Rick Scott publica aumento de recompensa para capturar a Nicolás Maduro
La propuesta busca financiar esta recompensa utilizando activos confiscados al régimen chavista, que actualmente ascienden a 450 millones de dólares
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Rick Scott, senador por Florida, sigue en pie con Ley Stop Maduro. (Captura de pantalla © PBS NewsHour- YouTube)
El senador por Florida, Rick Scott, anunció que presentará nuevamente en el Congreso de los Estados Unidos la Nueva Ley Stop Maduro, una iniciativa legislativa diseñada para aumentar la presión sobre el líder venezolano Nicolás Maduro.
El proyecto contempla incrementar a 100 millones de dólares la recompensa por información que facilite la captura y condena del mandatario venezolano, señalando su implicación en presuntos delitos contra los derechos humanos y corrupción.
La propuesta busca financiar esta recompensa utilizando activos confiscados al régimen chavista, que actualmente ascienden a 450 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EEUU.
Este enfoque evitaría recurrir a fondos federales provenientes de los contribuyentes estadounidenses, destacando el compromiso de la medida con un manejo estratégico de los recursos.
Rick Scott, junto a otros legisladores como el senador Marco Rubio, respalda esta iniciativa como parte de los esfuerzos continuos de EEUU para combatir los crímenes del régimen venezolano. Según Scott, el objetivo principal de la ley es “devolver la libertad y la democracia al pueblo venezolano”, apoyando la lucha de la oposición y la sociedad civil en ese país.
El contexto de esta propuesta está enmarcado en años de tensiones entre el gobierno de EEUU y el régimen de Maduro. Desde 2020, el Departamento de Estado ofrece una recompensa inicial de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder venezolano, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. La Nueva Ley Stop Maduro elevaría significativamente esta cifra, reforzando el mensaje de que EEUU mantiene su postura firme contra el chavismo.
Scott también enfatizó que el uso de los bienes confiscados del entorno de Maduro representa una manera justa de combatir al régimen, al convertir los recursos ilícitos en herramientas para apoyar la justicia y la democracia. Estas confiscaciones incluyen propiedades y activos valorados en cientos de millones de dólares, pertenecientes a funcionarios y colaboradores cercanos al régimen.
El proyecto de ley refuerza la política de presión máxima que ha caracterizado la relación entre Washington y Caracas. Además, responde a las demandas de la comunidad venezolana en el exilio, que busca una postura más contundente contra el gobierno de Maduro.
Aunque la propuesta cuenta con el respaldo de varios legisladores republicanos, su aprobación dependerá de las discusiones en ambas cámaras del Congreso. La medida destaca la voluntad del legislativo estadounidense de continuar presionando al régimen chavista mientras aboga por soluciones democráticas para la crisis en Venezuela.
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