De la guerra psicológica al terrorismo de Estado
La Plataforma Unitaria calificó como "desaparición forzada" y "terrorismo de Estado" el secuestro del yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, ocurrido este martes. Aunque el régimen no se ha responsabilizado por esta detención, no parece casual que ocurra tres días antes de la toma de posesión presidencial y mientras María Corina Machado denunciaba un fuerte asedio a la casa de su madre, incluso con drones
Como un acto de “terrorismo de Estado” calificó la Plataforma Unitaria Democrática el secuestro la mañana de este martes de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, a escasos tres días de su prometido regreso a Venezuela para tomar posesión del cargo de presidente para el cual fue electo con 67 % de los votos, según las únicas actas publicadas de la elección, las cuales han sido avaladas por observadores internacionales acreditados por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Centro Carter y el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A esto se suma el asedio en las últimas horas a la casa de la madre de María Corina Machado, según denunció la líder de la oposición.
Tudares fue interceptado en horas de la mañana sin “ninguna medida”, cuando se desplazaba en su vehículo, y “secuestrado por hombres encapuchados” frente a sus hijos, según señaló su esposa, Mariana González, tal como denunció más temprano el propio Edmundo González en sus redes sociales. “¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia? ¿Por eso se llevaron a mi esposo? ¿De qué se le acusa?”, expresó la hija de Edmundo González, quién agregó que a Rafael Tudares se lo llevaron en una “camioneta color dorado, placa AA54E2C”.
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Por su parte, la Plataforma Unitaria denunció en un comunicado que se trata de “un nuevo caso de desaparición forzada por motivos políticos de un ciudadano inocente, cuyo único delito es ser yerno de quien recibió el voto de más de 7 millones y medio de venezolanos el pasado 28 de julio, para lograr el cambio político” y que estas “acciones de terrorismo de Estado se suman a los expedientes de violaciones a los derechos humanos, que están siendo sustanciados en instancias internacionales”.
El régimen de Nicolás Maduro no se ha responsabilizado por la detención del yerno de Edmundo González. Sin embargo, no parece casual que mientras eso ocurría por un lado, por el otro María Corina Machado denunciaba que agentes de la dictadura rodearon la casa de su mamá, colocando alcabalas en la urbanización y sobrevolándola con drones. Además denunció que “‘se fue’ la luz en la zona”, sugiriendo que se trataba de un corte premeditado.
La campaña de guerra psicológica
Como parte de una campaña de guerra psicológica, el régimen no solo ha desplegado más de 1200 funcionarios de contrainteligencia sino que además empapeló aeropuertos y puestos de control fronterizo con un afiche con el rostro de Edmundo González ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares por su captura. Desde la cúpula chavista han amenazado con encarcelarlo si pone un pie en Venezuela. Sin embargo, Maduro no quiere que la postal que vea el mundo el día de su fraudulenta juramentación sea la del verdadero ganador de las elecciones siendo esposado. Por tal motivo, buscan por todos los medios amedrentarlo para que desista de su idea, ya que solo le faltan dos paradas en su gira (Panamá y República Dominicana) antes de emprender rumbo a su destino final: Caracas. Entonces, como la guerra psicológica no ha funcionado, desde Miraflores suben la apuesta con acciones más agresivas que se enmarcan dentro del terrorismo de Estado denunciado por la coalición opositora.
Adicionalmente, el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, anunció este lunes que han detenido a 125 extranjeros de al menos 17 nacionalidades, incluyendo al gendarme argentino Nahuel Gallo y un ciudadano israelí, los cuales, sin duda, serán usados como fichas de cambio para las acostumbradas “negociaciones” que han permitido al chavismo conseguir liberaciones como las de los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, quienes estaban condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, o la de Álex Saab, quien esperaba juicio en territorio estadounidense por el lavado de al menos 350 millones de dólares en complicidad con la dictadura venezolana.
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