"Esa mirada es el dolor más grande de mi vida, porque es como un grito de auxilio de mi hijo", lamenta Mercedes Yamarte, quien identificó a su hijo, Mervin, en un video publicado por un noticiario estadounidense sobre la llegada de 238 venezolanos deportados a El Salvador.
Ahí, a través de una pantalla y en medio de lágrimas, es que Mercedes vio a su hijo por primera vez después de días de desconocer sobre su paradero.
Con la cabeza rapada y la mirada al suelo, Mervin fue ingresado dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña a donde Washington lo envío por presuntamente ser miembro del grupo delincuencial venezolano Tren de Aragua.
Otra de las personas deportadas, Jhon Cachín, es tatuador de profesión. Su hermana, Yuliana, defiende que él no tiene antecedentes penales ni un historial criminal de ningún tipo. Afirma que su pecado fue precisamente su pasión profesional: los tatuajes.
"Decían que pertenecía a una banda criminal por tener tantos tatuajes", compartió Yuliana para la agencia AFP, detallando la naturaleza de esas marcas de su hermano en la piel: una flor, el nombre de sus padres e hijos, un búho, unas calaveras y un reloj.
En medio del presunto perfilamiento físico realizado por Washington para discernir quién si y quién no pertenece al Tren de Aragua, las familias de los deportados comparten el sentir de incertidumbre y agobio por el desconocimiento, ya que, desde que se materializó la deportación, muchos no han vuelto a saber de sus hijos, hermanos, padres o amigos.
"Me enteré de que mi hijo había dicho: 'Nos van a mandar para Venezuela, pero yo estoy seguro de que no vamos para Venezuela, porque yo no he firmado ninguna deportación'. Es por ello que yo estoy seguro que a él me lo mandaron para allá (a El Salvador)", explicó a EFE Nelson Mendoza, padre de Jean Claude – otro de los posibles venezolanos deportados –, añadiendo que su hijo esperaba por su proceso de asilo en Estados Unidos cuando fue expulsado.
"Los nazis recibieron mejor trato"
La Administración de Donald Trump se amparó en la Ley de Enemigos Extranjeros – reglamentación nacida en el siglo XVIII durante los tiempos de guerra – para materializar las deportaciones en rumbo a El Salvador, después de que semanas antes Washington llegara a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para utilizar el Cecot para encarcelar criminales, o presuntos criminales, deportados.
Empero, las cortes estadounidenses ya han cuestionado el movimiento del líder republicano. El 15 de marzo, un juez de distrito en Washington impuso un bloqueo de dos semanas en contra de las expulsiones, argumentando la ilegalidad de su naturaleza y el poco tiempo que le daba a los afectados para apelar.
La Administración Trump apeló la decisión. Durante la audiencia de apelación, la jueza de circuito, Patricia Millet, comparó el trato recibido por los ciudadanos venezolanos con el que recibieron los nazis, subrayando el pobre actuar de las autoridades migratorias en el trámite de las expulsiones.
"Los nazis recibieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de lo que ha sucedido aquí", sentenció Millett, que es parte del panel de jueces que decidirán sobre la apelación del Gobierno. El Tribunal no ha dado fecha sobre su decisión.
Las crudas experiencias narradas por los familiares de las personas víctimas de las deportaciones se suman a los cuestionamientos de la Justicia estadounidense.
El caso de un cantante deportado: "Esto es ilegal, es un secuestro"
Uno de los casos más sonados es el de Arturo Suárez Trejo, un cantante venezolano de 33 años que estuvo entre los más de 200 deportados en rumbo al Cecot, a pesar de residir en Estados Unidos en búsqueda de más oportunidades en la música, según contó su esposa, Nathalí Sánchez.
Sin derecho a fianza ni a la salida voluntaria del país, Suárez fue arrestado mientras grababa un video musical, según explicó Sánchez a la cadena estadounidense CNN. A pesar de no tener antecedentes legales, las autoridades migratorias lo recluyeron en un centro de detención donde esperaba su regreso a Venezuela; su destino finalmente, fue El Salvador.
"Esto es ilegal, es un secuestro (…) Lo trataban mal, le rompieron los lentes. Lloraba mucho, estuvo con fiebre, tosiendo sangre. Yo tenía comunicación con él por una aplicación", reclamó Sánchez.
La Corte Suprema de El Salvador analiza el caso
Al igual que los tribunales estadounidenses, la Corte Suprema salvadoreña dirimirá sobre la legalidad de las deportaciones en rumbo al país, después de que un bufete de abogados presentara una demanda ante el máximo órgano judicial, representando a 30 personas venezolanas encarceladas en el Cecot.
La querella cuestiona la legalidad de su detención y los señalamientos de las autoridades por ser presuntamente miembros del Tren de Aragua.
"Estamos exigiendo primero que sean liberados inmediatamente, y en su defecto, que haya un traslado y repatriación ordenada y sistemática como lo exigen nuestras leyes migratorias", subrayó Jaime Ortega, abogado del caso, para medios locales a las afueras del Tribunal.
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La demanda llega días después de que el Gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro criticara las expulsiones, además de adelantar que contratarían un bufete de abogados en el país para intentar sacar a sus connacionales del monstruoso centro de detención. Ortega confirmó que representa a las personas detenidas a petición de Caracas y un grupo de familias.
Aunque el caso va a ser analizado por jueces afines a Bukele, las familias de los venezolanos encarcelados se encuentran expectantes a la respuesta de los sistemas judiciales en ambos países, pidiendo también respuestas a ambos presidentes.
"Le pido al presidente Nayib Bukele, le pido a Donald Trump que aclare esta situación con todos los venezolanos", mencionó Gladys Coromoto Rojas, abuela de otro de los detenidos, durante una manifestación por su libertad en Caracas, el pasado 19 de marzo.
Con EFE, Reuters y medios locales
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