La “justicia del trabajo” debería ser el derecho a conseguir un empleo y trabajar
La Cámara del Trabajo hizo lugar al reclamo de la CGT y congeló las reformas laborales del DNU de Javier Milei. Una pésima noticia para la tan necesaria reactivación económica.
Marcelo Duclos PANAM POST 
Como era de esperar, el sindicalismo argentino interpuso un amparo ante la justicia laboral para impugnar el título IV del Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el Poder Ejecutivo. La Sala de Feria, integrada por los jueces Alejandro Sudera y Andrea García Vior, consideró por mayoría que “no se explica cómo las reformas planteadas podrían remediar la situación referida a la creación de empleo formal”. Como si esto fuera poco, justifica esta apreciación diciendo que el propio decreto “reconoce que se encuentra estancada hace doce años”.
Esta conclusión deja en evidencia la ignorancia supina en materia económica de los magistrados, que asocian el tiempo del estancamiento del crecimiento laboral a una necesidad de un lapso también extenso para su corrección. Deberían ver como de la noche a la mañana están apareciendo las propiedades en alquiler, terminando de un plumazo con el desastre que generó la nefasta ley de alquileres. Podrían ver también algo de historia, con el episodio del denominado “milagro alemán”, que en realidad no fue ningún milagro. Simplemente se activaron los resortes del mercado, al eliminar los controles de precios que regían a la economía de la maltrecha alemana de la posguerra.
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Seguramente los jueces Sudera y Vior, desde sus cómodos despachos del Poder Judicial y sus jugosos sueldos que tributan menos que el resto de los mortales, consideran que no hay ninguna “necesidad y urgencia” de reactivar el mercado laboral. Lo cierto es que muchos argentinos que necesitan conseguir un empleo o salir de la informalidad (que, por lo visto en las elecciones votaron a Javier Milei) piensan distinto.
Como si este fallo corporativo a pedido del gremialismo no fuera suficiente, las justificaciones del mismo por parte de los abogados laboralistas se están haciendo en nombre de Juan Bautista Alberdi, el liberal que sentó las bases para la Constitución Nacional. Recordando de forma inédita al prócer argentino, le piden al presidente que lleve la normativa al Congreso, en nombre de la República y la división de poderes. Claro que no se acordaron del tucumano cuando se votaron todas las leyes que contradicen la Carta Magna, que reconoce el derecho a la libre asociación y al libre comercio. Todas las normativas mal llamadas de los “derechos laborales” fueron la tierra sobre la que enterraron la Constitución liberal, que hoy hipócritamente dicen defender.
Si Argentina sigue con sus leyes laborales inspiradas en el fascismo italiano, lo único que veremos a futuro es la profundización de la crisis actual: cada vez menos empleo formal y con salarios en caída libre. Los únicos que no tienen estos problemas son los sindicalistas atornillados en sus cargos, que viven una vida de opulencia, muy diferente a la de los trabajadores que dicen representar.
No hace falta ser economista para entender que mientras más cara y riesgosa sea la contratación, menos fuentes de trabajo se van a crear en el país. Aunque esto es bastante evidente, algunos jueces parece que tienen problemas de comprensión. En el caso que no estén velando directamente por otros intereses, claro.
Lógicamente, el Poder Ejecutivo apelará a la Corte Suprema. Veremos si el máximo tribunal comprende la gravedad de la situación económica y falla en favor del sentido común. Nadie les pide que lo hagan salteando al Poder Legislativo, sino que repasen los derechos y garantías de la Constitución, que no es otra cosa que a lo que el DNU de Milei apunta. En caso que la pelota vaya al Congreso, veremos cómo esta conformación atomizada responde. Si deciden inclinarse por el verdadero derecho a trabajar o si continúan en la senda de los falsos derechos de los trabajadores, que son como los productos de los Precios Cuidados del kirchnerismo. Suenan muy lindo, pero no existen en la realidad.
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