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La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) alertó el 22 de agosto sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -requerido para auditar los resultados electorales- y el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

El organismo denunció que ambas instituciones han desempeñado un papel “dentro de la maquinaria represiva del Estado”.

El gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, destacó Marta Valiñas, presidenta de la misión. 

Como parte del recurso que interpuso Maduro ante el TSJ para la verificación de los resultados electorales anunciados por el CNE, el 18 de agosto se realizó una revisión de las actas en la sede del Poder Electoral.

Falta de independencia

Francisco Cox Vial, miembro de la misión, recordó que en el año 2022 la Asamblea Nacional (AN) modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales, “para ser controlada por la misma Asamblea, de mayoría gubernamental”, y eligieron a los actuales 20 magistrados y magistradas del TSJ. 

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En este sentido, precisó que la actual presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha ejercido cargos de elección popular. 

Por su parte, Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión, indicó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha sido diputado a la AN representando al PSUV. 

“Como Contralor General, fue responsable de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado y otros líderes de la oposición”, aseveró. 

Postura de la oposición sobre revisión de actas

La líder opositora María Corina Machado, Edmundo González y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitieron un comunicado en conjunto el 21 de agosto para calificar como una “pretensión de validar el fraude electoral” a través de la Sala Electoral del TSJ.

En relación con el proceso de peritaje que el TSJ está realizando en el CNE de las actas de votación de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el bloque opositor expresó que “el pueblo de Venezuela habló” y harán respetar ese mandato.

“En claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución: La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder”, se lee en el comunicado.

Además, la PUD, González y Machado recordaron que es el CNE el encargado de hacer valer la decisión popular en las elecciones presidenciales.

Pronunciamientos previos

El 12 de agosto, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela publicó un comunicado para exigir al gobierno de Nicolás Maduro “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.


El organismo describió que “las protestas en la calle y en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado”. En el texto, la Misión señaló que estas acciones ordenadas “desde sus más altas autoridades” han “creado un clima de temor generalizado”.

El panel de expertos también alertó que lleva un registro de 23 muertes en el contexto de protestas poselectorales y, advirtió, que la gran mayoría de las víctimas sufrieron “disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto”. 

En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años. Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, dijo Marta Valiñas.

Los expertos señalaron que la “gran mayoría” de las aprehensiones ocurrieron cuando “manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades” o “después de participar en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales”. 

La Misión destacó que las detenciones arbitrarias representan “graves violaciones al debido proceso”.