Ley de Pensiones: la salida ante la inacción del gobierno para formalizar el empleo
TCDLa imposibilidad del gobierno de mejorar las pensiones es consecuencia de una serie de factores políticos y económicos, entre ellos, destaca la caída del empleo formal asalariado que reduce las cotizaciones al Seguro Social y la falta de acciones gubernamentales para formalizar al comercio que aún no paga impuestos en el país
Ya fue publicada en Gaceta Oficial la «Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista», por lo que tras su entrada en vigencia, debe ahora estar acompañada de un reglamento con el cual se defina la tasa de contribución que pagarán las empresas. Este aspecto es el más crítico de toda la normativa, pues este impuesto se sumará a la ya gran presión tributaria que tiene el sector privado. Es decir, la medida se convierte en un peso más que el sector debe cargar ante la alta informalidad laboral y comercial en el país.
Analistas tributarios destacan que al ser el Seniat el organismo recaudador de esta contribución especial, pues también debería dictar una providencia administrativa con el procedimiento para su declaración y pago. Este ente se encargará de transferir los recursos al organismo encargado de entregar las pensiones. No está claro si el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) será el ente que pague este beneficio a los adultos mayores, o si los recursos se transferirán a un fondo especial manejado directamente por el Ejecutivo.
Lo que sí está muy claro, es que las empresas del sector privado ahora deben sumar un impuesto más a los ya 193 tributos nacionales, municipales y parafiscales y declaraciones a presentar cada año. De acuerdo a estudios de los Servicios Tributarios Legales de la consultora PwC Venezuela, la carga tributaria de una empresa puede estar alrededor de 68% de sus ingresos netos. Mientras que Ecoanalítica calcula que el impacto total promedio del 50% sobre los beneficios netos de las empresas, con algunos casos extremos en rubros o ciudades específicas en los cuales este impacto supera 60%.
PwC Venezuela señaló en un informe que la normativa impositiva ha estado dirigida en los últimos años a crear nuevos tributos e incrementar la recaudación por los existentes. «Los sujetos pasivos especiales han sido los más afectados, especialmente con más procesos de cumplimiento que hacen mucho más complicada la gestión tributaria».
En las consultas realizadas a las empresas, la mayoría considera que los impuestos en Venezuela son no solo costosos, sino excesivamente complicados de gestionar, lo que, obviamente, también sube los costos, porque la gestión financiera se encarece excesivamente. Un 85% de empresarios encuestados señala que tiene recursos humanos limitados para manejar un asunto que no solo resulta de alto impacto en la economía de las empresas, sino que tiene implicaciones regulatorias graves. Otras deben contratar servicios de outsourcing para gestionar la carga tributaria.
Ecoanalítica, por su parte, indica que luego de una aguda caída en los ingresos fiscales del gobierno entre 2014 y 2020, la voracidad fiscal ha escalado en los últimos años: subiendo la recaudación de unos 150 millones de dólares mensuales promedio en 2019 a 460 millones de dólares en 2023. Esto ha sido posible gracias a la aplicación de nuevos impuestos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y monitoreando el estricto cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISLR).
También, se le ha permitido a los municipios incrementar sus ingresos propios presionando a las empresas con el Impuesto a la Actividad Económica –gravado sobre los ingresos brutos–, impuestos catastrales o parafiscales, como el pago de servicios de aseo o contribuciones sociales requeridas.
«Aunque la nueva Ley de Armonización Tributaria ha buscado aplacar esto, todavía permite un rango muy alto de impuestos de hasta 3% sobre los ingresos brutos (ventas meramente, no resultados financieros neto). Un rango ideal debería estar en torno al 1% ya que el país apenas se encuentra en una etapa de recuperación temprana de la mayor crisis económica de nuestra historia».
Para el experto tributario Camilo London, la creación de un nuevo tributo, exige el estudio de su impacto económico. «Es la única forma de garantizar el cumplimiento del Principio Constitucional de Protección a la economía nacional».
Agrega que un impuesto que se exige a la empresa, es un gasto que forma parte de su estructura de costos y de forma general y natural, se recupera a través del precio de los bienes y servicios que esta ofrece al público. «Pero esto no siempre es posible trasladarlo al cliente en el precio. Y de no ser así, implicará ´tumbar´ costos en otras áreas o dejar el mercado. Todo negativo para la economía nacional».
London propone una medida que él considera ha sido un «tabú» en el país: cobrar impuesto a la gasolina. «El IVA a la gasolina, establecido en la reforma de la Ley del IVA en 2014 y exonerado luego; incluso con una alícuota muy baja, podría ser una forma bastante eficiente de generar los ingresos que se están requiriendo para el sistema de pensiones (…) El problema de los tema ´tabú´ es que no impera la racionalidad. Se impone el ánimo y el mercadeo político».
*Lea también: Fedecámaras solicita participar en la discusión del reglamento de la Ley de Pensiones
Menos empleo informal, menos pensiones
Uno de los temas que apuntan al por qué de la alta carga tributaria de las empresas, es la gran informalidad de los negocios en el país, así como del empleo. En los últimos años se observa una renuncia importante de los empleados de la administración pública tras los bajos salarios y una política de remuneraciones basada en bonificaciones sin incidencia en las prestaciones sociales. En 2023, más de 7 millones de venezolanos laboraban en el comercio informal, según la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela.
