«El ELN es hoy un ejército binacional y un instrumento clarísimo de Venezuela para influir en Colombia»
El proyecto de «paz total» del presidente Gustavo Petro en Colombia se tambalea.
Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla en activo más grande del país, están suspendidos desde el 17 de enero por la violencia desatada entre este y otros grupos armados en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, que hasta el momento deja decenas de muertos y secuestrados y miles de desplazados.
Los hechos provocaron que el lunes 20 de enero el presidente Petro dijera en X que declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica para abordar la situación, a la espera de que sea aprobado por la Corte Constitucional.
El Catatumbo, hoy en crisis humanitaria, no es el único foco de terror con el que Colombia arranca este 2025.
En Cauca, Guaviare, sur de Córdoba, el Magdalena Medio o el Cesar, grupos armados protagonizan episodios sangrientos que, para el doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago y consultor en temas de crimen, seguridad y conflicto colombiano, Jorge Mantilla, indican una «implosión» de la política de paz de Petro.
Sin embargo, los últimos acontecimientos en el Catatumbo también son un recordatorio para funcionarios colombianos del delicado equilibrio que deben resolver.
Por un lado, deben contener la espiral de violencia sin romper definitivamente los diálogos de paz, lo cual «sería admitir el fracaso de la política de Petro», según Mantilla.
Y por otro, deben tener presentes que cualquier acuerdo con el ELN pasa por Venezuela, país donde esta guerrilla se consolidó en los últimos años adquiriendo un carácter «binacional» y cuyo gobierno vive las horas más bajas de su relación con la administración de Petro.
Esto, después de que Colombia se reafirmara en no reconocer la toma presidencial de Maduro tras no enseñar las actas electorales de los comicios del pasado 28 de julio.
En entrevista con BBC Mundo, Mantilla profundiza cómo queda «la paz total» de Petro tras la suspensión de diálogos con el ELN y el rol clave de Venezuela en cualquier futuro acuerdo.
Jorge Mantilla también ha sido consultor para gobiernos locales colombianos en temas de conflicto armado y seguridad. Cortesía de Jorge Mantilla
¿Es coincidencia esta oleada de violencia en tantas regiones al mismo tiempo?
No creo que esto sea algo coordinado a nivel nacional, sino más bien un efecto dominó de varias dinámicas territoriales, una especie de implosión en las estrategias de apaciguamiento que había conseguido instalar el proyecto de paz total en ciertos territorios.
Los grupos armados están cada vez más fragmentados en Colombia e inmersos en varias disputas locales.
Pero el gobierno, si bien estableció negociaciones que redujeron algunas formas de violencia, también, de alguna forma, estas negociaciones aumentaron el poder de estos grupos, que incrementaron su influencia territorial y número de personas armadas.
Por ejemplo, en el sur de Córdoba vemos una crisis humanitaria desde hace un año que se expande hacia el Magdaleno Medio y el sur del Cesar que está muy relacionada con la posibilidad de entrar, influenciar y controlar el Catatumbo.
Claro que hay conexiones entre algunas de las disputas, pero pienso que simplemente está implosionando la paz total por unos acuerdos que eran insostenibles en el tiempo.
Los actores que están sentados en la mesa, como el gobierno, los grupos armados y la comunidad internacional sienten que el tiempo se agota de cara a las elecciones de 2026.
Se suponía que este era el año, 2025, en que se implementaría la paz total.
¿Por qué es tan importante el Catatumbo para los grupos armados?
Es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país y, en los últimos años, el enclave de mayor producción de cocaína en Colombia. Superó a regiones como Nariño o Putumayo.
Es también una región fronteriza con Venezuela, donde se sufrió de primera mano la crisis migratoria y humanitaria, y hay una presencia importante de grupos armados.
Por último, sus dinámicas también impactan a Cúcuta, la capital del nororiente colombiano y un enclave también importante de tráfico de migrantes y lavado de activos.
En términos geográficos, el Catatumbo permite conectar el norte del país con Venezuela. Es la ruta por la que se puede conectar el Chocó, sur de Córdoba, el Magdalena Medio y el Cesar con Venezuela.
Quien controle el Catatumbo podría controlar la frontera venezolana y el norte de Colombia.
Varios grupos armados, como el ELN, disidencias de las Farc y organizaciones paramilitares se disputan el control de la región del Catatumbo, un enclave cocalero importante en Colombia. Getty Images
Para la estabilidad fronteriza es vital que Colombia y Venezuela tengan buena relación. Y justo ahora atraviesan el momento más bajo desde la llegada de Petro.
El ELN se transformó en la última década en un ejército binacional.
Entre más lejos esté el gobierno de Colombia, ya sea de Iván Duque, de Petro o el siguiente, de tener buenas relaciones con la Venezuela de Maduro, más cerca estará Venezuela del ELN y el ELN de Venezuela.
Hay una relación de interdependencia y el ELN es un instrumento de poder clarísimo de Venezuela para influenciar en Colombia.
En múltiples ocasiones, Maduro le recordó a Petro el papel que ocupa su gobierno al ser garante tanto del proceso de paz total de este grupo como del de la disidencia Segunda Marquetalia de las Farc.
Mientras Petro se niega a reconocer el gobierno venezolano, el canciller de ese país, Yván Gil, dice haber estado al frente de la atención brindada a los cientos de desplazados que empiezan a cruzar la frontera hacia Venezuela huyendo de la violencia en el Catatumbo.
Cualquier desestabilización de la frontera pone la atención sobre una fallida estrategia de paz y seguridad del gobierno colombiano y no sobre la controvertida toma presidencial de Maduro en Venezuela.
La fortaleza militar del ELN, su pivote geográfico, es la frontera con Venezuela, más allá de otras estructuras regadas por el país.
Es difícil decir que lo del Catatumbo fue una orden desde Venezuela, pero sí que es una apuesta del ELN por posicionarse en toda la frontera, coparla, asumir una posición más agresiva y beligerante y, de alguna manera también, recordar que cualquiera que sea el desenlace en los diálogos de paz con el ELN, esa conversación pasa por Venezuela.
¿Cómo entonces puede encontrar Petro el equilibrio de seguir sin reconocer al gobierno de Maduro sin que se rompan las relaciones o se entorpezca la colaboración de seguridad fronteriza?
El gobierno de Petro busca una postura más pragmática frente a Venezuela. Pienso que no lo ha logrado.
Su estrategia inicial de convertirse en intermediario a tres bandas con Brasil y México del proceso venezolano tras las elecciones no salió bien y está teniendo un costo político importante para el presidente.
Se considera que no condenó lo suficiente lo que ocurrió tras las elecciones y que cuando intentó desmarcarse ya era tarde.
Ahora no puede romper la relación por razones humanitarias, comerciales y de seguridad en la frontera.
Hay que buscar esa salida más pragmática porque las conversaciones con el ELN, ya sea como garantes o facilitadores, pasan por Venezuela.
El ELN, sin quizás ser un grupo tan poderoso militarmente como el Clan del Golfo, se convirtió en un punto muy importante de la agenda colombiana.
En su negativa a reconocer el gobierno de Maduro, Petro también expuso razones para no romper relaciones diplomáticas. Entre ellas, la seguridad fronteriza. Getty Images
¿Qué rol tienen las disidencias de las Farc en todo lo que está pasando?
Los últimos eventos pueden acelerar las negociaciones con algunas de las disidencias.
Dado el avance del ELN, que muy probablemente se imponga militarmente, las disidencias podrían negociar buscando protección del Estado y la implementación de ciertos proyectos productivos, comunitarios, de carácter local, en las regiones donde estos grupos están.
En la medida en que se fragmentan cada vez más, pierden más protagonismo militar aunque siguen siendo actores muy importantes a nivel regional.
