Provea denunció la desaparición de Albert Maíz, funcionario del CNE: los detalles
La organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el martes 1° de abril la desaparición de Albert Maíz, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Bianggi Maíz, hija del funcionario del Poder Electoral, expresó desde la sede de Provea que la situación de su padre es una “desaparición forzada” y una “detención arbitraria” realizada por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
De acuerdo con la información, Maíz fue detenido en noviembre de 2024 y posteriormente trasladado a varias sedes de reclusión en el país, incluida la sede del DGCIM en Boleíta. Sin embargo, actualmente sus familiares desconocen su paradero.
Recibimos denuncia de presunta desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la DGCIM contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE.
— PROVEA (@_Provea) April 1, 2025
El 27 de noviembre 2024, Albert fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la… pic.twitter.com/0PZwNs6VYN
Detalles de la detención de Albert Maíz
La hija de Albert Maíz explicó que su padre fue citado a una reunión de trabajo en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Ese mismo día, Maíz fue detenido por funcionarios de la DGCIM.
“Desde entonces, la familia de Alberto Maíz perdió todo contacto”, aseguró Provea en la denuncia a través de su cuenta de X.
Bianggi Maíz detalló que días después de la detención, su padre fue trasladado a la sede del cuerpo de seguridad en Boleíta, municipio Sucre (Miranda), lugar al que les permitieron llevar sus medicamentos, debido a que es paciente bariátrico, hipertenso y con tensión ocular.
Tras un mes y medio de la detención, los funcionarios le informaron a la familia de Maíz el 16 de diciembre de 2024 que el detenido había sido trasladado de lugar sin especificar el nuevo sitio de reclusión.
“Hemos recorrido varios centros de reclusión sin obtener información”, aseguró Bianggi Maíz en un video publicado por Provea.
Albert Maíz fue presuntamente acusado de terrorismo
En la denuncia hecha por los familiares de Maíz, su hija advirtió que el funcionario habría sido supuestamente presentado el 20 de marzo de 2025 ante el Tribunal 2° de Terrorismo, donde fue presuntamente señalado por los delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Ante esto, Bianggi Maíz denunció que a su padre aún no se le ha permitido la designación de un abogado privado; así como tampoco han permitido el ingreso de su tratamiento médico.
“La desaparición forzada está prohibida por la Constitución de Venezuela. Ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”, advirtió Provea.
Asimismo, la organización citó el artículo 44 de la Constitución de Venezuela, el cual destaca la garantía al derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar su abogado de confianza y conocer las razones de su detención.
Por esta razón, los familiares de Maíz introdujeron demandas ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hasta el momento, no han recibido respuesta de ninguno de los organismos.
Presos políticos en Venezuela
Actualmente, en Venezuela hay 901 personas detenidas por razones políticas, de acuerdo con el más reciente informe de la ONG Foro Penal.
La información, que fue publicada el 27 de marzo en la cuenta de X de Foro Penal, detalla que entre los detenidos hay 813 hombres y 88 mujeres, y entre ellos cinco adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.
En relación con su estatus, se supo que 734 son civiles y 167 militares. Sumado a esto, la ONG indicó que desconoce el paradero de al menos 59 personas.
Foro Penal destacó que entre 2014 hasta el 24 de marzo de 2025, se registraron 18.320 detenciones por razones políticas en Venezuela; 14 mil de estos casos recibieron asistencia de la organización.
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