Llevan CUATRO meses sin saber de él: familia denuncia presunta «detención arbitraria» de funcionario del CNE
La familia solo sabe que estuvo en la DGCIM y que posteriormente se lo llevaron a El Rodeo I, para luego enterarse de que habría sido imputado por traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir
A través de la ONG Provea, se denunció la «presunta desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la DGCIM contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE».
La organización publicó en sus redes sociales un video con la denuncia de la familia de Maíz Nadales, cuyos miembros informaron que «el 27 de noviembre de 2024, Albert fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación».
Destaca que, «desde entonces, su familia perdió todo contacto»-
Su hija, Bianggi Maíz, detalla que fue trasladado por funcionarios del DGCIM.
Días después, en la sede de Boleíta, les confirmaron que estaba detenido allí y les permitieron entregarle medicamentos, ya que Albert es paciente bariátrico, hipertenso y con tensión ocular.
Pero el 16 de diciembre, al regresar a la sede del DGCIM, les informaron que ya no se encontraba en el lugar.
Desde entonces, han recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información. En el Rodeo I, incluso les impidieron preguntar.
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Imputado
El 20 de marzo, se enteraron extraoficialmente que fue presentado ante el Tribunal 2.º de Terrorismo y acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. No se les permitió designar un abogado privado.
El defensor público asignado no ha brindado información, y se les niega el contacto con Albert, incluso para hacerle llegar sus medicinas.
Provea señala recuerda que «la desaparición forzada está prohibida por la Constitución de Venezuela».
Agrega que «ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas».
Asimismo, «el artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar su abogado de confianza y conocer las razones de su detención».
La ONG señala que los familiares han introducido demandas al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y un Habeas Corpus al TSJ, pero no han tenido respuesta.
Provea exigió «su liberación, el respeto al debido proceso y que pueda recibir tratamiento médico adecuado».
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) April 1, 2025
4 MESES SIN CONOCER SU PARADERO
FAMILIARES DENUNCIAN LA PRESUNTA DESAPARICIÓN FORZADA Y DETENCIÓN ARBITRARIA CONTRA ALBERT MARTÍN MAÍZ NADALES, FUNCIONARIO DEL CNE. DESDE SU CITA EL 27NOV DE 2024, SU FAMILIA NO HA TENIDO CONTACTO CON ÉL@_PROVEA PIC.TWITTER.COM/XOJC6ZD2UP
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