Se teme que lo que estamos viendo sea el inicio de unas dinámicas de violencia más complejas y con un impacto humanitario mucho más alto.
Entonces, ¿qué tan afectado queda el proyecto de paz total de Petro?
Pienso que es un golpe definitivo. Estamos viendo, en términos humanitarios, imágenes con repertorios de violencia que no han sucedido en Colombia en los últimos 10 años.
Rememoran la violencia paramilitar de hace dos, tres décadas en el país.
Pienso que esto tendrá un enorme impacto en la legitimidad de la política de paz total. Implica que será difícil que la opinión pública colombiana considere legítimo cualquier acuerdo total o parcial que pueda lograr Petro con alguno de esos grupos.
Se considerará que están hechos sobre la base de la debilidad del Estado y que estos grupos han demostrado que no tienen voluntad de paz.
A nivel político, es un golpe contundente a la legitimidad del proyecto de paz total.
En términos territoriales pone a esa política en un momento también agónico. Esta tendrá que ser acompañada o reemplazada por una agresiva política de seguridad.
Sucederá que la paz, una agenda central de este gobierno, va a ceder cada vez más espacio en la agenda pública a la política de seguridad.
Y ese es el gran debate sobre el que pienso se van a dar las elecciones de 2026.
Cualquier avance que tenga la paz total, cualquier desmovilización de guerrillas, será difícil que logre superar la percepción del país de inseguridad, de permisividad del Estado y de total rechazo a estos grupos y sus reivindicaciones.
Para Mantilla, las imágenes de desplazados que se ven en la frontera entre Venezuela y Colombia recuerdan a los peores momentos de la violencia paramilitar entre los 90 y comienzos de los 2000. Getty Images
Resulta paradójico que los diálogos se estén enquistando precisamente con el ELN, la guerrilla con la que primero se sentó el gobierno y con la que más avances se habían logrado.
Creo que esto ocurre porque hay un error de base, de diseño, en la política de paz total y es que el Estado cedió todo desde el principio.
Es un proceso de paz al cual el Estado entró suspendiendo bombardeos, órdenes de captura contra miembros del ELN y operaciones militares.
Desde el inicio de las negociaciones, el Estado ya cedió todo lo que podía ceder. Desde entonces, vemos al Estado apelando a la buena voluntad del ELN.
El ELN, por otro lado, también transita hacia un escenario donde cada vez es más importante la delincuencia organizada.
No quiero decir que el ELN sea un grupo narcotraficante o terrorista. Eso es otro debate, pero sí que el ELN depende cada vez más de economías ilícitas.
Eso muestra unas brechas muy grandes entre la intención del gobierno y las diferencias internas del ELN, con una parte muy dedicada a la extorsión, captura del Estado, minería ilegal y control de las trochas.
El ELN tiene en su interior diferencias profundas sobre la paz y, al final, para el ELN pienso que es más importante la defensa de la revolución bolivariana que la defensa de cualquier revolución en Colombia.
Basándome en testigos y estudios de terreno, la permisividad y connivencia entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se hizo evidente desde 2019, especialmente en las guerras libradas contra disidencias del Frente 10 de las Farc.
En múltiples ocasiones y a través de los mandos del Frente Oriental del ELN, líderes de la guerrilla declararon lealtad a Maduro y su proyecto, al que conciben como socialista continental.
Un informe de 2024 de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia describió que el ELN llega a territorios presentándose como defensores de la «revolución bolivariana».
La organización Human Rights Watch, también basada en información de «múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios», dieron cuenta en 2022 de «operaciones conjuntas» de la FANB y la Guardia Nacional Bolivariana con «guerrilleros del ELN», aunque esta guerrilla, tres años antes en 2019, negó vínculos con el gobierno de Maduro. Ese mismo año, Maduro negó la presencia del ELN en su país.
Las declaraciones del ELN de lealtad a Maduro fueron condenadas por la Asamblea Nacional oficialista de Venezuela.
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