Las pensiones, ¿una ley atropellada resolverá los problemas de la tercera edad?
Hemos envejecido como pueblo. Y la larga crisis del país golpea especialmente a la tercera edad. ¿La nueva ley de pensiones es la solución?
Es necesaria una política pública nacional para las personas de la tercera edad. Es exigencia de la justicia, mandamiento constitucional e imperativo de la realidad.
La emigración de cerca de ocho millones de venezolanos, según cifras de ACNUR, la agencia especializada de Naciones Unidas, incluye a personas mayores, pero sobre todo jóvenes solos, familias principalmente jóvenes con hijos pequeños y mujeres embarazadas. Las parejas venezolanas tienen hoy menos hijos. La tasa de natalidad por cada mil habitantes fue cayendo de cuarenta y cinco en 1960 a dieciséis en 2021, en datos del Banco Mundial. En tres décadas, desde 1994, pasamos de 4% de venezolanos mayores de 64 años a más del doble, mientras cae la proporción de compatriotas menores de catorce años. La verdad es que como pueblo hemos envejecido, un dato tan protuberante no puede ni debe ser ignorado por el liderazgo.
Es evidente que la seguridad social de ese segmento creciente de nosotros, dentro del cual está quien escribe, está muy por debajo de sus necesidades reales. Sus ingresos, así como los servicios de salud y bienestar social que tienen derecho a recibir son escandalosamente insuficientes. Este serísimo problema nacional es una consecuencia y no una causa. El país está mal y, por supuesto, los adultos mayores, los “años dorados”, la “juventud prolongada”, cualquiera sea el circunloquio para llamar a los más viejos, están peor. Sobre todo en los sectores populares, trabajadores y de la empobrecida clase media.
Ese es el problema y su urgencia no necesitan argumentarse, pero ¿cuál será la solución?
Acaba de dictarse una nueva legislación sobre pensiones, aprobada en tiempo récord pues fue presentada el 2 de mayo y el 8 ya había sido promulgada. Su título es rimbombante, más propio de un discurso propagandístico que acto responsable de gobierno, “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”.
¿Es necesario legislar sobre el tema? Lógico que sí ¿Es la ley una respuesta eficaz al fondo de la cuestión? Lógico que no. La seguridad social, problema viejo que viene agravándose con los años de deterioro e improvisación, es parte de un problema mayor y más profundo. Me temo que no se resolverá con una ley dictada a la carrera sin que ella forme parte de una política pública más amplia, bien pensada, de modo que pueda ser desarrollada exitosamente.
Comenzando por lo que parece formalidad pero es más que eso, recordemos la previsión constitucional acerca del proceso de formación de las leyes, del artículo 202 al 218. Dos discusiones en cámara plena, estudio e informes de comisiones, consulta abierta a otros organismos del Estado y a la sociedad civil organizada y un asunto fundamental, requisito del artículo 103, numeral 3 para la tramitación del proyecto: “El impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el Informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional”.
¿Se hizo todo eso? ¿Seriamente? ¿En menos de una semana? Sinceramente, no tengo noticias.
Esas previsiones no son un capricho. Existen para que sean marco de una legislación responsable. Churchill decía que un parlamento no puede ser evaluado con los criterios de eficiencia de una fábrica de salchichas en Chicago. Entre nosotros, tristemente, legislar a la ligera no es novedad, pero aún para el analista más cínico es difícil evitar la conclusión que esta vez se les pasó la mano.
Los venezolanos de la tercera edad vivirán mejor, como merecen después de una vida de esfuerzo, cuando Venezuela esté mejor, pero no hay que esperar para hacer algo y hacerlo bien. Sus necesidades tienen que ver con pensiones y jubilaciones que no alcanzan o ahorritos que la devaluación y la inflación volvieron sal y agua, es una verdad como un templo. Esta economía disfuncional que además se ha reducido a menos de la cuarta parte de lo que era en 2013, es fuente de riesgos e incertidumbre. Pero también los servicios de salud-decadentes, que en su caso se acentúan por las enfermedades típicas de la vejez, en hombres y en mujeres. La seguridad social, como hemos visto, está en situación que no se puede contar con ella. Son seres humanos que merecen oportunidades de recreación, así como de medios y ambientes para combatir la soledad.
Sé de iniciativas municipales para paliar ese cuadro, pero se trata de un problema que proporcionalmente crece. Una política pública nacional dirigida a la tercera edad es reto ineludible de los venezolanos de hoy.
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