CIDH condena expulsión de equipo técnico de la ONU y solicita revertir la decisión
Al mismo tiempo, el organismo solicita la anuencia al Estado venezolano para realizar una visita al país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en el país.
El organismo señala en un comunicado de prensa que tal decisión del gobierno madurista evidencia un “rechazo” al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, y representa un caso más de incumplimiento a las obligaciones adquiridas con organismos internacionales.
“La reciente decisión de suspender las actividades de la Oacnudh evidencia su rechazo al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que es particularmente grave en un país caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de Derecho”, suscribe el texto publicado en su página web.
Además, la CIDH exhortó a la administración de Maduro a “revertir de manera inmediata” la decisión.
«La Comisión exhorta a Venezuela a revertir de manera urgente esta decisión, reanudar actividades con la Oacnudh y liberar inmediatamente a la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, demostrando con pruebas tangibles su compromiso con los derechos humanos y a favor de una reconstrucción democrática», explica.
Al mismo tiempo, solicita la anuencia al Estado para realizar una visita al país y reitera que mantendrá un compromiso indeclinable de diálogo con el Estado, y con promover y proteger los derechos humanos, especialmente de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por otra parte, destaca que la comisión ha documentado en las últimas semanas casos de detenciones arbitrarias que aumenta la preocupación de los organismos internacionales sobre la situación de derechos humanos en la nación.
Ante esto, reiteró el llamado al Estado venezolano a garantizar el derecho a la vida e integridad personal de las personas detenidas, así como cumplir con las medidas adecuadas para las condiciones carcelarias.
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