La frescura de Odebrecht
Es demasiado sospechosa la estrategia que se utilizó para permitir que Odebrecht liquidara sus activos y se fuera del Perú
Jeffrey Kihien PANAM POST 
El pueblo peruano, desmoralizado, observa los escándalos en los procesos de investigación de la megacorrupción ocasionada por la mafia de Odebrecht, que aún sigue activa dentro del Estado peruano. La mafia, al parecer, mantiene sus alfiles y peones dentro del Poder Judicial y el Ministerio Publico. Ni hablar de la clase política, en donde Odebrecht ha tatuado con fuego su presencia. Todos los directivos de Odebrecht, que ofrecían las mejores fiestas de Lima, en donde las elites políticas, decadentes e inmorales peleaban por asistir, se fueron del Perú, con su plata y libres de polvo y paja. Ni una hora en la cárcel pasaron.
Es demasiado sospechosa la estrategia que se utilizó para permitir que Odebrecht liquidara sus activos y se fuera del Perú, sin castigo alguno más que una multa pagadera en cuotas por 15 años y sin garantías. Y allí está la sospecha, la ley peruana permite embargar activos de criminales. Por ejemplo, la ley de Extinción de Dominio, en mi opinión antijuridica, es drástica, se aplica a diario al peruano común, pero no a Odebrecht.
Sospecho que podría existir connivencia en el actuar de ministros y procuradores. La connivencia se define cuando sabiendo que existe un delito, el funcionario no lo denuncia, se hace de la vista gorda o en el peor de los casos colabora para que se cometa, en este último caso, ya podría ser complicidad y colusión.
Existe un acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht, el Ministerio Público y el Estado peruano, que supuestamente era secreto para la eternidad, y así lo manifestaban los fiscales que negociaron el acuerdo, pero ahora se logró hacer público y mediante una demanda de habeas data se ha descubierto que solo era reservado hasta que sea aprobado por el juez, situación que se cumplió en 2019.
El acuerdo no era necesario porque Odebrecht ya había confesado los sobornos ante la justicia de Nueva York, la cual le impuso una multa de 2600 millones de dólares y le prohibió operar en los Estados Unidos. La sentencia emitida en Nueva York tiene fecha del 17 de abril de 2017. Esa era evidencia suficiente para ordenar detención preliminar de los directivos de Odebrecht, todos ellos, embargar todos los activos de la empresa en Perú, incluyendo los bienes personales de sus directivos.
Para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa, existe el embargo en forma de intervención, y fácilmente se pudo haber contratado a una empresa interventora para que administrara a Odebrecht y sus proyectos. Con los directivos en la cárcel, tengo la seguridad de que en horas hubiesen empezado a delatar las coimas entregadas, y también estoy seguro de que los gerentes de Odebrecht sienten desprecio por todos los políticos que les pidieron dinero a cambio de un contrato, así como lo siente un peruano que es extorsionado por algún funcionario público y no tiene otra alternativa que ceder. La detención preliminar, otra medida antijuridica en la legislación penal de Perú, la utiliza el Ministerio Publico para obtener confesiones, pero solo contra peruanos, menos el expresidente Martin Vizcarra Cornejo. Él es intocable al igual que los gerentes de Odebrecht. Solo una coincidencia.
El 3 de febrero de 2017, el entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynsky (PPK), que había asumido el cargo el 28 de julio de 2016, nombró como procuradora ad hoc para investigar los sobornos de Odebrecht a la abogada Katherine Ampuero, quien se caracteriza por su ímpetu para denunciar la corrupción. Sin embargo, cuando Ampuero descubrió que el mismo PPK podría haber estado en planilla de Odebrecht a través de una empresa fachada, y que también obtuvo una medida cautelar deteniendo la venta del Proyecto Olmos, por parte de Odebrecht, esta fue despedida públicamente, el 19 de julio de 2017, desde un programa de televisión por la entonces ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien también celebró que la medida cautelar de Ampuero haya sido revocada por la Sala Penal de Apelaciones. Odebrecht vendió Olmos.