La migración también afectó la nómina en el sector privado. Todo esta situación hizo que cayera el aporte para el fondo de pensiones.
Desde el año 2017, el trabajo formal asalariado comenzó a perder importancia para el venezolano por la crisis económica. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el grueso de la población ocupada trabaja por cuenta propia, es decir, se encuentra en el estrato de trabajadores informales.
«De los 20,5 millones de habitantes en edad laboral sólo 54% estaba ocupado (11 millones) en 2023. De los ocupados, el número de los
empleados asalariados bajo dependencia se redujo 5 puntos porcentuales respecto a la participación de 2022; reducción que afectó tanto al empleo público como al privado. Los empleos públicos se redujeron en 3,3 pp (alcanzando 2,2 millones de puestos de trabajo), mientras que los empleos asalariados en el sector privado redujeron su participación en 2,1 pp», según indicó el informe Encovi.
Al respecto, explica Ecoanalítica que «si bien por un lado nuestro país tiene la tasa de recaudación más baja en la región, por otro lado es de los que muestra mayor tasa efectiva en el cobro sobre los beneficios netos de las empresas. ¿Por qué ocurre esto? La combinación de baja formalidad laboral –75% del mercado laboral– y baja dolarización financiera en la banca nacional (apenas uno de cada 5 dólares está dentro del sistema financiero) complejizan el cobro de impuestos en Venezuela, haciendo que los pocos negocios formalizados se lleven un impacto fiscal mucho mayor que el de las empresas de otros países latinoamericanos».
Esto ha hecho que Venezuela esté por encima del promedio regional en ISLR (34% versus 26,5% en América Latina), levemente por encima en el IVA (16% versus 15,1%), y consistentemente encima de los promedios en impuestos municipales (2,5% frente a promedio en economías centroamericanas de 1,1%). Lo mismo sucede con los impuestos prediales y pagos parafiscales.
«Para cambiar esta realidad es necesario generar confianza en el uso de los recursos de las instituciones públicas y asegurar transparencia en la ejecución de los fondos para conseguir la ansiada reciprocidad fiscal: la percepción ciudadana de que se está recibiendo algo a cambio del pago de impuestos. Estos no suelen ser procesos rápidos; pero las empresas no se pueden quedar sólo en el entendimiento del problema y deben abogar por soluciones», acota Ecoanalítica.
Camilo London señala que al problema de la informalidad laboral, se suma el bajo nivel de los salarios. «Lo que hizo pírrico al aporte que recibe el IVSS, es la subvaloración del salario mínimo. Por lo que la Ley para la Protección de las Pensiones es realmente una medida compensatoria alternativa, del deterioro real que ha tenido el aporte al Seguro Social».
Considera que la medida compensatoria, sin embrago, crea una distorsión a los fundamentos del aporte al IVSS del trabajador y el patrono, en el marco de la norma que los regulaba. Porque ahora se transfiere al patrono, y ya no solo sobre el salario normal. «De no haberse dado una subvaloración histórica del salario mínimo, el aporte al IVSS sería hoy mucho mayor, al que actualmente se hace sobre la base de cinco salarios mínimos como techo».
«Tú eres el formal, así que paga»
Desde 2021, el comercio informal en Venezuela también comenzó a aumentar de manera significativa. Esta situación tuvo mayor incidencia en el interior del país. No obstante, en Caracas -la capital- también fue un tema de preocupación debido al mayor número de trabajadores informales ofreciendo sus servicios en la calle.
«Es posible, también, que la informalidad y la evasión sigan restando espacio de recaudación impositiva, dado el peso que en la estructura de costos tiene el sistema tributario actual», se destaca en el Informe de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.
«De hecho, en la última Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, este motivo aparece en el primer lugar de los factores negativos que afectan el desempeño del sector industrial nacional. Un aspecto a destacar en este respecto es que, aunque se espera que el valor real de la unidad tributaria se recupere, su considerable rezago sigue perjudicando las finanzas de los negocios formales», agrega el estudio.
Desde 2018, las alcaldías del país comenzaron a crear diversos impuestos municipales que se suman a los tributos nacionales que establece el Seniat, y en paralelo aumentaron las alícuotas a medida que se producía un alza del dólar. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permitió a los gobiernos municipales en agosto de 2020, utilizar el petro como patrón para calcular los tributos. Mientras que las tasas impositivas que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos pasaron del 0,05% hasta el 5% en la mayoría de los municipios.
Por su parte, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria de las potestades de estados y municipios, creada para acabar con el caos administrativo y tributario, no ha cumplido con este objetivo. «Armonizar significa cómo ejercemos la creación de tributos que no sean confiscatorios, que no afecten la reactivación económica, que atraigan inversión y que exista rentabilidad. Significa establecer alícuotas, porcentajes, reconocimientos, delimitar qué le corresponde a estados y a municipios, ponerse de acuerdo», dijo el experto tributario Leonardo Palacios.
Aunque el sector empresarial ha solicitado desde hace varios años a la administración de Nicolás Maduro una flexibilización de los tributos, debido a que la alta presión impositiva impide el desarrollo de la actividad económica; hasta la fecha la respuesta ha sido más «contribuciones especiales» al Fisco.
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