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La estrategia del régimen cubano consiste en arrestar a opositores para luego negociar concesiones
La medida se enmarca en un contexto histórico que sugiere un trasfondo de cálculo político, especialmente en relación con las negociaciones con EEUU
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El reciente anuncio del presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre la liberación de 553 personas sancionadas por diversos delitos merece un análisis profundo. Aunque el mandatario subrayó la unilateralidad y soberanía de esta decisión, la medida se enmarca en un contexto histórico que sugiere un trasfondo de cálculo político, especialmente en relación con las negociaciones con Estados Unidos.
Horas antes del anuncio, la administración de Joe Biden retiraba a la Isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Casa Blanca asegura que “el Gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el período de seis meses anterior; y el Gobierno de Cuba ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro”.
Esta no es la primera vez que el gobierno cubano utiliza la liberación de presos como una ficha en el ajedrez diplomático. En 2010, bajo la presidencia de Raúl Castro, se liberó a más de 100 presos políticos, tras conversaciones facilitadas por la Iglesia Católica y con el respaldo del gobierno español.
Posteriormente, en 2014, el intercambio de prisioneros entre ambos países marcó un hito en las relaciones bilaterales. La liberación del contratista estadounidense Alan Gross y un agente de inteligencia a cambio de tres espías cubanos detenidos en EEUU fue el preludio del deshielo histórico entre La Habana y Washington.
Estos ejemplos refuerzan la percepción de que el gobierno cubano recurre a la detención y liberación de presos como una herramienta de negociación. La liberación anunciada por Díaz-Canel ocurre en un momento de renovadas tensiones con EEUU, donde el endurecimiento de las sanciones y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo han complicado la situación económica y política de la Isla.
En este sentido, la liberación puede interpretarse como parte del acuerdo a cumplir dentro de las negociaciones con los EEUU. No se puede ignorar que la liberación de presos también responde a una creciente presión interna. La ola represiva tras las protestas del 11 de julio de 2021 dejó a cientos de personas detenidas, generando críticas generalizadas de organizaciones de derechos humanos.
El gobierno cubano, consciente de la atención internacional sobre estos casos, podría estar intentando reconstruir su imagen sin renunciar a los mecanismos de control político.
El argumento de la soberanía, reiterado en el tuit presidencial, choca con la realidad de un régimen que ha utilizado a los presos como moneda de cambio en negociaciones internacionales. Si bien el derecho de un país a tomar decisiones sobre su sistema judicial es incuestionable, el patrón reiterado de estas acciones sugiere una motivación más pragmática que de principios.
La liberación de estos 553 presos plantea interrogantes clave: ¿es este un gesto genuino hacia un mayor respeto por los derechos humanos, o simplemente una estrategia para ganar tiempo y concesiones internacionales? Mientras persista la práctica de utilizar a los presos como herramientas de negociación, seguirá alimentando la narrativa de que su sistema judicial responde más a intereses políticos que a principios de justicia.
Para que las palabras de Díaz-Canel sobre soberanía sean creíbles, el gobierno debería acompañar estas liberaciones con reformas estructurales que garanticen que ningún ciudadano sea encarcelado por sus ideas o su activismo.
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