Ampuero, como procuradora, tenía la obligación de participar representando al Estado peruano en la negociación y firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Tengo la certeza de que Ampuero no hubiese aceptado ningún acuerdo con Odebrecht, optando por la estrategia de prisión preventiva, embargo y confesión a cambio de reducción de pena. Pérez Tello también despidió a la abogada Julia Príncipe, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, asumiendo el cargo ella misma. La elección del nuevo procurador en reemplazo de Ampuero para que representara al Estado en el caso Lava Jato, con la principal implicada Odebrecht, se convirtió repentinamente en un importante asunto de Estado, que incluía la participación del entonces primer ministro, Fernando Zavala, quien es investigado por los sobornos recibidos por el expresidente Alejandro Toledo en el caso de la Transoceánica. Toledo ya fue condenado a 20 años de prisión, Zavala fue su viceministro y ministro de Economía a cargo de esta licitación entre los años 2002-2006. La investigación en su contra se inicia con una de delación de Odebrecht.
Finalmente, el 3 de agosto de 2017, Pérez Tello nombra al abogado a Jorge Ramírez Ramírez en el puesto que antes ocupaba Katherine Ampuero, como procurador ad hoc en el caso Lavo Jato/Odebrecht. Este procurador representó los intereses del Estado en la negociación del acuerdo que ahora se hace público. Con el apoyo de una magnifica campaña de marketing, en donde prácticamente toda la prensa felicitaba el trabajo del equipo Lava Jato, la opinión publica fue convencida de que todo era color de rosa, y el acuerdo se firmó. La mafia de Odebrecht controlaba también la prensa corporativa peruana que atacaba a cualquiera que se atreviera a criticarla, aún, al día de hoy tímida y solapadamente continúan defendiéndola, y no han pedido disculpas por destruir la carrera del exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, que se atrevió a cambiar, sin éxito, a los fiscales a cargo del caso Lava Jato; los fiscales de Martin Vizcarra Cornejo; Vela Barba y José Pérez.
El 21 de julio de 2018, Vicente Zeballos Salinas es nombrado por Vizcarra Cornejo como ministro de Justicia, hasta el 30 de setiembre de 2019. Luego pasó a ser primer ministro. Zeballos fue socio de Vizcarra en la ilegal disolución del Congreso del Perú. El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht se firmó el 15 de febrero de 2019. Zeballos, por medio del procurador Ramírez, debiera haber estado enterado del contenido. A partir de la firma de este acuerdo, la historia toma un rumbo mucho más surrealista, ensalada de declaraciones para confundir a la opinión pública sobre la entrega de 524 millones de soles que el Estado peruano mantenía en un fideicomiso, fruto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, de propiedad de Odebrecht. La dupla Vizcarra-Zeballos se opuso públicamente a la devolución de ese dinero, al mismo tiempo Zeballos declaró que la jueza a cargo de homologar el acuerdo de colaboración lo había ordenado. Esto es falso, la jueza no ordenó el desembolso, fue un invento de Zeballos. Al mismo tiempo, la prensa repetía la falacia de la orden de la jueza. Finalmente, el 7 de diciembre de 2019, el Ministerio de Justicia le devuelve los millones a Odebrecht.
Meses después, en febrero de 2020, Odebrecht demandó al Estado peruano por la suma de 1200 millones de dólares, ante el Tribunal Arbitral en Washington, DC. Al enterarse ahora el primer ministro Zeballos, fingiendo estar enojado, y disculpándose de lo que estaba a punto de salir de sus labios, dijo en tono solemne en conferencia de prensa: “Odebrecht tiene la frescura de acudir a un tribunal arbitral”. Pero ya habían sacado todo su dinero, y los directivos estaban fuera del país, libres de cualquier cargo, con inmunidad.
Esta historia es real y surrealista. Tontos no son, me refiero a Odebrecht, solo puedo decir, ante las vicisitudes observadas; gallina que come huevo, aunque le corten el pico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario