser excarceladas, aún siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad como el régimen de presentación.
En su Reporte sobre la represión política en Venezuela, la organización señala que entre enero y octubre de 2023 contabilizó 15 detenciones por razones políticas en el país. Si se suman las ocurridas en noviembre y lo que va de diciembre, la cifra sube a 19. Destacó que la mayoría de estos arrestos se realizaron contra líderes sindicales, en el contexto de las protestas de trabajadores de diferentes gremios por mejores sueldos y condiciones laborales.
El reporte mencionó el caso de cuatro sindicalistas de la empresa básica Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, quienes fueron detenidos en enero durante una manifestación en la planta. Luego, en febrero, ocho campesinos del estado Lara, fueron arrestados por protestar contra un presunto descenso artificial del precio del saco de café en el municipio Andrés Eloy Blanco. Luego, otros dos sindicalistas de Sidor fueron secuestrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en junio.
Otro caso importante ocurrió el 1° de agosto, cuando la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a seis sindicalistas. Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín habían sido detenidos en julio de 2022 por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) el cual limita la escala salarial de trabajadores públicos como docentes o personal de salud.
El caso más reciente fue el de Roberto Abdul, presidente de la asociación civil Súmate y miembro de la Comisión Nacional de Primaria. Abdul fue detenido el 6 de diciembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Alfredo Romero, director del Foro Penal, denunció el 8 de diciembre que el Tribunal 4to de Terrorismo celebró la audiencia de presentación de Abdul dentro de la sede del Sebin en El Helicoide, sin notificarle a sus abogados ni familiares, lo cual supone una violación del debido proceso.
Torturas y desapariciones
Entre el 10 y 11 de octubre, Venezuela recibió la visita de funcionarios del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Allí celebró algunos avances como la prohibición de juzgar a civiles en tribunales militares o las leyes para prevenir el abuso a niños y adolescentes. Sin embargo, lamentó que el Poder Judicial todavía se niega a acatar e incorporar las recomendaciones del pacto, y que pese a su disposición a colaborar, la Defensoría del Pueblo sigue sin cumplir con los estándares internacionales de una institución de su tipo.
En su informe, el comité expresó su preocupación por las denuncias de desapariciones forzadas practicadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Igualmente los casos de detenciones arbitrarias, donde por lo general ocurren desapariciones de corta duración. Muchas veces porque los mismos funcionarios niegan a familiares y abogados información sobre el lugar de reclusión del detenido, así como el uso de centros clandestinos para torturas e interrogatorios.
Un caso que cobró relevancia fue John Álvarez, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que fue detenido el 23 de agosto por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los familiares y amigos desconocían el paradero del joven hasta el 30 de agosto, cuando los oficiales notificaron a los abogados que estaba recluido en un comando policial.
Posteriormente los familiares de Álvarez denunciaron que durante esos días que estuvo desaparecido, fue sometido a interrogatorios en los que sufrió diferentes tipos de torturas, como descargas eléctricas en los testículos, o golpes con un bate mientras estaba envuelto en una colchoneta. Un examen médico practicado a finales de septiembre por el Ministerio Público confirmó que Álvarez había perdido la visión en el ojo izquierdo, además de presentar lesiones en la pierna derecha e inflamación en el riñón izquierdo.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro elemento que destacó la ONU en su evaluación fue la persistencia de las ejecuciones sumarias por parte los organismos de seguridad en operativos especiales. “Preocupa la alarmante impunidad en relación con los casos denunciados y lamenta profundamente que la delegación haya negado esas denuncias y criticado las fuentes de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité”, señala.
El proyecto Lupa por la Vida, creado por Provea y el Centro Gumilla, documentó al menos 355 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante el primer semestre de 2023. Más del 90 % de las víctimas fueron hombres de entre 18 y 35 años de edad de sectores populares. En el 63,66 % de los casos los cuerpos pudieron ser identificados.
A pesar de que por mandato de la ONU se disolvió la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la PNB sigue siendo el organismo involucrado en más ejecuciones, con 96 casos (27,04 %). Le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 67 casos y cuerpos militares con 63. Cierran las policías estatales y municipales, con 62 casos.
Carabobo fue el estado donde se registró mayor número de ejecuciones (68), seguido por Zulia (61) y Miranda (60). En otras entidades como Aragua hubo una reducción significativa de casos de 105 en 2022 a 33 este año. No obstante, Lupa por la Vida aclaró que la reducción en los asesinatos podría estar motivada más por la preocupación del Estado venezolano de quedar bien ante la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI), que a una voluntad real por parte de sus instituciones.
Derechos políticos
Durante el año 2023 se evidenció un retroceso en las garantías políticas en Venezuela. A pesar de la firma del Acuerdo de Barbados, que promovía temas como la liberación de presos políticos y el levantamiento de la inhabilitaciones contra dirigentes, lejos de cumplir su palabra, el régimen de Maduro intensificó estas prácticas.
Un ejemplo de esto es la inhabilitación de la líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado. El 30 de junio, el diputado vinculado al oficialismo José Brito informó que la Contraloría General del régimen dictó una medida administrativa que inhabilitaba a Machado para postularse y ocupar cargos públicos por 15 años. Esto precisamente luego de inscribirse para las primarias opositoras.
La persecución también se extendió contra el propio proceso de primarias. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó dejar sin efecto los resultados de la elección, en los cuales ganó Machado. En simultáneo, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció una investigación contra la CNP por presunto fraude, por lo que sus miembros, entre ellos Roberto Abdul, debieron acudir al día siguiente al Ministerio Público a declarar.
El mismo día de la detención de Abdul, el fiscal Saab había dictado órdenes de captura contra él y 10 dirigentes políticos opositores, además de dos ciudadanos estadounidenses y dos exministros oficialistas. Bajo cargos de traición a la patria y conspiración, entre otros, imputó a políticos que ya estaban en el exilio como Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges o Rafael Ramírez.
También apuntó contra coordinadores del equipo de Machado, específicamente de Pedro Urruchurtu, Henry Alviarez y Claudia Macera, siendo uno de los mayores actos de persecución contra Vente Venezuela por parte del régimen hasta la fecha.
Discriminación
Un avance que reconoció el Comité de DD HH en su examen anual fue la derogación del artículo 565 del Código de Justicia Militar. Este fijaba una pena de entre uno y tres años de prisión, así como la baja deshonrosa de la Fuerza Armada, para aquellos militares que tuvieran relaciones con alguien de su mismo sexo.
Sin embargo, el comité reiteró su preocupación ante las denuncias de actos de discriminación, violencia e incitación al odio contra personas del colectivo LGBTIQ+. Principalmente resaltó la inacción del Estado ante estos casos, así como la ausencia de leyes que reconozcan el derecho a la identidad de las personas transgénero, o de reconocimiento jurídico y de protección para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales.
De hecho, durante el primer semestre de 2023, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ registró 154 casos de agresiones contra la comunidad sexodiversa en el país. Si bien allí se contabilizan actos de individuos o establecimientos privados, destaca que de los 251 agresores registrados, la mayoría eran hombres “funcionarios del Estado o figuras públicas”.
Un ejemplo de esto ocurrió en Valencia, estado Carabobo, el 24 de julio. Funcionarios de la PNB allanaron un club en el que se realizaba una reunión privada y detuvieron a 33 hombres, en su mayoría homosexuales. Posteriormente diferentes voceros de cuerpos de seguridad e instituciones del Estado, así como medios de comunicación, expusieron las identidades de los implicados y los sometieron al escarnio público, al calificar la fiesta como “una orgía con VIH”.
Diferentes activistas de los DD HH cuestionaron el procedimiento y condenaron el atropello contra los detenidos. Especialmente pues se trataba de un evento privado, en un recinto cerrado y donde todos los participantes eran mayores de edad y estaban allí con consentimiento. Inicialmente se les intentó imputar cargos por “ultraje al pudor” y contaminación sónica, pero ante la presión mediática el caso finalmente recibió un sobreseimiento. Aun así, quedó como un ejemplo de la homofobia y arbitrariedad por parte del Estado y sus cuerpos policiales.
Libertad de expresión
Una constante en Venezuela en los últimos años son los ataques contra la prensa y medidas que atentan contra la libertad de expresión. La organización Espacio Público registra, entre enero y noviembre, 349 violaciones de este tipo en el país. En su mayoría, las víctimas fueron periodistas, a quienes se les impidió realizar su trabajo por parte de funcionarios públicos, además de recibir hostigamiento, amenazas y agresiones durante su cobertura.
En su informe sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión e información entre enero y agosto, se reflejó un aumento de 3 % de los casos respecto al primer semestre de 2022. Del total de violaciones en estos primeros meses, el 27 % de los casos fueron intimidación a periodistas y reporteros. El 25 % (66 registros) fueron actos de censura, en parte debido a fallas eléctricas y de telecomunicaciones que provocaron caídas en el acceso a Internet.
Después de agosto, Espacio Público reportó que el mes de septiembre tuvo el mayor pico de casos, con 37, mientras en octubre se registraron 35 casos y 16 en noviembre. Destaca en este periodo el cierre de emisoras radiales como Class 98.7 FM en Cojedes, o el bloqueo de portales digitales como La Gran Aldea y El Carabobeño.
Por su parte, la organización Redes Ayuda presentó el 11 de diciembre su informe Voces censuradas: cuando la realidad contradice al poder. Allí recogió diferentes acciones restrictivas por parte del régimen contra el espacio físico y digital en 2022 y 2023. De los casos ocurridos este año, destacó las campañas de hostigamiento en redes sociales, como las que ocurrieron contra periodistas como Roberto Déniz y Melanio Escobar por parte de grupos organizados vinculados al oficialismo.
También las campañas de desinformación durante de las primarias opositoras, donde se crearon cuentas y canales en plataformas como YouTube para promover información falsa o manipulada sobre los centros de votación o sus candidatos, para así entorpecer el proceso. La organización documentó un sistema similar, aunque con propósito diferente, para el referendo consultivo sobre el Esequibo del 3 de diciembre. En este caso, se usó la imagen de artistas sin su consentimiento para fingir que apoyaban la votación.
Derechos fundamentales
Las violaciones a los derechos humanos no siempre representan acciones represivas o discriminatorias por parte del Estados. Su vulneración también puede venir o por la omisión o negación de otras garantías establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el acceso a la educación, a la identidad, a fuentes de agua potable y, en general, a una vida digna.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos da cuenta de las carencias que la ciudadanía sufre para acceder a servicios fundamentales como el agua y la electricidad. Entre enero y septiembre, el servicio eléctrico fue el que presentó más fallas en el país, destacando el mes de julio, cuando se registraron apagones en 14 estados del país. Además de registrarse un aumento del 25 % de las fallas respecto al primer trimestre.
Por su parte, el agua se mantuvo como el segundo servicio con más fallas, en especial en el primer trimestre del año, cuando acumuló el 29,2 % de las incidencias en general. En entidades como Caracas, Monagas, Zulia y Aragua se reportó hasta 20 días continuos sin servicio en sectores populares. Esto principalmente por averías en estaciones de bombeo y tuberías, destacando la paralización en junio del Sistema Tuy II por un corte eléctrico.
Finalmente, la organización Caleidoscopio Humano, junto a Monitor Descave, presentaron el 30 de noviembre su informe Educación en crisis, en el cual se advierte que Venezuela tiene actualmente su tasa de escolaridad más baja desde 2014, con 63 de cada 100 estudiantes de entre 3 y 24 años de edad en centros educativos. Entre las razones de este declive, apunta a que más del 50 % de los docentes han abandonado las aulas, sobre en la educación inicial y primaria, debido a las pésimas condiciones laborales.
Esto sumado al mal estado de las infraestructuras, carencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), hasta razones externas, como dificultades de las familias para costear los útiles o pagar el transporte.
EL DIARIO
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