Deportaciones, traslados y derechos humanos
La violencia ejercida desde el poder por Maduro y sus secuaces, la miseria que se traduce en una auténtica crisis humanitaria y, en fin, las circunstancias que impiden vivir en forma segura y digna, nos han obligado a dejar el país y somos millones los que estamos afuera, la mayoría en condiciones difíciles no sólo económicas, sino legales, más ahora, después de que la nueva administración de Estados Unidos ha decidido reorganizar la migración y adoptar políticas que han generado una enorme preocupación entre los extranjeros residentes legales o en situación irregular en ese país.
Es bien sabido que los Estados tienen la facultad de regular el ingreso, la permanencia y la expulsión de extranjeros, pero todas las políticas y acciones que se adopten deben ser respetuosas del derecho internacional que, vale precisar, es superior al orden jurídico interno, incluso de carácter constitucional. Las normas de protección de derechos humanos, inderogables, superiores e imperativas o de jus cogens, conforman el orden público internacional que todos los Estados deben respetar.
Los venezolanos somos millones y la inmensa mayoría gente buena, educada, honesta, trabajadora, que ha salido para encontrar una nueva forma de vida, insertándose en la sociedad que los acoge. Al lado de esa inmensa mayoría y como parte de una política del régimen tiránico de Maduro-Cabello, un grupo importante y criminal, salido de las cárceles venezolanas y de las organizaciones criminales nacionales, se coló en la corriente migratoria sana para cometer delitos y crímenes y sobre todo para buscar desestabilizar a las democracias, más, como lo hemos visto, de Estados Unidos, que le ha declarado enemigo en una guerra hibrida de nuestros tiempos, según afirmaciones del gobierno estadounidense.
Este grupo de delincuentes protegidos y aupados desde Caracas por Maduro y Cabello ha cometido crímenes horrendos en el exterior, en Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos principalmente, en donde se mezclan con las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico e incluso más allá, al terrorismo o a grupos desestabilizadores. Es decir, estamos ante grupos de delincuentes que actúan con fines políticos, inundando de droga y creando el caos en otros países, Estados Unidos uno de los objetivos principales.
Ahora bien, ante esta situación el gobierno de Estados Unidos ha decido iniciar una lucha en un marco bélico como lo han dicho, aplicando incluso una Ley de 1798 que permite la expulsión de “enemigos”, un instrumento de aplicación cuestionable, en primer lugar, porque la “guerra” a la que se refiere, pese a la amenaza de la banda criminal y de un gobierno extranjero, no sería una guerra en el sentido a la que se refiere la misma; y, en segundo lugar, porque en todo caso, dicha Ley estaría superada por normas que han surgido en el tiempo y que se han aceptado como jurídicas y vinculantes, cuya interpretación debe favorecer siempre a la persona.
Así, sin procesos e incluso entre dudas, se envían a otros países grupos de venezolanos presuntamente miembros del Tren de Aragua, la organización criminal más temida del mundo hoy en día, lo que ha generado reacciones diversas sobre todo en el marco de los derechos humanos sobre lo cual debemos reflexionar para mostrar que ese grupo no es para nada representativo de la venezolanidad.
Debemos recordar que la expulsión colectiva de extranjeros está prohibida por el derecho internacional. Además, la expulsión de extranjeros no puede ser arbitraria, es decir, sin fundamento alguno; por el contrario, ella debe basarse en un proceso y en decisiones administrativas o judiciales ajustadas a derecho. Los detenidos y expulsados, trasladados o repatriados deben ser objeto en consecuencia de un proceso justo, independientemente de la acusación que sobre ellos se haya iniciado e incluso de su responsabilidad individual. Los derechos humanos deben respetarse, lo que no quiere decir y de allí las especulaciones políticas de algunos, que pretenden confundir y sacar provecho de esta situación que afecta a tantos compatriotas, que se defienda a los delincuentes contratados desde Miraflores para crear el caos en otros países. Estos criminales deben ser procesados y condenados por sus actos, por el terror que han causado, pero nada de eso impide que se les juzgue justamente y con las garantías del proceso. No hacerlo así generaría problemas distintos y quizás hasta más graves, además, establecería un precedente que destruye o al menos debilita el sistema de protección de los derechos humanos y abriría espacio para que cualquiera en el mundo actúe de la misma forma.
Hay que estar claros en este tema y no jugar a las coincidencias con un régimen que ahora pretende defender a sus víctimas. No se trata de ignorar los abusos y excesos de la administración estadounidense, si no de proteger los derechos de los venezolanos en el exterior, en su inmensa mayoría, insisto, personas honestas y trabajadoras.
La tiranía trata de caricaturizar esta realidad y se asoma ahora para “proteger” a los venezolanos que han huido de su persecución y de la crisis que ha creado, exigiendo cínicamente el respeto del debido proceso, de los traslados y desapariciones forzadas, de la defensa, en fin, de los derechos humanos, los mismos que han negado y siguen negando como política sistemática criminal. Hay opinadores y conductores de programas aliados directa o indirectamente al régimen que jugando con las expresiones y tratando ahora de favorecer a la tiranía reclaman “solidaridad” con los venezolanos víctimas de “persecución” en otros países, la que no tienen ni han tenido con los más de 1.500 presos políticos y torturados que hay en las cárceles del terror en el país, opinadores que tratan de confundir y mostrar las “bondades” del régimen que asume la “defensa” de sus propias víctimas, tan impensable como absurdo.
La solución de la grave situación que atraviesan los venezolanos no depende de políticas migratorias de otros países, si no del fin de la tiranía. La causa de la migración es una sola y lo seguirá siendo mientras el grupo delictivo que presiden Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez siga secuestrando al país como lo han hecho hasta ahora.
No habrá paz ni estabilidad regionales, tampoco seguridad en el hemisferio, mientras estos criminales sigan en el poder y continúen desafiando a la comunidad internacional.
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