- IPS Enero 9, 2025
Histórica prohibición del matrimonio infantil en Colombia
Este es un artículo de opinión de Inés M. Pousadela, especialista sénior en Investigación de Civicus, la alianza internacional de la sociedad civil.
MONTEVIDEO – Colombia acaba de marcar un hito histórico dentro de la campaña mundial contra el matrimonio infantil, al aprobar en el Senado una de las prohibiciones más completas de América Latina y el Caribe.
En un país donde una de cada cinco niñas menores de 18 años y una de cada 10 menores de 14 están casadas o viven en condiciones similares al matrimonio, la nueva ley eleva la edad mínima a 18 años sin excepciones, eliminando una disposición del Código Civil de 137 años de antigüedad que permitía a los adolescentes mayores de 14 años casarse con el consentimiento de sus padres.
Este logro alcanzao en noviembre último se alinea con el 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya meta es eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil para 2030. La nueva ley espera ahora la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigor.
El gran avance
El matrimonio infantil afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables de Colombia, con tasas de entre 40 % y 65 % entre la población rural, indígena y afrocolombiana.
En algunas comunidades se casa a niñas de tan solo 10 años.
Estas uniones tempranas exponen a las niñas a relaciones de poder desiguales, les niegan la educación, limitan su autonomía corporal y económica y conducen a mayores tasas de violencia de género y problemas de salud relacionados con el embarazo precoz.
La aprobación del proyecto de ley #SonNiñsNoEsposas reflejó el poder de la persistente defensa de la sociedad civil. Tras varios intentos fallidos desde 2007, el proyecto de ley, del que son autoras dos congresistas, se aprobó con apoyo unánime.
Este éxito fue impulsado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana que forman parte de la red mundial Girls Not Brides (Niñas, no esposas).
Entre ellas están la Fundación para el Género y el Desarrollo de la Familia, la Fundación Plan y Profamilia, que trabajan junto a socios internacionales como Equality Now y Plan International, con el apoyo directo de Girls Not Brides a la incidencia legislativa y las campañas en los medios de comunicación.
Además de elevar la edad para contraer matrimonio, la nueva ley establece el Programa Nacional Integral de Proyectos de Vida para Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa preventiva se dirige a las causas estructurales de las uniones tempranas -la pobreza y la falta de educación-, especialmente en zonas rurales remotas.
El programa incluye la participación de las comunidades indígenas a través de sus propias estructuras de gobierno, reconociendo la importancia de la sensibilidad cultural en la implementación.
El panorama mundial
Colombia no es el único país con problemas de matrimonio infantil. En todo el mundo, unos 12 millones de niñas se casan cada año, dos millones antes de cumplir los 15 años.
El matrimonio infantil también puede afectar a los niños, pero son las niñas quienes tienen seis veces más probabilidades de contraer matrimonio siendo menores que los niños.
Según el Mecanismo de Seguimiento del Matrimonio Infantil, una iniciativa de colaboración para generar pruebas que respalden los esfuerzos por acabar con el matrimonio infantil, una de cada cinco jóvenes de todo el mundo se casa antes de cumplir los 18 años, y las tasas más altas se registran en África subsahariana.
Para hacer frente a este problema, The Elders, un grupo de altas personalidades públicas, puso en marcha en 2011 la asociación mundial Girls Not Brides.
Con más de 1400 organizaciones miembros en más de 100 países, Girls Not Brides trabaja para prevenir el matrimonio de menores, reconociéndolo como una violación de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo.
Identifica cuatro causas principales del matrimonio infantil: la pobreza, las limitadas oportunidades educativas y económicas, la desigualdad de género y la inseguridad en situaciones de conflicto o catástrofe.
También aborda el problema con campañas de sensibilización, promoción de políticas nacionales e internacionales y compromiso de la comunidad para cuestionar las normas sociales que perpetúan el matrimonio infantil.
