La privatización resuelve el problema de los cierres de carreteras
Para cerrar las carreteras habría que obtener el permiso de los propietarios de las vías privadas. El gobierno, aunque propietario de facto de las carreteras, no es el propietario legítimo
Hace poco, mientras viajaba, me encontré con un atasco terrible. Sin que yo lo supiera, acababa de terminar la graduación de otoño de la Universidad de Virginia Occidental, y me vi atrapado en medio de la corriente aparentemente interminable de padres, familiares y amigos que abandonaban la ceremonia. Para hacer frente a este problema, la ciudad de Morgantown cerró carriles y los reservó para uso exclusivo de los asistentes a la graduación. Aunque la ciudad puede haber hecho un buen trabajo de gestión del tráfico, esto plantea una pregunta interesante: ¿Cómo se gestionarían los cierres de carreteras en un mercado libre?
Una cosa está clara: el gobierno no tendría autoridad para cerrar carreteras. Puede que el ejemplo anterior no sea el peor caso de gestión gubernamental, pero es fácil pensar en otros. Las carreteras se cierran todo el tiempo para renovarlas. Por ejemplo, una carretera del municipio de Allegheny, Pennsylvania (Ruta 356), estuvo cerrada durante tres años por numerosas renovaciones aparentemente innecesarias.
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Además, como en el ejemplo de la graduación de la Universidad de Virginia Occidental, los gobiernos locales cierran carreteras para los desfiles. Un ejemplo que se me ocurre es el cierre de una parte de la carretera estatal 56 de Pensilvania para que los estudiantes de último curso pudieran desfilar hacia su graduación. Más famoso es el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que requiere el cierre de un gran tramo de la transitada Manhattan.
Estos son sólo algunos ejemplos, pero estoy seguro de que al lector se le ocurrirán muchos otros. Los desfiles, las fiestas de barrio y las protestas, que requieren el corte de una carretera, son otros casos populares. El gobierno no tendría ninguna autoridad para cortar las carreteras para cualquiera de estos eventos. ¿Quién podría hacerlo? Los legítimos propietarios de la carretera. Como defiende Walter Block en The Privatization of Roads and Highways, los principios de la libre empresa deberían aplicarse a las carreteras, convirtiendo así estos asuntos en una cuestión privada.
Ya sea una gran empresa de carreteras, una organización comunitaria o un propietario colindante, las carreteras serían propiedad y estarían bajo el control de entidades privadas, y el gobierno no tendría derecho alguno a cerrar las carreteras para actos sentimentales como procesiones o actividades recreativas como desfiles o fiestas de barrio, y definitivamente no habría derecho a que los no propietarios se reunieran en la carretera y protestaran. No hay derecho a reunirse en una propiedad privada ajena.
Para cerrar las carreteras habría que obtener el permiso de los propietarios de las vías privadas. El gobierno, aunque propietario de facto de las carreteras, no es el propietario legítimo. Las carreteras se construyen a partir de pagos involuntarios de los contribuyentes. El gobierno no es el verdadero propietario. Los contribuyentes o apropiadores originales son los propietarios de las carreteras; por lo tanto, los gobiernos no pueden conceder permiso para utilizar las carreteras a partes que los verdaderos propietarios no consienten.
Una vez más, habría que obtener el consentimiento de los propietarios privados, y varios factores podrían influir en esta decisión. El beneficio de cerrar las carreteras durante el tiempo que sea tendría que ser mayor que el coste. Para una empresa privada de carreteras, los ingresos deben ser superiores a la pérdida de ingresos por peaje atribuible al cierre de la carretera. El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s podría reportar más ingresos a los propietarios de la carretera privada, por lo que podrían justificar el cierre de la vía, pero las procesiones de graduación de los institutos probablemente no serían tan rentables.
Puede que los propietarios de la carretera se sientan caritativos y cedan a una organización sin ánimo de lucro o a los estudiantes de bachillerato el uso de la carretera durante un periodo de tiempo, o puede que obtengan beneficios de que haya un desfile en la carretera. Sea cual sea el caso, el cierre de la carretera vendrá determinado por quién pueda obtener un acuerdo voluntario del propietario legítimo y, en el caso de las empresas de carreteras, esta decisión estará muy influida por los beneficios y las pérdidas monetarias.
En consecuencia, el bienestar del conductor (el consumidor de la carretera) estará mejor satisfecho que con el sistema actual. Al margen de algunas encuestas de opinión pública, los políticos/burócratas encargados de tomar la decisión de cerrar la carretera lo hacen sin saber cómo afectará al bienestar del consumidor.
Además, si los consumidores realmente quieren cerrar la carretera para un desfile o una fiesta de barrio, no habría ninguna regulación gubernamental. Lo único que tendrían que hacer es encontrar a algunos propietarios de carreteras en algún lugar, tal vez sus vecinos, y convencerles de que cierren su tramo de carretera durante el tiempo suficiente. En un sistema de mercado, se determinarán los mejores momentos para cerrar las carreteras, y se elegirán las mejores en función del precio y la accesibilidad.
Esto resuelve varios conflictos. Por ejemplo, los ayuntamientos suelen discutir sobre los actos para los que deben cerrar la calle. En mi ciudad, un comité de eventos locales quería celebrar una fiesta en la calle, pero el gobierno local no se mostró muy receptivo. Habrían tenido que cerrar la calle y derogar una ordenanza que prohibía el consumo público de alcohol. En un sistema de calles privatizadas, los propietarios individuales tendrían la autoridad exclusiva de aprobar los cierres de calles. Además, no habría prohibiciones de actividades como el consumo de alcohol, ya que la carretera sería propiedad privada del propietario y no estaría sujeta a la normativa de los terrenos públicos.
Las carreteras deberían privatizarse. Esta sería la mejor manera de resolver los conflictos sobre las carreteras públicas, y cedería la autoridad sobre las carreteras a los propietarios legítimos: las víctimas del gobierno y/o los apropiadores originales de esa tierra. En estas condiciones, los beneficios y pérdidas asociados al cierre de carreteras determinarían si una carretera se cierra o no por cualquier acontecimiento. En última instancia, esto serviría a los propietarios privados y a los consumidores de carreteras mejor que el sistema actual.
Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.
Benjamin Seevers es estudiante de doctorado en economía en la Universidad de West Virginia y tiene una licenciatura de Grove City College.
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