¿Rectores del CNE ante la justicia internacional?
Foto: EFE
La crisis poselectoral derivada del desconocimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro de los resultados del 28 de julio se ha expresado en una represión brutal con signos fascistas muy peligrosos.
Una persecución casa por casa, de acuerdo con la Operación Tun Tun anunciada por Freddy Bernal; la identificación de opositores para segregarlos y apartarlos de la sociedad y el anuncio del fiscal de una “limpieza social” han despertado una fuerte reacción de la comunidad internacional, que en general cuestiona los resultados falseados del ente electoral y da como vencedor al candidato opositor Edmundo González Urrutia.
El fraude continuado y evidente que el régimen intentó sellar el 28J y los días siguientes con la proclamación de Maduro, sin escrutinios ni actas válidas y sin fundamento alguno, ha generado una solidaridad internacional de peso. El cuestionamiento, incluso de socios ideológicos como Lula, Petro y López Obrador, quienes han advertido que reconocerían solo los resultados del ente electoral y no los del Tribunal Supremo de Justicia, desnuda la maniobra de permanecer el poder por el medio que sea.
La violencia y la persecución, expresión de la barbarie que caracteriza al gobierno, claro está, son del conocimiento de la Corte Penal Internacional que adelanta a través de su fiscalía una investigación formal sobre estos hechos ocurridos en Venezuela.
La cadena de mando, es decir, quienes desde las más altas posiciones de poder han cometido, organizado, incitado o participado de cualquier manera en la realización de crímenes de lesa humanidad, ha sido identificada. El jefe del Estado y comandante de las Fuerzas Armadas, los directores de los órganos de seguridad, militares de diverso rango, el fiscal general de la República que persigue y penaliza la protesta pacífica y civiles que desde fuera del poder incitan al odio y coordinan además de posiciones de partido las acciones en contra de la población civil opositora, más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas ante la justicia.
Pero allí no se detiene la cadena de mando ni la lista de altos cargos que rendirán cuenta en su oportunidad. Los hechos de violencia posteriores al 28J se derivan de la manipulación de los resultados electorales por un ente corrupto y sumiso al Ejecutivo, al partido oficialista y a gobiernos extranjeros. Los crímenes cometidos tienen en consecuencia una responsabilidad penal distinta a la hasta ahora identificada. Los rectores del CNE, como órgano colegiado, tendrían que ser responsabilizados por esos crímenes cometidos desde la fecha electoral.
El artículo 33 del Estatuto de Roma señala que quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la CPI en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido en principio de responsabilidad penal. Es oportuno recordarlo.
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