Desde entonces, los esfuerzos se han multiplicado. En 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lanzaron el Programa Mundial para Erradicar el Matrimonio Infantil.
Ahora en su tercera fase, que se extenderá hasta 2030, el programa opera en 12 países de alta prevalencia en África, Medio Oriente y Asia Meridional. Trabajando directamente con los gobiernos, ha llegado a millones de adolescentes, centrándose en la educación, la atención sanitaria y las oportunidades económicas.
Las iniciativas regionales incluyen la Iniciativa de Asia del Sur para Acabar con la Violencia contra los Niños, que trabaja en Afganistán, Bangladés, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, y la Campaña de la Unión Africana para Acabar con el Matrimonio Infantil en África, lanzada en 2014 en 10 países de alta prevalencia y ampliada posteriormente a 30.
Hay muchas otras iniciativas a escala nacional y local.
Combinan múltiples respuestas, incluyendo el trabajo con líderes religiosos y comunitarios para cambiar las normas sociales, el apoyo a la educación de las niñas y el empoderamiento económico, el compromiso con los hombres y los niños sobre la igualdad de género, la defensa de leyes más fuertes y su aplicación, la prestación de servicios de apoyo a las niñas en riesgo de matrimonio infantil, el uso de los medios de comunicación y la tecnología para aumentar la conciencia y cambiar las actitudes y la creación de redes de jóvenes defensores y agentes de cambio.
Progresos y retos
Estos esfuerzos han contribuido a un descenso mundial de las tasas de matrimonio infantil. Según Unicef, la proporción de mujeres jóvenes casadas siendo niñas ha disminuido de 25 a 21 % en la última década, lo que significa que se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles.
Pero pese a ese logro, se calcula que el número mundial de novias infantiles sigue siendo de 650 millones, incluidas las menores de 18 años que ya se han casado y las mujeres adultas que se casaron siendo niñas.
La tasa media anual de reducción ha sido de 0,7 % en los últimos 25 años y de 1,9 % en la última década, lo que muestra el impacto de las iniciativas recientes. Pero a este ritmo, no se alcanzará la meta de los ODS de eliminar esta práctica para 2030.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
La pandemia de covid-19, el cambio climático, los conflictos y la inestabilidad económica han provocado retrocesos.
Cuando aumenta la inseguridad, también lo hace el matrimonio infantil, ya que los padres ven en el matrimonio precoz de sus hijas una solución económica y de seguridad.
Durante el conflicto sirio, por ejemplo, la tasa de matrimonios infantiles se disparó entre los refugiados en países como Jordania y Líbano.
De cara al futuro
La nueva ley colombiana supone un avance significativo, pero es solo el principio, como demuestra el hecho de que muchos de los matrimonios precoces que se celebran en Colombia habrían sido ilegales con la antigua ley.
La verdadera tarea de implementación comienza ahora.
Los esfuerzos de Colombia en los próximos años serán cruciales para demostrar cómo el cambio legislativo puede traducirse en una protección real para las niñas vulnerables.
Para América Latina y el Caribe, debería abrir oportunidades para el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza y reformas legislativas similares.
El enfoque integral de Colombia podría servir como modelo para el cambio en una región en la que muchos países todavía tienen excepciones legales que permiten el matrimonio infantil en algunas circunstancias, mientras que otros tienen leyes firmes pero que no se aplican adecuadamente.
Aunque la tendencia a la baja de las tasas mundiales de matrimonio infantil es esperanzadora, el ritmo actual de cambio sigue siendo demasiado lento.
El ejemplo de Colombia demuestra que es posible lograr avances significativos a través de un compromiso sostenido de múltiples partes interesadas y enfoques integrales que cambien las leyes pero también aborden las dinámicas sociales subyacentes.
La comunidad internacional debe aprovechar este impulso. Esto significa ampliar las iniciativas exitosas, aumentar la financiación para las organizaciones de la sociedad civil y mantener la presión política.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
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