domingo, 3 de marzo de 2024

 

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En las últimas tres semanas el país ha sido azotado por una peligrosa vorágine contra los Derechos Humanos. Desde el anuncio oficial de Nicolás Maduro de relanzar el plan «Furia Bolivariana», las autoridades venezolanas han acelerado los actos de criminalización, persecución y arrestos arbitrarios contra dirigentes políticos y activistas sociales.

La escalada represiva tuvo un punto de inflexión tras la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y luego de la expulsión, anunciada por el canciller Yván Gil, del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Sobre el impacto de estas decisiones, conversamos con Jimena Reyes, directora de la Oficina de Las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización que ha seguido de cerca la crisis venezolana.

 La detención de Rocío San Miguel parece trazar el signo de una nueva escalada represiva contra los defensores de Venezuela. ¿Qué reflexión hace la FIDH sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela? ¿Crees que definitivamente estamos entrando en una espiral similar a la de Nicaragua? ¿Cuáles serían las consecuencias si entramos en ese escenario?

La FIDH está muy preocupada por la situación actual de Venezuela, y si bien es cierto que cada país tiene su propia historia y dinámica, hay importantes similitudes entre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo ocurrido en Nicaragua desde el 2018.

Primero con el cierre del país, el relacionamiento con la comunidad internacional y en particular con los mecanismos de protección de los derechos humanos, pues el régimen de Ortega-Murillo decidió declarar personas no gratas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba en Nicaragua en ese momento y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y aquí tenemos a un régimen que le está dando 72 horas a la oficina del Alto para que sus funcionarios salgan.

Luego también con la ley sobre financiamiento y actuación y mandato de las ONG que se ha aprobado en primera lectura hace unos días en Venezuela que es muy similar, que lo único que hace es copiar y pegar de la ley nicaragüense.

En Nicaragua esa ley tuvo como consecuencia el cierre, la pérdida de la personería jurídica de miles de ONG en Nicaragua, y fue el emblema de la desaparición de la libertad de asociación y de la sociedad civil en ese país. Esperemos que Venezuela no vaya en esa dirección, pero es muy preocupante esa legislación.

Con información de Provea

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